¿Tercera fuga o extradición?

Redacción. La madrugada del viernes 8 de enero las fuerzas armadas de México capturaron a Joaquín “El Chapo” Guzmán, luego de implementar un operativo en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa. El narcotraficante más buscado del mundo escapó del Centro Federal de Readaptación Social número 1 del Altiplano, Estado de México, el pasado 11 de julio de 2015, siendo ésta su segunda fuga de un penal de máxima seguridad. Tras su recaptura, la pregunta que flota en el ambiente es si este delincuente debe ser extraditado a Estados Unidos. Las opiniones al respecto están divididas, ya que hay quienes consideran que Guzmán Loera debe pagar por sus crímenes en México, mientras que otro sector opina que debe ser llevado al país del norte para evitar que se fugue por tercera vez de una prisión mexicana. En ese sentido, el Coordinador del GPPAN en la Cámara de Diputados, Marko Cortés Mendoza, aseguró que el Gobierno federal debe aceptar y proceder a la extradición de “El Chapo” Guzmán, con el objetivo de que sea procesado también en los Estados Unidos. El diputado por el estado de Michoacán exigió además a las autoridades federales establecer las medidas de seguridad necesarias en El Altiplano para evitar una nueva fuga del líder del Cártel de Sinaloa. En días recientes, el personal del penal anunció nueve medidas para reforzar la seguridad, entre ellas están el cambio del sistema perimetral y dar mantenimiento a 234 cámaras de video vigilancia. Cortés Mendoza exigió también que se castigue a las autoridades del más alto nivel que facilitaron la segunda fuga del narcotraficante, ya que, dijo, hasta la fecha ningún funcionario relevante ha sido enjuiciado por facilitar el escape de una cárcel de máxima seguridad. Recordó que una de las preguntas parlamentarias que hicieron los diputados de Acción Nacional tras la fuga del capo tuvo que ver con los funcionarios responsables de la segunda fuga. Sin embargo, la respuesta del titular del Ejecutivo fue insuficiente. “En la respuesta del Presidente de la República enviada al Congreso de manera escueta se señala simplemente que la PGR consignó a las personas que se acredita su probable responsabilidad, pero omite informar qué autoridades estuvieron involucradas”. Mensaje de incapacidad Para la diputada albiazul, Arlette Muñoz Cervantes, el proceso de extradición de “El Chapo” Guzmán garantizaría que este criminal cumpliera una condena por sus delitos. Sin embargo, estimó que una decisión de esta naturaleza vulneraría la capacidad del Estado Mexicano para hacer justicia. Por este motivo, la legisladora por el estado de Aguascalientes estableció que la decisión debe ser tomada en coordinación con la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, ya que se trata de un asunto que ha rebasado la capacidad de las autoridades federales. “La extradición de Guzmán Loera es necesaria para evitar una posible tercer fuga, pero el mensaje que se enviaría con esta decisión es el de un Estado Mexicano que no tiene la capacidad para hacer que la justicia impere, para hacer que los criminales paguen por sus delitos en el país”, subrayó. Muñoz Cervantes señaló que lo ideal es que este criminal cumpla sus condenas en México y posteriormente sea entregado a las autoridades estadunidenses para que rinda cuentas por los delitos imputados en esa nación, tal y como sucedió con otros líderes de grupos criminales como Sandra Ávila Beltrán, Juan José Quintero Payán u Osiel Cárdenas Guillen. “Lo que esperamos los diputados federales del PAN es una decisión inteligente y consensuada por parte de los encargados de la seguridad nacional, que garantice que el criminal más peligroso de México cumpla una condena por sus delitos, pero que no vulnere la institucionalidad y la capacidad del Estado frente al crimen organizado”. El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Roberto Gil Zuarth, coincidió con la diputada Muñoz Cervantes al afirmar que “El Chapo” Guzmán debe responder ante la justicia mexicana antes de ser extraditado a Estados Unidos, y en juicio aclarar sus nexos y su responsabilidad criminal desplegada durante años. Proponen derogar Artículo 151 El miércoles 13 de enero, el GPPAN en San Lázaro presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la iniciativa para derogar el artículo 151 del Código Federal Penal e incluir ascendientes, descendientes o cónyuge para ser castigados por ley, cuando éstos hayan colaborado en la fuga de algún reo familiar de alguna prisión mexicana. El diputado Federico Döring Casar, Vicecoordinador de Debate en la Cámara de Diputados, explicó que la propuesta de reforma pretende evitar la participación de cualquier familiar en la fuga de un reo, y en caso de darse esta colaboración que el familiar asuma la responsabilidad de sus actos y sea castigado de acuerdo a la ley. “Es inadmisible que el artículo 151 deje en total impunidad a aquellos familiares de delincuentes que colaboran en la evasión de un delincuente. El Código Penal Federal establece una figura jurídica que se llama excluyente de responsabilidad y contempla que los familiares puedan, en algún momento, reservarse información para que éste no sea quien incrimine a otro familiar”, apuntó.