Informe CED: cuidadoso en la forma, contundente en el fondo

“No trata sobre desapariciones en general, sino sobre desapariciones forzadas, es decir, aquellas en las que existe participación, autorización, apoyo o aquiescencia del Estado”, sostuvo el diputado federal por el PAN, Ernesto Sánchez Rodríguez.

La anterior declaración se enmarca en el informe del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU y la insistencia de la presidenta Claudia Sheinbaum de que en México ya no ocurren desapariciones forzadas perpetradas por el Estado mexicano.

El legislador detalló que el punto de quiebre en este tema fue la decisión del Comité de activar el artículo 34 de la Convención Internacional, mecanismo excepcional reservado para situaciones con indicios de desaparición forzada generalizada o sistemática.

Bajo ese artículo, precisó, el Comité solicitó al secretario general de la ONU llevar el caso mexicano ante la Asamblea General, decisión inusual que no busca fincar responsabilidades penales individuales, sino alertar a la comunidad internacional y abrir la puerta a la cooperación técnica, asistencia especializada y presión diplomática.

“Una desaparición puede ser cometida por particulares, por ejemplo, por grupos del crimen organizado sin intervención del Estado. En cambio, una desaparición forzada implica necesariamente algún grado de participación gubernamental, ya sea directa o indirecta: ejecución, autorización, colaboración, encubrimiento o tolerancia”.

Destacó que el Comité fue cuidadoso en la forma, pero contundente en el fondo. “No afirmó que exista una política federal deliberada para desaparecer personas, pero lo que sí estableció es que hay patrones reiterados de desapariciones cometidas por grupos criminales con participación, apoyo o aquiescencia de agentes del Estado en distintos niveles”.

Sánchez Rodríguez insistió en que el informe refleja la dimensión de la crisis, ya que retoma el registro nacional, documenta más de cuatro mil 500 fosas clandestinas, más de seis mil 200 cuerpos y alrededor de cuatro mil 600 restos recuperados, además de unos 72 mil restos humanos sin identificar en servicios forenses.

“Organizaciones nacionales e internacionales respaldaron al Comité y criticaron la respuesta del gobierno. El Centro Prodh, el Sistema Universitario Jesuita y la CEPAD señalaron que la postura oficial reproduce un patrón de negación frente a organismos internacionales y no corresponde a la gravedad de la crisis”.

Por último, destacó que Acción Nacional, junto con diversos colectivos, plantea fortalecer las capacidades mediante cooperación internacional en búsqueda, análisis forense e investigación, así como mecanismos eficaces para esclarecer la verdad, romper redes de impunidad y proteger a familias.