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El peligro de enviar al diablo las instituciones
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Por Víctor Manuel Aguilar Gutiérrez.
En la campaña presidencial del año 2016, el impetuoso candidato Andrés Manuel López Obrador acuño su frase lapidaria, “Al diablo con las instituciones”. Para comprender lo que quiso decir habría que entender el contexto de ese entonces, sin embargo, hoy es presidente electo y los pronunciamientos que ha hecho sobre cambios en la administración pública federal hacen vigente nuevamente el tema y nos obliga a preguntarnos: ¿cuál es hoy la visión con la que se gobernará respecto a las instituciones y sus funciones?, ¿la nueva administración respetará los marcos institucionales o prevalecerá la voz de caudillo sobre normas y los instrumentos administrativos?, ¿las decisiones se tomarán sobre diagnósticos seriamente elaborados o sobre consignas preestablecidas?
El México institucional surge de la transformación del caudillismo que caracterizó al siglo XIX y principios del siglo XX, en donde prevalecía el protagonismo de la figura de un solo hombre, el caudillo. Estos personajes hacían y deshacían a su entera voluntad, establecían monedas y fijaban sus propias “leyes”. Las confrontaciones entre ellos terminaban comúnmente en traiciones y en algún asesinato, generalmente de quien representaba el mayor obstáculo para el poder, tal fue el caso de Francisco I. Madero, Emiliano Zapata, Francisco Villa, Venustiano Carranza y Álvaro Obregón, entre otros.
Ya en el periodo post revolucionario, todavía en el mandato presidencial de Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, se empieza a construir el México que privilegia las instituciones, aquellas que preservan los fines y las ideas en el tiempo más allá de las personas y del efímero paso de los caudillos (son a quienes Enrique Krauze llama los caudillos culturales de México); éstos son quienes establecen los cimientos institucionales y los verdaderos constructores de las instituciones del México de hoy: Vicente Lombardo Toledano, sindicalista y filósofo; Alberto Vásquez del Mercado, abogado difusor de la cultura; Alfonso Caso, precursor de la arqueología mexicana; Teófilo Olea y Leyva, jurista; Antonio Castro Leal, escritor y universitario; Jesús Moreno Baca, jurista y gestor cultural, y Manuel Gómez Morin, fundador de instituciones y legislador en política monetaria y mercantil. También tenemos que mencionar a José Vasconcelos, el maestro de América; Antonio Caso, uno de los fundadores del Colegio Nacional; Alfonso Reyes, poeta, ensayista, narrador, diplomático y pensador mexicano; Pedro Henríquez Ureña, crítico literario, ensayista, periodista y prosista.
De los anteriores, destacan dos ilustres personajes José Vasconcelos Calderón y Manuel Gómez Morin. Es innegable la revolución educativa de José Vasconcelos con sus campañas de alfabetización y la definición de la Secretaria de Educación. Por otro lado, Manuel Gómez Morin participa en la fundación del Banco de México, en la defensa de la autonomía de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la estructuración de la Secretaría de Hacienda, en la fundación del Banco Nacional de Crédito Agrícola, Seguro Social, Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras Públicas, y Almacenes Generales de Depósito, también fue redactor de la Ley de Liquidación de Antiguos Bancos de Emisión, Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley Constitutiva del Banco Único de Emisión (Banco de México), Ley de Crédito Agrícola, Ley del Banco Nacional de Crédito Agrícola, Ley Monetaria, Ley de Instituciones de Seguros, Ley de Títulos, Operaciones e Instituciones de Crédito, Ley Orgánica del Artículo 28 Constitucional y Ley Orgánica del Artículo 27 constitucional.
En los últimos 18 años la administración pública se ha modernizado a través de la aplicación de tecnología, la creación de un sistema de transparencia, el servicio profesional de carrera y la actualización de la ley de responsabilidades administrativas de la administración pública federal. Si bien las instituciones requieren adaptarse a las nuevas circunstancias, resulta preocupante la visión que la nueva administración tiene sobre ellas, pues parece que resultan incomodas, es decir, son un estorbo para la llamada cuarta transformación.
El aparato administrativo deberá trabajar aceleradamente para alcanzar sus objetivos y sin detenerse realizar los cambios necesarios, es decir, cambiarse los zapatos sin dejar de correr. Hasta hoy, el próximo gobierno ha anunciado los siguientes cambios sobre este tema: 1. Creación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y sustituir el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) por el nuevo Centro Nacional de Inteligencia (CNI); sustitución del nombre, visión y atribuciones de la actual Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) para dar lugar a la Secretaría del Bienestar como polo articulador de las políticas sociales; 2. Reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que prevé diversas acciones en materia de seguridad ciudadana, compras gubernamentales y democracia sindical, lo cual permitirá fortalecer facultades en las secretarías de Gobernación, Hacienda, Educación, Medio Ambiente y Agricultura, entre otras; 3. La desaparición del Estado Mayor Presidencial para incorporar sus recursos humanos y materiales a la Secretaría de la Defensa Nacional, la amenaza de desaparecer a la Comisión Nacional de Acceso a la Información (INAI), el mantener a un fiscal designado por el presidente; 4. Despido del 70 por ciento del personal de confianza.
El tiempo dirá si efectivamente estas acciones potenciarán a la administración pública, por ahora provocan serios cuestionamientos e incertidumbre. Fortalecer la democracia es fortalecer las instituciones, de lo contrario regresaremos no sólo al presidencialismo imperial sino al caudillismo revolucionario.<br><br>https://revistalanacion.com/opinion/el-peligro-de-enviar-al-diablo-las-instituciones/2018-11-01)
