Prosperidad Compartida frente al deterioro de la libertad económica en México (2018–2026)

El modelo de “Prosperidad Compartida” descansa sobre una premisa: la riqueza se concibe como un pastel más o menos fijo cuya única tarea pendiente es repartirse de forma más justa. Es, en el fondo, una noción de libertad positiva, en la que el Estado asume el papel de garante del acceso mediante transferencias directas, programas sociales e intervención discrecional en la economía. El problema que ese modelo nunca resuelve, porque ni siquiera se lo plantea, es de dónde sale aquello que se va a compartir. Frente a esa premisa distributiva existe otra tradición, la de la libertad negativa, que sostiene que la prosperidad no se decreta desde el poder público, sino que emerge dentro de un orden institucional previsible: reglas estables, propiedad segura y ausencia de interferencia arbitraria.

El Índice de Libertad Económica de la Heritage Foundation mide precisamente esa precondición institucional y es ahí donde la evidencia empieza a golpear con fuerza al discurso oficial. El dato más elocuente es el de los derechos de propiedad, que cayeron 21 puntos entre 2018 y 2026, de 58.6 a 37.6, mientras México se desplomaba del lugar 62 al 132 en el ranking mundial: 70 posiciones perdidas, el mayor retroceso de los doce indicadores que componen el índice. Es decir, se erosiona la base misma sobre la que se sostiene cualquier promesa de prosperidad futura. Un país que debilita la certeza jurídica sobre la propiedad no está redistribuyendo riqueza para mañana: la está descontando contra el presente, porque eleva el riesgo de invertir, encarece los costos de transacción y desalienta los proyectos productivos. De ahí se desprende la tesis central que conviene sostener frente al modelo oficial: “Prosperidad Compartida” no es, en rigor, un proyecto de prosperidad sostenible, sino un ejercicio de redistribución de un stock que se agota. Reparte cada vez menos precisamente porque el entorno que genera la riqueza, la inversión, la certeza jurídica, la apertura comercial, se deterioró de manera sistemática durante el mismo periodo en que se prometía compartirla. Es, en el sentido más estricto, un modelo que consume su propio capital institucional para financiar su narrativa distributiva.

Esta discusión remite a un punto más amplio sobre la jerarquía de los valores en juego: la libertad, entendida como marco institucional, no es un elemento equivalente a otros bienes sociales, sino la condición de posibilidad de que esos otros bienes, el arraigo nacional, el bienestar familiar, la cohesión comunitaria, tengan continuidad en el tiempo. Sin un entorno de reglas estables y propiedad protegida, cualquier otro objetivo social se sostiene sólo de manera precaria; se convierte, en el mejor de los casos, en un reparto momentáneo financiado con el desgaste de las instituciones que hacían posible esa prosperidad en primer lugar.

Existe una segunda crítica que nace de contrastar cada promesa central del proyecto de la 4T con su desempeño medido por el índice. La primera y más visible es la de la austeridad republicana, presentada durante años como sinónimo de disciplina fiscal. Los datos dicen otra cosa: la salud fiscal, el indicador que resume la sostenibilidad de las finanzas públicas cayó de 69.8 a 56.7 puntos entre 2018 y 2026, una pérdida de 13.1 puntos que se agrava en el tramo más reciente, con un desplome adicional de 10.6 puntos sólo entre 2025 y 2026. La conclusión es incómoda para el discurso oficial: no se trata de que se haya gastado poco, sino de que se gastó de una forma cada vez menos sostenible.

Algo parecido ocurre con la bandera del combate a la corrupción, que fue durante todo el sexenio de López Obrador el argumento central para justificar la concentración de facultades en el Ejecutivo y el debilitamiento de contrapesos institucionales. El resultado medido por el indicador de integridad gubernamental es, en el mejor de los casos, marginal: apenas 1.9 puntos de mejora en ocho años, de 26.9 a 28.8. La tercera contradicción, quizás la más costosa en términos económicos, es la del discurso de soberanía y rectoría del Estado sobre la economía, que en la práctica coincidió con el mayor retroceso comercial de toda la serie histórica. La libertad comercial cayó 13.8 puntos, de 88.0 a 74.2, y México se desplomó del lugar 12 al 78 en el mundo, una pérdida de 66 posiciones. Ese deterioro ocurrió exactamente en el momento en que se abría la mayor oportunidad histórica reciente para el país: la relocalización de cadenas productivas hacia Norteamérica. El proyecto de la 4T dilapidó esa ventana en el peor momento posible. A esto se suma la narrativa de protección al interés popular frente a los intereses privados, que en los hechos se tradujo en el deterioro más severo de todo el índice: los ya mencionados 21 puntos perdidos en derechos de propiedad.