Prófugos de la justica

Por Alejandro Ledesma Solórzano. En julio de 2014, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) señaló que durante su mandato como gobernador de Tamaulipas el priista Eugenio Hernández Flores recibió dinero por parte del crimen organizado, mismo que lavó en el estado de Texas a través del empresario mexicano Guillermo Flores Cordero. Hernández Flores fue sucesor de Tomás Yarrington Ruvalcaba, quien está acusado en Brownsville por crimen organizado, narcotráfico y delitos financieros. También ha sido señalado por delitos contra la salud y de recibir 8.5 millones de dólares por parte del narco para financiar su campaña, a cambio de protección durante su mandato en Tamaulipas (1999-2004). En agosto de 2012 un juez federal de México giró una orden de aprehensión contra el ex gobernador tamaulipeco Yarrington Ruvalcaba. Sin embargo, a la fecha ambos siguen prófugos de la ley. Ante este escenario de impunidad, el pasado 9 de febrero, el Vicecoordinador de Difusión y Mensaje del PAN en la Cámara de Diputados, Jorge López Martín, presentó una solicitud a la PGR para conocer si los procedimientos legales de búsqueda y localización de los ex gobernadores de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Javier Hernández Flores, acusados de tener presuntos vínculos con la delincuencia organizada, se encontraban vigentes y en ejecución. Ese mismo mes, desde el Senado de la Republica, la bancada panista demandó que la procuradora general de la República, Arely Gómez González, compareciera para dar cuenta del estado que guardan las averiguaciones previas en contra de dichos ex mandatarios. Hasta el día de hoy, la Procuraduría General de la Republica no ha dado respuesta a lo solicitado por parte de ambas Cámaras, sin embargo, los representantes del PAN no han quitado el dedo del renglón y en más de una ocasión han solicitado a la Procuradora dar informe sobre qué medidas ha tomado para que la PGR no sea usada como instrumento político para favorecer o perjudicar a candidatos en las elecciones del próximo 5 de junio. En entrevista con La Nación, el vocero del PAN en San Lázaro, Jorge López Martín, señaló que México está ante una crisis de derechos humanos que ha sido señalada incluso por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Ante el comportamiento de la PGR, parece que el Estado de Derecho que debiera de garantizarse a partir de las propias decisiones del gobierno federal está siendo vulnerado, apuntó. “Vemos que hay una opacidad y una discrecionalidad en cuanto a que se lleven a cabo las acciones que se tienen establecidas en términos de ley y que significan una obligación puntual para poder garantizar a los mexicanos que se procura justicia, pero justicia ciega, sin distingo de colores,” externó. El diputado federal por Aguascalientes destacó la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, que, de ser aprobado durante este periodo legislativo, como lo contempla, dará castigos más severos y establecerá mecanismos para dar tranquilidad a los ciudadanos. Actuar con firmeza Frente a este y otros casos, López Martín aseguró que desde la Cámara baja el PAN actuará con toda firmeza y establecerá mecanismos para llamar a comparecer a los funcionarios encargados de garantizar la justicia. En cuanto a los casos de corrupción por parte de funcionarios, tanto en Tamaulipas y otros estados como Veracruz y Coahuila, el legislador urgió contar con la participación y el respaldo de la sociedad. Consideró que son los escenarios de corrupción e impunidad, así como la coyuntura política y social, los que han hecho que la sociedad civil se separe de los temas públicos. “Es indispensable que la sociedad regrese y que regrese con mayor energía, con mayor vigor, que le exija al sistema de representación y al sistema político el que se cumpla con la ley y que se castigue a quien la ha violado”, acotó. El diputado puntualizó que en materia de fiscalización es la disparidad en las leyes locales y en las federales otro gran problema que incrementa la corrupción, ya que, en estados como Aguascalientes, el delito de peculado fenece después de tres años; en cambio, en el marco normativo federal esta pena está tipificada para que no fenezca en un lapso de cinco años. “En ese sentido, el marco jurídico es disfuncional, no es armónico, permite que haya lagunas en las cuales se apoyan quienes violan la ley. Por ello, es urgente poder contar con el Sistema Nacional Anticorrupción, para que se pueda establecer una camisa de fuerza a quienes tienen estos vicios y que están generando este daño a la hacienda pública de nuestro país”, finalizó.