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Por Javier Brown César.
En el ya no tan lejano año 2027 se conmemorará el centenario de la publicación del vital ensayo <em>1915</em>, terminado por Manuel Gómez Morin en 1926. Ya desde ese entonces, el fundador de Acción Nacional señalaba, con acertado diagnóstico, la doble vía que impera al día de hoy: un sistema político en el que la impunidad es garantía de enriquecimiento de unos pocos a costa del erario público y una dinámica económica que reproduce las desigualdades, generando ganancias demenciales para unos pocos y miseria lacerante para las mayorías.
Para Gómez Morin era imperativo hacer frente a todo aquello que fuera causa del dolor humano que, con medios políticos, se puede y debe evitar, ya que: “Mientras los hombres consuman lo mejor de su vida y de su energía en librarse de los más bajos dolores –de la miseria, de la opresión-, será imposible que logren alcanzar propósitos superiores e ideales más altos”. La peor injusticia es la causada por las malas decisiones o por las omisiones de una clase gobernante indolente, que le da la espalda al dolor humano, a la vez que alimenta su soberbia y sus bolsillos a costa de la ruina de la nación.
En nuestro país, cerca de la mitad de las personas se van a dormir todos los días con la sensación del hambre punzando sus vidas, mientras que una muy pequeña parte de la población padece indigestión consuetudinaria por exceso de comida. Nuestro sistema político se alimenta de desigualdades: son necesarias para que unos pocos vivan en la opulencia, extrayendo pingües rentas de un Estado, generoso para algunos y avaro para muchos; las desigualdades mantienen las redes clientelares basadas en la dádiva ocasional, que se activa en épocas electorales, para nutrir al gran monstruo que devora la dignidad humana puesta en bandeja de plata por causa del hambre diaria.
Las largas marchas de hambre que antes se daban desde todos los rincones más remotos del país hacia el centro de la República, causadas por las malas decisiones políticas, han cedido su lugar al negocio: la marcha, el plantón, la manifestación y otras formas de protesta gestionadas exitosamente, empresarialmente, por quienes lucran con las necesidades y esperanzas para lograr objetivos inconfesables, mezquinos.
Es moralmente inexplicable y aberrante que al lado de grandes viviendas custodiadas por guardias personales y resguardadas por altos muros, encontremos casas levantadas de forma improvisada, en las que viven familias hacinadas, que no tienen otra esperanza que la de poder comer al día siguiente; es moralmente injustificable que se celebren fiestas ostentosas en las que se derrama champaña en el piso a la vez que niñas y niños tienen que soportar el flagelo de gargantas resecas a las que no llega ni siquiera la propia saliva.
En contraste con los palacetes de muchas autoridades, cómodos y dotados de todos los servicios y aplicaciones tecnológicas, encontramos las pequeñas chozas improvisadas, que ceden al primer fenómeno meteorológico que sus habitantes no pueden predecir. ¿Qué distingue al presidente de un país como el nuestro del más pobre de los pobres? Que uno es el servidor del otro: el presidente debería estar al servicio de quienes más padecen y no de una clase privilegiada, obesa, pretensiosa y ampulosa, que ostenta autos blindados que soportan mejor una tormenta, un sismo o un huracán, que las endebles casas de millones de personas que viven en la más absoluta indefensión ante un Estado extractivo y clientelar, y ante una naturaleza impredecible y a veces mortífera en sus efectos.
La lucha contra la desigualdad, producida por el propio sistema político, demanda acciones contundentes en todos los ámbitos de actuación del Estado, y un auténtico giro copernicano de nuestra política social, que suele producir más pobres, aumentar las brechas entre “clases” y mermar las posibilidades de millones de personas. Mientras una parte del país duerma con hambre y la otra lo haga con indigestión, no se podrá hablar del fin de la desigualdad.
Hoy se habla de libertades y derechos, así como de lo políticamente correcto, pero se olvida el hecho de que no puede haber libertad sin justicia, ya que a decir de Carlos Díaz, antes de la libertad está la justicia: “no se puede ser libre injustamente”. De ahí la prioridad absoluta de la justicia sobre cualquier esquema que pretenda ampliar los derechos, y que en el fondo implica un lavado de conciencia ante los reiterados fracasos del Estado para hacer frente al dolor que producen la miseria económica y la opresión política.
Iguales en dignidad, pero sujetos a un desorden político que produce desigualdades extremas, insostenibles y criminales, los mexicanos padecemos un modelo de desarrollo equivocado y contrario a la dignidad humana, que se basa en la prosperidad de los pocos a costa de la miseria de los muchos. Si no hacemos algo hoy para paliar las desigualdades presentes difícilmente habrá un mañana más seguro. No podremos avanzar en lo interior mientras no demos los pasos necesarios para transitar a un nuevo modelo de desarrollo que no se base en la explotación de inocentes, que compita en los mercados internacionales sin prácticas desleales ni abuso de la fuerza de trabajo en muchas ocasiones infantil, que limite el consumo de lo superfluo para la vida, y estimule la adquisición de lo que es verdaderamente indispensable para lograr el pleno desarrollo de las personas y de las comunidades.
Cuando se asuma la política como el deber ineludible de remediar males, de evitar el dolor que se puede evitar, se la elevará a noble actividad espiritual, con un fin superior, guiada por valores y principios firmes, al servicio de la persona humana, de cada persona humana, y principalmente de quienes han padecido y padecen de injusticias que se pueden y deben evitar y que han esperado largo tiempo para ver realizados los imperativos de justicia social.
Hoy nuestra democracia está enferma, profundamente enferma y en agonía: el diagnóstico no se debe limitar a las instituciones, debe comprender de forma principal el resquebrajado tejido social por obra de desigualdades que a todos deberían ofender e indignar, pero que preferimos obviar, limpiando nuestras culpas en la aséptica lavandería del lenguaje políticamente correcto: hablamos de personas adultas mayores para tratar de ocultar el hecho de que los ancianos padecen olvido, discriminación y segregación, pero por más que dulcifiquemos el lenguaje, la realidad es demasiado brutal como para seguir indiferentes ante tanto dolor.
Si no actuamos hoy, no tendremos democracia, sino un autoritarismo que reproducirá y gestionará desigualdades convenientes, ya que como afirma Carlos Díaz: “Mala señal de salud democrática es que los ricos se enriquecen más mientras los pobres son empobrecidos más… Una sociedad democrática basada sobre la injusticia es una oligarquía real necesitada de una demagogia fáctica”.
<strong>Twitter: @JavierBrownC</strong><br><br>https://revistalanacion.com/noticia/desigualdad/2018-03-21)
