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Por Eloísa Talavera Hernández.
México es señalado por la comunidad internacional como un país donde la corrupción se ha enquistado en todas las áreas productivas. Una familia gasta en promedio uno de cuatro pesos en actos de corrupción sólo para pagar trámites y servicios cotidianos, y donde además el propio Presidente de la República y su círculo cercano de colaboradores han sido señalados de beneficiar y beneficiarse de contratos públicos, que son todo menos abiertos y transparentes.
Paradójicamente también es un país donde el combate a la opacidad avanza de forma muy lenta, frenada principalmente por la misma clase gobernante que se incomoda con la simple idea de ser sujeta del escrutinio público. Es por ello, que la sociedad civil y algunas fuerzas políticas de oposición han encabezado la lucha por detener la creciente corrupción que afecta el desarrollo nacional y genera ganancias y dividendos para unos cuantos.
El PAN se comprometió, como resultado de su participación en el Pacto por México, a avanzar en la ruta de crear un verdadero Sistema Nacional Anticorrupción, que más que encumbrar la figura de un “zar anticorrupción” omnipresente, fortaleciera a las instituciones y los organismos de control y sanción ya existentes en México.
En noviembre de 2014, el PAN presentó, a la par de otras fuerzas políticas, su propuesta para crear el Sistema Nacional Anticorrupción como la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.
Para avanzar en este objetivo se facultó al Congreso de la Unión para que en un plazo no menor a un año expidiera dos leyes: una ley general que establezca las bases de coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción, la cual establecerá el procedimiento para la elección de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, las atribuciones del Comité Coordinador.
Y una ley general de responsabilidades administrativas, la cual establecerá también los procedimientos de investigación y sanción de las mismas, y los medios de impugnación contra las resoluciones de los Órganos Internos de Control.
Asimismo, tendría que actualizar diversas leyes para fortalecer los mecanismos de revisión, fiscalización y auditoría del gasto del dinero público, así como los órganos encargados de sancionar a los servidores públicos y ciudadanos en general que participaran en la comisión de delitos relacionados a la corrupción.
Se determinó que el Senado de la República sería cámara de origen de la reforma y creación de las leyes necesarias para apuntalar el Sistema Nacional Anticorrupción. En general, los legisladores aceptaron la participación de la sociedad civil para unir esfuerzos en la elaboración de los engranajes que moverían los mecanismos necesarios para combatir la corrupción.
En la mesa de discusión se presentaron siete propuestas legislativas que conforman un piso mínimo para integrar el Sistema Nacional Anticorrupción, el cual se verá fortalecido con reformas posteriores a otras normas.
<strong>Sistema de siete leyes:</strong>
<ol>
<li>Iniciativa para expedir la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, de observancia general en todo el país.</li>
<li>Iniciativa para expedir la Ley General de Combate a la Corrupción y Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.</li>
<li>Iniciativa para expedir la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.</li>
<li>Iniciativa que reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.</li>
<li>Iniciativa que expide la Ley General de Fiscalización y Rendición de Cuentas y abroga la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación vigente.</li>
<li>Iniciativa para expedir la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.</li>
<li>Iniciativa Ciudadana de Ley General de Responsabilidades Administrativas (Ley 3 de 3 contra la corrupción).</li>
</ol>
No obstante la importancia de crear el Sistema Nacional Anticorrupción las propuestas para integrarlo se mantienes estancadas en el Senado de la República, principalmente por la reticencia de los senadores de las bancadas de los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, que en términos generales representan los intereses del Gobierno federal.
Dos de las siete leyes en cuestión son las que causan más resquemor entre priistas, pevemistas y algunos políticos de distintas fuerzas políticas: la primera es la creación de la Fiscalía Especializada con independencia técnica y operativa para perseguir delitos de corrupción, lo cual incluye la posibilidad de que el nombramiento del fiscal especial no dependa únicamente del Fiscal General, es decir, del Presidente de la República.
La segunda es la obligación de la publicidad de las declaraciones de bienes y de intereses, no sólo para servidores públicos, sino también para cónyuges y dependientes económicos, así como familiares hasta en cuarto grado.
Fue la incomodidad que causaron estos puntos en las propuestas, por lo que los prisitas decidieron frenar la dictaminación del Sistema Nacional Anticorrupción, aunque eso significara ceder a la aprobación del Mando Único policiaco, pues tanto el PAN como el PRD en el Senado habían condicionado la aprobación de la segunda mientras que no se resolvieran los temas relacionados con el combate a la opacidad.
A pesar del apoyo de más de 600 mil ciudadanos que firmaron de forma voluntaria la petición para incluir la Ley 3 de 3 en el Sistema Nacional Anticorrupción, firmas cotejadas y validadas por el INE, el periodo ordinario de sesiones en el Senado de la República terminó el pasado 30 de abril, sin que las comisiones dictaminadoras se hayan reunido para avanzar en el Sistema Nacional Anticorrupción.
Ante la intentona del PRI–Verde de debilitar la propuesta original quitándole contundencia y de no permitir el avance del Sistema Nacional Anticorrupción en un eventual periodo extraordinario, el PAN fijó como postura irreductible en torno a las leyes reglamentarias del sistema anticorrupción, la obligación de todo servidor público federal, estatal o municipal a transparentar por completo sus declaraciones patrimoniales, fiscal y de intereses.
Es un sistema que funciona integralmente y todavía es alta la posibilidad de que se abra un periodo extraordinario para sacar adelante el sistema de rendición de cuentas y combate a la corrupción más ambicioso en la historia del país.
<strong>Eloísa Talavera Hernández</strong> es Diputada Federal por Baja California en la LXIII Legislatura. Twitter: @eloisatalavera<br><br>https://revistalanacion.com/noticia/sistema-nacional-anticorrupcion-2/2016-05-20)
