Desde los primeros días de la administración de López Obrador se hizo evidente, y así lo señalé en los espacios de opinión en los que colaboro, que una de las características más evidentes del gobierno era que las decisiones clave del proyecto se tomaban sin planeación y sin reflexión, pues solamente se improvisaba.

Para entender estas acciones, muchas de las cuales tuvieron un grave impacto en la vida diaria de las personas e incluso causaron muertes, se adujo que el presidente estaba mandando mensajes de los puntos finos de su plan de gobierno y estaba en la fase inicial de una estrategia de desmantelamiento del sistema anterior.

Estoy convencido que el daño causado a madres trabajadoras, a usuarios del sector salud gravemente enfermos, a millones de trabajadores de la industria turística, entre otros, no puede ser justificado de ninguna manera y con ningún argumento y, por lo tanto, no eximen al presidente de la República de la responsabilidad política, moral y eventualmente jurídica que pesa sobre los hombros del jefe del Ejecutivo.

Pero en aquéllos primeros días del gobierno nos manteníamos a la expectativa de la ruta que seguiría la administración y observábamos el caos que estaba creando el presidente imaginando que existía alguna ruta -que esperábamos coherente- en desarrollo.

Hoy podemos estar seguros que el Presidente de México sólo tenía claro un objetivo consistente en el desmantelamiento de todas las instituciones que, en su imaginación, significaran una molestia, un obstáculo, un impedimento o un freno para sus deseos.

Vimos cómo canceló proyectos de infraestructura y los sustituyó por caprichos sin cumplir con los sustentos técnicos mínimos para confiar en que tendrán un impacto relevante en el bienestar de la población; así lo vimos desmantelar toda la infraestructura y logística de los suministros médicos sin tener una alternativa eficaz para sustituirla hasta el ridículo de prometer cambiarse el nombre.

A tres años de gobierno era inevitable que una administración basada en la voluntad impetuosa del caudillo, pero sin soporte en la inteligencia acabara construyendo el escenario en el que se mueve la vida pública en México.

De manera sorprendente, a la mitad del camino no se está discutiendo el avance logrado ni las capacidades para concluir la obra en la segunda parte del sexenio. No se están analizando éxitos y fracasos, ni escuchando razones para mantener o cambiar el rumbo.

En cambio, lo que prevalece en la discusión pública es un aguerrido e irracional conflicto en contra de la inteligencia que llega a su punto más alto con las descalificaciones a la UNAM y el desastroso y escandaloso asunto del CIDE, acompañado del decreto presidencial más aberrante que se ha dictado en la administración para desincentivar la transparencia y provocar la corrupción.

Al estilo del famoso personaje interpretado por Damián Alcázar en La Ley de Herodes, el presidente asumió que la Constitución es el mayor y más innecesario de los estorbos a su magna obra y, lleno de optimismo, decidió eliminarla.

Con su sonoro decretazo, el presidente pretende no sólo simplificar y agilizar los procesos de ejecución de sus obras clave para salvar la ineficiencia de sus colaboradores; no sólo eliminar las molestias gestiones y trámites burocráticos que garantizan seguridad, calidad, precios convenientes y respeto por los bienes públicos comprometidos sino, también, que los ciudadanos que sientan afectados sus Derechos Humanos y las garantías constitucionales eviten acudir en demanda de justicia para que las cosas mal hechas puedan mantenerse mal hechas.

Es icónico el poste de luz que en la película, Varguitas coloca en el centro de San Pedro de los Saguaros como la gran obra de infraestructura que llega al pueblo.

Como esa, toda obra ejecutada sin planeación, sin apego a la ley, sin controles democráticos y jurídicos, está condenada a ser inútil para la sociedad y a no aportar mejores condiciones para la generación de riqueza y bienestar; pero si el autor de esa obra tacha de un plumazo el respeto al orden jurídico con tal de salirse con la suya, entonces el daño no es sólo el gasto absurdo de una mala obra pública sino que el golpe es directo al corazón de las bases mínimas para la convivencia democrática.

En ese entorno, la estrategia presidencial es abrir un frente de guerra franco contra las instituciones de educación superior para hacer más ruido con los escándalos, acusaciones e imposiciones, que el que puede lograrse con la reflexión serena y razonada que debe salir de esos organismos.

El grito de desesperación del presidente que se refleja en el decretazo, encuentra su corolario en el ruido provocado con los ataques al CIDE y a la UNAM.

No tengo duda: la improvisación y los caprichos fueron la marca de un gobierno que no ha podido arrancar.

 

Humberto Aguilar Coronado es Diputado Federal en la LXV Legislatura de la Cámara baja.

Twitter: @Tigre_Aguilar_C