Venezuela

Nosotros debemos tomar nota del origen y desarrollo del régimen de extrema izquierda que actualmente detenta el poder en Venezuela, encabezada por Nicolás Maduro sucesor de Hugo Chávez.

La historia de esa dictadura puede contarse desde el segundo periodo presidencial de Carlos Andrés Pérez que, a diferencia de los éxitos de su anterior periodo en 1980, gracias al alza en el precio del petróleo, pudo subir el PIB nacional junto con el aumento en el nivel y calidad general de vida. En 1997, en cambio, Chávez se encontró con una situación bien diferente: todos los índices económicos estaban a la baja, había inconformidad en las mayorías cansadas de presenciar la interminable lid entre el sector privado y el gobierno.

La escasez de reservas y los precios del petróleo tocando mínimos no vistos llevaron al presidente a tomar medidas de severas disciplinas de gastos que impactaron a la población, especialmente a la clase media. Había en el país un desencanto y sentido general de abandono.

El 4 de febrero de 1992 un grupo de militares decidió intervenir y el teniente coronel Hugo Chávez, de confirmada izquierda, se alzó contra el gobierno y lideró un golpe de Estado que fracasó en su objetivo principal, que era el de arrestar al presidente, quien rodeado por fuerzas leales al gobierno y amenazado por un bombardeo aéreo, hizo que Carlos Andrés Pérez se rindiera.

Los partidos tradicionales, Acción Democrática y COPEI, condenaron la acción de Chávez y confirmaron su respaldo a la democracia como forma de gobierno, pero con un rechazo popular del 74 por ciento al gobierno llevó a algunas figuras políticas a ver a Chávez bajo otra óptica.

Rafael Caldera, ya presidente, sobreseyó las acusaciones contra los sublevados y Chávez fue liberado en marzo de 1994 y se dedicó a cultivar sus contactos de izquierda como Fidel Castro, Rafael Correa o Ignacio Lula da Silva, y preparar su campaña presidencial, misma que ganó en las elecciones de 1998.

Cumpliendo su promesa, Chávez convocó en 1999 a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y venciendo la oposición general fue aprobada en el Congreso con una mayoría de 121 de 131 escaños. De igual manera, la nueva Constitución fue aprobada por voto popular a lo que luego seguiría la disolución del Congreso, mientras que la Corte Suprema declaró la ANC como órgano plenipotenciario.

El Congreso fue disuelto tras la decisión de la Corte Suprema de declarar el 7 de octubre de 1999 a la Asamblea Constituyente como plenipotenciaria. El nombre al país se cambió a República Bolivariana de Venezuela. El nuevo gobierno daría el voto a los militares, extendió el mandato presidencial a seis años y habilitó la reelección de Chávez hasta 2006.

La ANC aprobó la Comisión de Emergencia Judicial para evaluar el desempeño de sus funcionarios; para proponer medidas de reorganización del Poder Judicial y del sistema penitenciario; evaluar el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de la Judicatura; seleccionar y designar jueces en “concurso público”; reorganizar las jurisdicciones, circunscripciones, circuitos judiciales y tribunales del país; evaluar a los magistrados de la Corte Suprema y decidir su suerte si hallaban irregularidades en su desempeño.

El vicepresidente de la ANC justificó la intromisión de su organismo en el Poder Judicial arguyendo que, como constituyente, era “soberana y originaria” y que podía pasar por encima de los poderes establecidos. La ANC eligió cinco miembros de una nueva Comisión de Emergencia Judicial, mientras que los otros cinco fueron miembros ad honorem, representantes de la sociedad civil.

El caso arriba mencionado de la Comisión Judicial fue llevado a la Corte Suprema de Justicia para decidir si tenía atribuciones para controlar el poder judicial. La presidenta Sosa, de la Corte Suprema, había tildado a la Comisión de inconstitucional, pues la ANC sólo tenía poder para la redacción de una nueva Carta Magna. Por votación, la Corte afirmó que la constituyente sí tenía el poder de controlar lo judicial. La presidenta y los demás magistrados contrarios declararon que la Corte se había “autodisuelto” al admitir que ella misma no tenía ningún poder real frente a las decisiones de la ANC.

Tras la renuncia de Sosa, la presidencia de la Corte la asumió Iván Rincón Urdaneta, leal a Chávez. El gobierno disolvió la Corte Suprema con el Tribunal Supremo de Justicia. Nótese que la Corte Suprema ya había acordado coexistir con la ANC como órgano supraconstitucional. El 7 de octubre de 1999 pasaba a tener oficialmente, con el aval de la Corte, poderes por encima de todos los órganos del Estado.

En su momento, el presidente del Congreso se negó a oponerse a las ilegalidades del gobierno de Chávez alegando que buscaba evitar una “confrontación innecesaria”, tanto con el gobierno nacional como con los partidarios del mismo.

El nombramiento de oficiales en el nuevo gobierno acabó con cuarenta años de tradición de presidentes civiles. Se hicieron “mega elecciones presidenciales regionales y parlamentarias para relegitimar todos los poderes”. También se inauguró el programa televisivo diario de Chávez “Aló Presidente”.

Un ejemplo de las intenciones del gobierno fue su idea de crear una nueva figura administrativa de “supervisores itinerantes”, lo que originó en el año 2000 el primer movimiento opositor fuerte contra Chávez, al movilizar a decenas de miles de personas de la sociedad civil a protestar contra el decreto bajo el lema “con mis hijos no te metas”.

A la muerte en 2013 de Chávez, su sucesor designado fue Nicolás Maduro, quien ha continuado con la misma vehemencia de su antecesor, profundizando el carácter socialista de su régimen que ha sumido a Venezuela a la más profunda miseria en todos los órdenes.

En México, el gobierno de Morena se ha solidarizado con la dictadura de Maduro, al igual que con otros regímenes de izquierda, a los que incluso apoya con envió regular de petróleo y otros recursos.

Julio Faesler Carlisle es integrante del Consejo de Plumas Azules.