Teuchitlán el “Auschwitz mexicano”

El pasado 5 de marzo, México vivió uno de los peores momentos en su historia como país: el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco encontró que el Rancho Izaguirre, ubicado en la localidad de La Estanzuela en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, había sido utilizado como un campo de reclutamiento forzado, adiestramiento criminal y de exterminio.

Lamentablemente, encontraron restos humanos calcinados, hornos clandestinos y más de mil 300 objetos personales, las imágenes que empezaron a circular eran de evocación a uno de los peores momentos de la historia de la humanidad, los encabezados de los periódicos a nivel internacional se referían como el “Auschwitz mexicano”.

Teuchitlán es el reflejo de la actual situación del país, en la cual vivimos ya en una violencia sistematizada, misma que ya se ha convertido en una crisis humanitaria, que fuerza a miles de familias a desplazarse, pero también que lleva a otras a caer en este tipo de anuncios engañosos por la falta de oportunidades. El gobierno mexicano, caracterizado por su completa inacción y ausencia de políticas públicas en temas de seguridad, convertido en “abrazos no balazos”, frase célebre de López Obrador a un México en el cual, durante su sexenio, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) reportó 53 mil 261 desapariciones. Durante el sexenio de Peña Nieto se registraron 32 mil 532 y con Felipe Calderón un total de 16 mil 903 personas desaparecidas.

El gobierno federal intento desvirtuar y alejar la atención pública de Teuchitlán, desaparecieron pruebas, llevaron influencers e incluso evitaron que en el Senado se propusiera la creación de un Grupo Interdisciplinario de cooperación técnica, algo similar a lo ya establecido en 2014 para la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.

Pero la realidad mexicana ha traspasado fronteras. El pasado 4 de abril, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) inició un procedimiento inédito contra México al amparo del Artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que permite al Comité intervenir cuando a su juicio considere que se practica de forma generalizada o sistemática en el territorio bajo la jurisdicción de un Estado Parte.

Este informe, emitido después del descubrimiento en Teuchitlán, critica fuertemente al Estado mexicano por su falta de respuesta efectiva frente a esta crisis. Este informe recaba que ya había conocimiento que, desde septiembre de 2024, el Rancho Izaguirre había sido intervenido por la Guardia Nacional y la Fiscalía de Jalisco, pero que no había hallazgos relevantes, por lo que se presume de encubrimiento y negligencia grave, o mejor dicho negligencia criminal.

La ONU le ha pedido a México que realice una investigación “diligente, profesional y ética” del caso, esto incluye análisis genéticos de los restos para identificar a sus víctimas y devolverlos a sus familiares.

Si el Comité y las circunstancias lo ameritan este asunto podría elevarse a la Asamblea General de la ONU, lo que por supuesto no le gustaría nada al gobierno de Claudia Sheinbaum que ha intentado a toda costa desviar la atención del tema, no saben cómo arreglarlo, no saben cómo darle solución; esto se suma, por supuesto, a una serie de consecuencias severas que le dejo su antecesor y a las presiones de Donald Trump con el tema migratorio, los aranceles y la declaración de las organizaciones criminales como grupos terroristas.

Estamos siendo testigos de uno de los episodios más negros en la historia de nuestro país: madres buscadoras siendo agredidas por hacer el trabajo que debería de estar haciendo el gobierno, personas desaparecidas y fosas clandestinas en todo el país, medios internacionales enseñando al mundo la tristeza de un país en el que impera la soberbia de los otros datos. No dejemos de indignarnos, no nos acostumbremos a estas imágenes y a este sentir tan doloroso.