Para EPN no cuenta, pero cuenta mucho

Por Juan Pablo Adame Alemán / Marco Antonio Martínez Guerrero.* Hoy, los mexicanos atestiguamos con asombro e indignación las acciones del Presidente de la República con menores índices de popularidad desde que esta variable es medida. Pareciera increíble que en tan sólo 3 años y 9 meses brincamos del “mexican moment” al “no entiende que no entiende”, para llegar al “¿en qué demonios estaba pensando?” en el que nos encontramos en este momento. La ironía en la tragedia del PRI-Gobierno es que le preocupa la percepción a un grado tal que se ha olvidado de realizar un trabajo que sea medianamente satisfactorio para los mexicanos en distintos ámbitos. Se empeñaron en construir una hermosa fachada, pero sin concreto ni varilla que la soporte. Hoy la fachada se resquebraja y estamos ciertos de que no hay construcción atrás. Por ello, es que quienes integran esta administración se niegan a reconocer en público sus errores y tras ello a enmendarlos. Y si acaso hace unos días vimos cambios en el gabinete, éstos se dieron solamente porque la continuidad de Videgaray se hizo insostenible tras hacerse público que fue el autor intelectual de la reunión del presidente Peña con Donald Trump, la cual consideramos, el peor error politico del PRI-Gobierno, es más, ni los peñistas corbata roja se atrevieron a mandar un tuit de respaldo. En 2012 el panorama lucía muchísimo más alentador Teniendo como antecedente la parálisis legislativa que durante 12 años propinaron al país las mezquinas bancadas priistas durante los gobiernos del PAN, las principales fuerzas políticas acordaron de manera generosa una agenda de cambios legislativos que resultaban inaplazables. Uno de los temas en los que el PAN participó de manera entusiasta fue el relacionado a la legislación en telecomunicaciones, con especial énfasis en la conectividad a internet. Ahí, pugnamos por la competencia efectiva y los derechos de los usuarios de estos servicios por parte del sector privado, y por obligaciones al sector público que ayudaran a generar una cobertura social de estos servicios. Tal es el consenso en torno a su importancia, que en el marco de la Reforma Constitucional en materia de Telecomunicaciones de 2013, se elevó el acceso a la banda ancha e internet al rango de Derecho Humano, añadido este al artículo 6º de nuestra Carta Magna. Tras dicha enmienda, vino la reforma a la legislación secundaria que entró en vigor en el segundo semestre de 2014, que vino darle vigencia y detalle a lo delineado el año anterior. Hoy, a dos años de dichas modificaciones, observamos que el buen desempeño de la mayoría de los actores relacionados al sector contrasta muchísimo con el deficiente cumplimiento de las responsabilidades que en esta materia corresponden al Gobierno de la República. Lo que la SCT y la SEP han dejado de hacer en materia de inclusión digital casi no se cuenta, pero cuenta mucho. Para ello, analizaremos los resultados de tres de los principales programas dedicados al crecimiento del acceso a la información en nuestro país: el Programa de Transición a la Televisión Digital Terrestre, la Red Pública Compartida y el Programa de Alfabetización e Inclusión Digital. El último es el caso más dramático, ya que se encuentra borrado del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2017. Programa de Transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT) Con el fin principal de desocupar la banda de los 700 Mhz para la constitución de una Red Inalámbrica Compartida que dote de servicios de banda ancha a muchísimos mexicanos que hoy no están dentro de alguna zona de cobertura, se fijó como fecha fatal el 31 de diciembre de 2015 para el apagón de las señales analógicas de televisión. Esto, con la condición de un nivel de 90 por ciento de hogares de escasos recursos dotados de receptores aptos para sintonizar los canales digitales. Para ello, el transitorio décimo noveno del decreto de reforma a la legislación secundaria en materia de telecomunicaciones designó al Ejecutivo Federal a través de la SCT como el responsable de la distribución de los dispositivos receptores de las nuevas señales. Contrario a los programas piloto del gobierno anterior donde se realizó en campo un censo de las viviendas con necesidad real del nuevo receptor y a las cuales se les instaló en su domicilio el decodificador con antena para la recepción de los nuevos canales en su televisor analógico, este gobierno optó por la entrega masiva de pantallas planas en centros de distribución operados por la SEDESOL. Entre las consideraciones que razonaron en el “Programa de Trabajo para la Transición a la Televisión Digital Terrestre” para optar por televisores en vez de decodificadores, se encontraron: Propiciar la inclusión digital, dotando a los beneficiarios de dispositivos con conectividad para acceder a diferentes servicios en línea. El ahorro en consumo de energía, dando por sentado que los antiguos televisores de tubo de rayos catódicos automáticamente caerían en desuso, y que las pantallas planas que los sustituirían resultan en un recibo -y subsidió- de energía eléctrica mucho más económicos. En la práctica, al día de hoy no se ha propiciado por esta entrega la inclusión digital puesto que nunca se entregaron televisores ni dispositivos adicionales a ellos con capacidad de dar conectividad a los beneficiarios. Tampoco se garantizó el ahorro en consumo de energía, ya que no se consideró al momento de iniciar el reparto el canje/recepción de los antiguos televisores analógicos para su reciclaje. De modo que ahora pueden coexistir la pantalla de bajo consumo, con el antiguo televisor conectado a un económico decodificador digital. A lo anterior debemos agregar que nunca fueron lo suficientemente claros los criterios para formar el padrón de beneficiarios. Medios de comunicación consignaron la llegada de personas en vehículos de lujo a recoger su tele a los centros de distribución, cuando por otro lado muchas personas de escasos recursos se quedaron sin ellas. Un estudio del Comisionado del IFT, Adolfo Cuevas, señala que el 22.3 por ciento de los hogares que antes podían ver televisión se quedaron sin el servicio al momento del apagón, al tiempo en que estima en 5.5 millones la cantidad de televisores repartidos en hogares en los cuales éstos no se necesitaban, dando lugar a un gasto tremendamente ineficiente. Al final, este programa resultó en un tremendo fracaso en la consecución de su meta (cobertura social de receptores digitales), en los beneficios indirectos (inclusión digital y ahorro energético) y también en su fin, ya que al día de hoy no hay señales de la entrada en funcionamiento de la red compartida inalámbrica de los 700 Mhz. *Primera parte de dos.