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Incapacidad del PRI-Gobierno provoca crisis en justicia
Noviembre 2017
Maricarmen Rizo
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Por Fernando Herrera Ávila.
El PRI-Gobierno padece autismo político y ello ha provocado una crisis sin precedente en la impartición de justicia. La corrupción se desborda, la impunidad aumenta, la delincuencia crece, el 2017 pinta para ser el año más violento de la historia y no hay Procurador General de la República, no hay Fiscal contra delitos electorales, no hay Fiscal Anticorrupción.
El PRI-Gobierno mantiene patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses y actividades, como definen al autismo los especialistas. Sufre de una notoria incapacidad para escuchar, entender y atender las preocupaciones de la sociedad y de los partidos políticos de oposición.
El PRI-Gobierno tiene un solo objetivo: la impunidad. En ese deseo se gestó la actual crisis de justicia.
Como se recordará, en 2014, la reforma político electoral creó la Fiscalía General de la Nación, la cual sustituirá a la Procuraduría General de la República. La crisis empezó cuando el gobierno diseñó una estrategia para apoderarse de esa Fiscalía, con el nombramiento de un fiscal carnal que le cuide las espaldas después de 2018.
Un amplio movimiento ciudadano y Acción Nacional, junto con el PRD, logramos echar por tierra esa pretensión. El candidato del gobierno, Raúl Cervantes, renunció a la PGR y en su lugar el Ejecutivo nombró un encargado de despacho, Alberto Elías Beltrán.
Previamente, otro importante movimiento social, con el apoyo de Acción Nacional, había logrado impedir el nombramiento de un fiscal anticorrupción sin atribuciones, sin capacidad para nombrar a sus agentes del Ministerio Público o a sus peritos, sin facultad para investigar a la PGR. Además, quedaba sujeto a ser removido libremente por el procurador, aunque lo hubiera nombrado el Senado de la República.
Al panorama ya de por sí lamentable, se le agregó un nuevo ingrediente. Elías Beltrán, sin facultades por no contar con la ratificación del Senado, ejecutó el despido del fiscal contra delitos electorales, Santiago Nieto, quien había sido nombrado por el Senado de la República prácticamente por unanimidad.
México atraviesa por una crisis institucional como nunca antes se había visto en este gobierno. Mientras la corrupción galopa: el ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, sigue prófugo; inconsistencias en el proceso contra Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz; simulación en la investigación al ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, por los vínculos de su fiscal con el narcotráfico.
El sistema de procuración de justicia, por ejemplo, se encuentra peligrosamente a la deriva como parte de una estrategia política del PRI-Gobierno para asumir el control del proceso electoral ya en marcha.
Frente a una creciente inseguridad, ante numerosos casos de corrupción en la gestión pública y un proceso electoral en marcha, por primera vez en la historia las instituciones de procuración de justicia se encuentran sin titulares.
Con una elección en puerta inédita y complicada por el número de cargos a elegir y un entorno desfavorable para la continuidad del partido en el poder, éste se ha empeñado en frenar una y otra vez la designación de las cabezas en esas tres instancias para darles un rango de autonomía e independencia que garanticen imparcialidad y piso parejo para todos.
En el caso de la Fepade, el gobierno se encuentra en un callejón donde no encuentra salida. La destitución del fiscal se dio en medio de investigaciones delicadas para el PRI, como lo es la del presunto financiamiento de la empresa petrolera brasileña Odebrecht a la campaña priista de 2012.
Odebrecht ha dejado al descubierto a un gobierno que, por un lado, abusa del poder para debilitar a opositores e instituciones y, por el otro, muestra un plan deliberado de asegurarse impunidad transexenal y preparar desde ahora una elección de Estado en 2018.
Como se ve, el gobierno se está endureciendo. Está mostrando una cara de represión, de autoritarismo, de claras intenciones de controlar desde ahora el proceso democrático del país.
Y responde con manotazos, despidos y conductas abruptas cuando se enlistan las atrocidades, corruptelas y dispendios de ex gobernadores como los de Chihuahua, Veracruz, Coahuila y Quintana Roo, que sólo entre ellos suman irregularidades y desfalcos por 151 mil millones de pesos.
El espionaje a activistas de la sociedad civil, periodistas y políticos de oposición; el intento fallido por imponer a un Fiscal carnal para los próximos nueve años; la campaña de mentiras en contra de dirigentes de oposición, intentos de fragmentar el voto y ahora la destitución injustificada del titular de la Fepade, son algunos botones que muestran la gravedad de la crisis de justicia inducida por el PRI y de la cual puede ser víctima.
Desde el lejano tercer lugar en las preferencias electorales, es evidente la obcecación gubernamental por cooptar las instituciones de procuración de justicia con fiscales a modo, propensos a dejar en la impunidad actos ilícitos. Parece dejar claro que está dispuesto a todo con tal de mantenerse en el poder.
<strong>Fernando Herrera Ávila</strong> es Coordinador del GPPAN en el Senado de la República.
Twitter: @FHerreraAvila<br><br>https://revistalanacion.com/opinion/autismo-del-pri-gobierno-provoca-crisis-en-justicia/2017-11-22)
