Una de las más añejas prácticas de la política mexicana es la de la cooptación: sumar a la nómina gubernamental al adversario político. El dictador Porfirio Díaz lo fraseaba así: “perro que ladra no muerde, pero perro que come, ni ladra ni muerde”. Alcaldes, gobernadores y presidentes que han buscado ejercer un poder casi total han recurrido a la cooptación como una estrategia para debilitar a la oposición y acrecentar su dominio.

Ahora vemos que aquel que tanto criticó las viejas mañas del pasado está acudiendo a ellas con religiosa puntualidad. Andrés Manuel López Obrador, temeroso de que los resultados electorales del pasado mes de junio sean el preámbulo de lo que pudiera ocurrir en 2024, ha decidido dividir a una oposición que, en inéditas circunstancias, decidió unirse para enfrentar más eficientemente el proceso de concentración que desde hace tres años padecemos.

Es así como el presidente de México ha invitado a su gobierno al gobernador priista de Sinaloa y al panista de Nayarit. Hace apenas unos días, al cuestionar un nombramiento para una agregaduría cultural en España, López Obrador decía que aquellos que no eran parte de su movimiento no podían tener cabida en el gobierno; ahora, con espectacular cinismo, asegura que la presencia de miembros de la oposición en su gobierno enriquece la pluralidad. Y anuncia que seguirán más “incorporaciones”. Sobra decir que esos nombramientos en ningún caso se han hecho con el aval del PRI ni del PAN.

Cada vez queda más claro que detrás de la llamada “Cuarta Transformación” no hay un verdadero proyecto ideológico. Mucho menos una visión de Estado. Hoy vemos solamente una amalgama de intereses donde convergen oportunismos de todo tipo con el simple objetivo de gozar de las mieles del poder. Y, en el caso del presidente, el objetivo es concentrar y acrecentar ese poder para instaurar un régimen autoritario en torno a su figura. Un régimen que incluso pueda trascender a su propio gobierno a través de interpósitas personas, una suerte de nuevo Maximato. En este proceso de radicalización, los opositores tienen dos caminos: o se suman al barco, o serán perseguidos sin piedad.

Por eso no es casualidad que al mismo tiempo que AMLO invita a destacados miembros de la oposición a su gobierno, persiga con particular saña a quienes han decidido señalar su deriva autoritaria, tal y como está ocurriendo con Ricardo Anaya. De manera grotesca, inventando pruebas y falseando documentos, la Fiscalía General de la República pide para el ex candidato presidencial opositor nada menos que treinta años de cárcel. El mensaje es claro: el que no se sume pagará las consecuencias.

Lo que vemos de fondo es, pues, la restauración del antiguo sistema posrevolucionario, el cual buscaba cooptar por todos los medios a los opositores, pero no dudaba en reprimir a los que no se dejaban. ¿Cómo fue derrotado ese viejo régimen? Con la movilización de la sociedad civil y la coordinación opositora. Una coordinación que no necesariamente implicó alianzas electorales –como ahora—pero sí ciertos propósitos comunes.

Hoy, nuevamente, se torna urgente esa coordinación y el acompañamiento de los grupos sociales: académicos, empresariales, intelectuales, periodísticos... López Obrador ya se ha percatado de que esa unidad puede ser letal a sus propósitos. Por eso quiere a toda costa destruirla, deshacerla, desmadrarla, como bien señaló Jesús Zambrano.

Y, ante esa realidad, toca a la oposición resistir. Las circunstancias del país no son, en lo absoluto, las propias de una democracia convencional, sino la de una transición forzada hacia un régimen dictatorial.

 

Fernando Rodríguez Doval es Secretario de Estudios y Análisis Estratégico del CEN del PAN.

Twitter: @ferdoval