Rechaza PAN aprobación de paquetes de impunidad

Por Andrés Castro Cid. Con personas furibundas lanzando adoquines, piedras y botellas, además de fuertes jalones, fueron recibidos el Dirigente Nacional, Ricardo Anaya Cortés, el Presidente de la Comisión Estratégica Electoral, Santiago Creel Miranda, y el gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, durante una visita de trabajo a Xalapa. La escena era confusa, parecía todo menos el marco de una conferencia de prensa que ofrecería el Dirigente de Acción Nacional en la sede del Congreso del estado, para pedir a los legisladores honestos de esta entidad votar en contra del paquete de impunidad que impulsa Javier Duarte, el gobernador saliente. Lo anterior se enmarca en la derrota electoral que sufrió el PRI el pasado 5 de junio, en especial en tres estados donde los actos de corrupción de los gobernadores salientes de Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo han sido desproporcionados e históricos. En diversos mensajes, el Dirigente panista y los gobernadores electos han sido claros: “en estos estados que han sido saqueados por los gobernadores priistas, éstos devolverán lo que se robaron y quienes cometieron actos graves de corrupción, empezando por el gobernador del estado, tendrán que pagar las consecuencias yendo a la cárcel. No habrá venganza, pero sí habrá justicia, quienes la hicieron la van a pagar”. No obstante, frente a esta corrupción desmedida de Javier Duarte, en Veracruz; de César Duarte, en Chihuahua y de Roberto Borge, en Quintana Roo, desde los Congresos locales, dominados por priistas, se encuentran aprobando leyes para evitar que puedan ser perseguidos judicialmente y se les aplique la ley. En Veracruz, por ejemplo, Acción Nacional ha denunciado que, no únicamente se busca aprobar un paquete de impunidad, sino “dinamitar” las finanzas públicas de Veracruz para causar un daño irreparable a los ciudadanos, sobre todo a los más necesitados. En ese sentido, el PAN ha pedido se detenga el nombramiento de magistrados y del fiscal anticorrupción, además de descartar la propuesta de basificar a todos los ‘aviadores’ del gobierno, pues de concretarse lo anterior, la inmensa mayoría del presupuesto de Veracruz tendría que destinarse a pagar nóminas, lo que causaría un enorme daño a las finanzas públicas y la población no podría recibir los servicios educativos y de salud de calidad. También ha trascendido la solicitud de autorización para enajenar a título gratuito ad corpus el predio conocido como Casa Veracruz a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, lo anterior a propuesta del gobernador Javier Duarte de Ochoa, la cual será turnada para su análisis a la Comisión de Hacienda del Estado. Cabe señalar que “Casa Veracruz” es la propiedad de la que hacen uso los gobernadores veracruzanos durante su mandato. Chihuahua, violación a la ley de disciplina financiera En el caso de Chihuahua, Acción Nacional ha denunciado que en franca violación a la ley de disciplina financiera no se cubrieron todos los pagos a corto plazo, que ascendían a 3 mil millones de pesos, el 4 de julio como estaban obligados a hacer. El actual gobernador de la entidad, César Duarte, y el Congreso chihuahuense hicieron una reforma legal absolutamente contraria a la ley general de disciplina financiera y se pospuso el pago de esos 3 mil millones hasta el 31 de diciembre. Lo anterior implica 9 mil millones de pesos de deuda adicional con los que tendrá que cargar el gobierno de Javier Corral Jurado, gobernador electo del estado de Chihuahua. Además de esta deuda sin saldar, el pasado 6 de julio el Congreso local aprobó un nuevo endeudamiento por 6 mil millones de pesos, al que han llamado “bursatilización” para evitar el término “deuda”, y que se pagará con los ingresos de las casetas de las carreteras de cuota del estado de Chihuahua en las dos próximas décadas. El PRI de César Duarte está comprometiendo los ingresos del estado de Chihuahua por los próximos 20 años, incrementado de manera irresponsable la inmensa deuda que ya soporta el estado, que es la deuda per cápita más grande de todos los estados de la República Mexicana, así lo ha calificado Ricardo Anaya, presidente panista. Quintana Roo, nombramientos a modo En el caso de Quintana Roo, gobernado por Roberto Borge, se aprobó un paquete para convertir a la Procuraduría de Justicia del Estado en Fiscalía, cuyo titular sería el actual Procurador y duraría nueve años en el cargo; además, se autorizó el refinanciamiento de las deudas de corto plazo, entre ellas la del municipio de Solidaridad, por mil millones de pesos. Aunado a lo anterior, en cualquier momento, el pleno del Congreso local votaría a los nuevos magistrados del Tribunal Superior de Justicia, entre ellos Carlos Lima y Gaspar Armando Torres, el primero es el operador del gobernador Borge en la adquisición de tierras, y el segundo es ex procurador de Justicia. También se nombraría al nuevo Auditor Superior del Estado, que duraría siete años en el cargo, todos amigos del actual mandatario estatal. Acciones por parte de la Dirigencia Nacional Frente a este tipo de maniobras que impiden la actuación de la justicia, en el caso de Quintana Roo, la Dirigencia del PAN, en voz de Ricardo Anaya, lanzó un llamado enérgico al Gobierno federal y al CEN del PRI para que intervengan y se dé marcha atrás a este enorme abuso que se está cometiendo. En conferencia de prensa realizada el pasado lunes 4 de julio, Anaya Cortés subrayó que todos saben que en la cultura priista los gobernadores no se mandan solos, es decir, son disciplinados a lo que se les instruye, recomienda o sugiere desde el Gobierno federal y desde el Comité Ejecutivo Nacional del PRI. En lo referente a Veracruz, el pasado 7 de julio, el líder panista exigió la remoción inmediata de Javier Duarte como gobernador, al tiempo que solicitó la intervención del Gobierno federal puesto que, dijo, se debe garantizar una transición ordenada y pacífica como lo merece el estado de Veracruz. Además, adelantó que buscará reunirse lo antes posible con el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para exigirle su pronta intervención ante esta problemática. Frente al tema de Chihuahua, también el jueves 7 de julio, Ricardo Anaya, acompañado por el gobernador electo Javier Corral Jurado, en rueda de prensa indicó que se pedirá a la Secretaría de Hacienda no avalar la nueva deuda, pues “no tienen derecho a disponer de una manera tan irresponsable del futuro de todos los chihuahuenses, de los recursos que le pertenecen a todos ellos”. Pidió también a todos los bancos nacionales y extranjeros que “no consumen este agravio”, ya que, además de afectar al pueblo de Chihuahua, pueden poner en riesgo a sus propios socios. Por su parte, el Secretario General del PAN, Damián Zepeda, durante una visita de trabajo en Sinaloa, al abordar este tema, subrayó: “A la Presidenta interina del PRI le digo: todos escuchamos sus buenos deseos, no se trata de buenos deseos, son diputados del PRI los que están aprobando los paquetes de impunidad en cada uno de los estados; ellos pueden, por supuesto, hablar con ellos y decirles que no es lo correcto”. Es el peor PRI que jamás se haya visto en los estados, finalizó.