Un fallo polémico  

Por Marco Antonio Adame Castillo. El fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la mariguana ha desatado un intenso debate sobre el uso de esta droga y sobre otros estupefacientes, de tal manera que el tema ha acaparado los titulares de los medios de comunicación y diversas organizaciones se han manifestado en favor y en contra, incluso sobre reaccionando o extralimitando el alcance del fallo en medio de una gran confusión. El Partido Acción Nacional ha expresado con toda responsabilidad y oportunidad su posición a través de su presidente Ricardo Anaya, luego de una primera revisión por parte de los integrantes de la Comisión Permanente. Nuestro Partido ha reconocido la importancia y delicadeza del tema, y ha manifestado su disposición para participar en un debate sereno y documentado sobre el uso de la mariguana y sobre la política nacional de drogas desde una perspectiva de salud pública, de prevención y control de adicciones, y de seguridad ciudadana. Es incuestionable que la mariguana es una droga que genera adicción y efectos nocivos para la salud, así lo define el Consejo Nacional contra las Adicciones (CONADIC), por lo mismo, no podemos trivializar el debate. En abono a la discusión seria de este tema y sus consecuencias para el país, comparto algunos elementos que estimo deben ser considerados. Esta droga obtenida de la planta Cannabis sativa usada como hierba, resina o aceite actúa a nivel central a través de su ingrediente activo (delta-9-tetrahidrocanabiol THC), estimulando los receptores de las neuronas para producir una sustancia química llamada dopamina. Por sus efectos se clasifica como un depresor que activa el Sistema de Gratificación del sistema nervioso central, produciendo un estado de euforia y relajación que altera la percepción sensorial, la capacidad de respuesta de los reflejos vitales y entorpece la coordinación y el equilibrio. Otras veces produce ansiedad, temor y pánico. En altas dosis genera psicosis aguda, alucinaciones, delirio y pérdida del sentido de identidad. Como es natural afecta el aprendizaje, la práctica de deportes y el manejo de vehículos. De acuerdo a su clasificación en el Grupo I de la tabla de substancias psicotrópicas incluida en el artículo 245 de la Ley General de Salud, este tipo de sustancias tienen un valor terapéutico escaso o nulo, son susceptibles de uso indebido y a generar un problema especialmente grave de salud pública. De acuerdo a la Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988, la mariguana debe ser regulada en su producción, venta, transporte y distribución. Dado que en México la Encuesta Nacional de Adicciones reporta que la mariguana es la sustancia ilegal de mayor consumo, con una prevalencia del 1.2 por ciento y especialmente creciente en los adolescentes, es necesario ser muy cuidadosos en la legislación y en las políticas de prevención y control, sin desconocer que con la reforma al artículo 479 de la Ley de General de Salud de 2009, se despenalizó la portación de cantidades para el auto consumo no mayores a 5 gramos de esta droga y mantiene la penalización sobre la venta e incluso el obsequio de la misma. Respecto a la relación de la penalización de la mariguana con la violencia y la inseguridad es necesario e indispensable, como lo sostiene Guillermo Valdés en su libro Historia del Narcotráfico en México, “avanzar más en la comprensión del fenómeno de la violencia asociada a la delincuencia organizada, cancelar visiones simplistas -que identifican una sola variable como causa de toda la violencia- para desentrañar su complejidad”. Y no olvidar los factores que identifica este autor como variables significativos para explicar este negocio extraordinariamente lucrativo y violento: el comportamiento del mercado ilegal de drogas, en constante evolución desde los años veinte del siglo pasado, en especial la relación entre demanda y oferta, y las ganancias estratosféricas que genera; la política de drogas de los Estados Unidos y de México en cuanto al combate a las organizaciones delictivas sin que se haya logrado reducir significativamente su influencia y poderío, que al contrario, se ha hecho global, y, finalmente, la debilidad institucional y la corrupción de las instancias de seguridad y justicia que existen en el país y que explica buena parte de la expansión del tráfico de drogas y de la violencia. Dado que el debate está abierto y apenas comienza, habrá que estar atentos a los diferentes puntos de vista y propuestas que se presenten, a fin de tener los elementos suficientes para las iniciativas de ley que seguramente estarán a consideración del Congreso. Por lo que se refiere a Acción Nacional, sus legisladores se han declarado listos para participar con la mayor responsabilidad y compromiso con el bien común, y con los derechos y deberes individuales y sociales, durante el proceso legislativo que se acuerde para atender esta demanda social.   Marco Antonio Adame Castillo es Coordinador de la Comisión de Relaciones Internacionales e  integrante de la Comisión Nacional Permanente del PAN y  Twitter: @MarcoAdame