Pretenden ser los dueños de la verdad: Fundación Rafael Preciado Hernández
El incumplimiento sería sancionado con multas de entre 0.01 y el 1 por ciento de sus ingresos acumulables.
El gobierno federal anunció la creación de un anteproyecto de Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, proyecto que impondría nuevas obligaciones a concesionarios de radio y televisión, comerciales, públicos y sociales, y a las empresas programadoras.
De acuerdo con información de la Fundación Rafael Preciado Hernández (FRPH), con dichos lineamientos se crearán códigos de ética, defensores de las audiencias y mecanismos obligatorios de atención de quejas y medidas de accesibilidad. Lo anterior fue anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum y la consejera jurídica Luisa María Alcalde, en la conferencia matutina del 28 de julio.
Se destaca que el incumplimiento sería sancionado con multas de entre 0.01 y el 1 por ciento de sus ingresos acumulables, ampliando el margen de intervención regulatoria sobre los concesionarios.
La FRPH subraya que desde la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones el Poder Ejecutivo concentraría la facultad de decidir, a través de un órgano regulador, cuándo un contenido periodístico cumple con los estándares de veracidad, oportunidad y contextualización y, en su caso, sancionar económicamente a quienes a su juicio no lo hagan.
Asimismo, en dicha publicación se destaca que la supervisión del sector dejó de recaer en un órgano constitucional autónomo y queda en manos de una autoridad administrativa vinculada al Poder Ejecutivo.
“El proyecto impondría nuevas obligaciones a concesionarios de radio y televisión, comerciales, públicos y sociales, y a las empresas programadoras al exigirles códigos de ética, defensores de las audiencias, mecanismos obligatorios de atención de quejas y medidas de accesibilidad”, señala la Fundación.
Cinco correcciones exigibles en la consulta
La FRPH considera cinco correcciones a tomar en cuenta de dicho anteproyecto:
- Separar en dos instrumentos distintos las obligaciones de accesibilidad y de transparencia publicitaria, plenamente respaldables de toda evaluación estatal sobre la veracidad o contextualización de contenidos informativos.
- Suprimir el recurso de inconformidad ante la CRT respecto de decisiones de los defensores de audiencias, o acotarlo a cuestiones estrictamente procedimentales, nunca de contenido.
- Eliminar los supuestos sancionadores que exceden los previstos en la ley y sujetar cualquier multa a control jurisdiccional previo, no a determinación administrativa unilateral.
- Excluir expresamente del ámbito de aplicación a la prensa escrita y a los medios digitales, y cerrar por escrito el debate que la Presidenta dejó abierto.
- Restituir la autonomía constitucional del regulador y, en tanto ello ocurra, someter a la comunicación social del gobierno federal — incluida la conferencia matutina— a las mismas obligaciones de veracidad, distinción entre información y opinión y derecho de réplica que se pretenden imponer a los concesionarios.