Violencia feminicida en el Estado de México

Por Adriana Hinojosa. En el Estado de México de 2005 a 2014, de acuerdo con el informe del grupo de investigación y la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), se cometieron 933 feminicidios, se presentaron 4 mil 281 reportes de desaparición de mujeres, de las cuales 95 fueron encontradas asesinadas y mil 554 siguen desaparecidas, y se presentaron 26 mil 079 denuncias por violación. Según la PGJEM de enero de 2014 a septiembre de 2015 se registraron 504 asesinatos de mujeres. Debido a estas cifras, muchas organizaciones civiles, académicas y legisladoras solicitaron la Declaratoria de Alerta de Género para el Estado de México. Hay que destacar la férrea oposición por parte del entonces gobernador, Enrique Peña Nieto, para que la Alerta fuera declarada, oposición que posteriormente fue reiterada por el mandatario Eruviel Ávila Villegas, faltando así al compromiso de proteger la integridad de quienes gobiernan, debido al cálculo político que implica repetir hasta la saciedad que no pasa nada, haciendo caso omiso del dolor y la rabia de las madres e hijas de las mujeres asesinadas. Esto provocó que varias organizaciones civiles promotoras de la Alerta judicializaran el tema, logrando sentencia favorable, lo que obligó al Gobierno de la entidad a “solicitar” la declaratoria días antes de que se hiciera pública la sentencia. El 28 de julio de 2015, la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (AVGM), emitió la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género para 11 municipios del Estado de México: Chalco, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec de Morelos, Ixtapaluca, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Toluca, Tultitlán y Valle de Chalco Solidaridad, los cuales concentran los mayores índices de violencia feminicida. La Declaratoria de la AVGM establece diversas acciones en materia de seguridad, prevención y justicia que deben llevarse a cabo mayoritariamente por las instancias del Gobierno estatal, así como por los 11 municipios alertados, para poder enfrentar este estado de emergencia. Si bien la Declaratoria de Alerta ha obligado a hacer visible un gran problema de seguridad en el Estado de México y a que haya mayor coordinación entre las diferentes instancias de gobierno, hay aún mucho que hacer para lograr erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas en la entidad. El Presupuesto de Egresos del Gobierno del estado resulta vago en la asignación y disposición de recursos para la implementación de la AVGM. Por primera vez y gracias a la Fracción Parlamentaria del GPPAN, se asigna un recurso de 30 millones de pesos para la Alerta. Comparado con los 212 millones de pesos que el Gobierno destinará para “Comunicación Pública y Fortalecimiento Informativo” (propaganda gubernamental) este presupuesto resulta irrisorio. Los 30 millones asignados a la Alerta serán administrados por el Gobierno estatal y serán destinados principalmente para capacitación y difusión (posters y vinilonas). Adicionalmente, los municipios alertados no disponen de una matriz de indicadores de resultados para poder atender la declaratoria, es más, ningún municipio en el estado puede utilizar o reportar en su Presupuesto en Base a Resultados acciones para prevenir y erradicar la violencia de género, pues el Manual para la Planeación, Programación y Presupuesto Municipal 2017 (expedido por la Secretaría de Finanzas) no considera la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y los programas que atienden a la mujer son principalmente asistencialistas. En la estructura gubernamental, la instancia encargada de la atención a la mujer es un “Consejo” (el cual, además, atiende a las personas adultas mayores), que depende directamente de la Secretaría de Desarrollo Social. Los programas de este Consejo tienen entre sus principales funciones otorgar “apoyos monetarios vía transferencias” a las mujeres mexiquenses. Por otro lado, no podemos dejar de señalar la mala atención que reciben las mujeres cuando deciden presentar una denuncia; muchas veces las y los Ministerios Públicos sólo las atienden si presentan lesiones graves, minimizan delitos como el Acoso o el Abuso Sexual o revictimizan de tal forma a la persona, que la mujer muchas veces decide ya no continuar con su proceso. La falta de sensibilidad de quienes deben de representar a las mujeres es más que evidente. Y por supuesto está la impunidad en la administración de justicia: para finales de 2016 se tenían radicadas 49 carpetas de investigación por feminicidio, de las cuales 18 se encontraban judicializadas y sólo existen 6 sentencias condenatorias. En resumen, la seguridad de las mujeres mexiquenses sigue siendo discurso y no una realidad. El abandono y la indiferencia con que los gobiernos del PRI han abordado este tema por décadas no puede resolverse en año y medio; las organizaciones de activistas y muchas entidades educativas siguen reclamando al Gobernador políticas públicas que garanticen el acceso de las mujeres a la justicia, a la igualdad, a la salvaguarda y al ejercicio pleno de sus derechos humanos. La vida de las mujeres y su integridad no debe de considerarse como bandera política o mediática, debe de atenderse con toda responsabilidad y de fondo; mediante políticas reales de prevención, eliminando los altos índices de impunidad y brindando atención real, eficaz e inmediata para las víctimas y sus familias.   Adriana Hinojosa es Directora del Instituto de la Mujer en Naucalpan. Twitter: @adrihinojosac http://www.alertadegenero-edomex.com/ Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México para el Ejercicio Fiscal 2017. http://cemybs.edomex.gob.mx/apoyos_a_mujeres Datos de la Fiscalía Especial de Feminicidios (2016), dependiente de la FGJ del Estado de México.