Reforma Judicial, fruto de la venganza, el fin de la justicia independiente

Desde el primer momento de su presentación, en los estertores del sexenio pasado, lo advertimos: el contenido de la reforma impulsada por el Ejecutivo, que escondía el deseo de venganza contra aquellos que no se le sometieron, es profundamente regresivo y atenta contra la independencia del Poder Judicial, un pilar fundamental de nuestra democracia, por lo que tendrá consecuencias catastróficas en contra de la ciudadanía que confía en una verdadera autonomía e independencia de los impartidores de la justicia para hacer valer sus derechos y defensas en un juicio.

En Acción Nacional hemos insistido en la necesidad de una reforma judicial real, basada en la meritocracia y en la independencia de los jueces, pero Morena nunca tuvo interés en mejorar la justicia, sólo en controlarla. La suya no es una reforma, es un golpe de Estado disfrazado de modernización. Nosotros propusimos el respeto del principio de división de poderes, fortalecer el Poder Judicial a través de la carrera judicial, mejores mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, presupuestos garantizados, el respeto de los derechos y garantías procesales que asisten a las víctimas y personas imputadas, una verdadera reparación del daño, entre otras, y principalmente la capacitación y vigilancia del actuar de las autoridades policiales, ministeriales y jurisdiccionales locales.

Lamentablemente Morena y sus aliados hicieron oídos sordos, no sólo a las propuestas de la oposición, sino a las protestas de trabajadores del Poder Judicial, académicos y estudiantes de instituciones públicas y privadas, y de la ciudadanía que manifestó su rechazo a dicha reforma.

La reforma del Poder Judicial elimina cualquier vestigio de imparcialidad en el sistema. Desde la eliminación de la experiencia como requisito para ser Ministra(o), Magistrada(o) o Juez(a), hasta la implementación de un mecanismo tan absurdo como la tómbola para asignar cargos judiciales, cada elemento de la reforma está diseñado para debilitar el sistema y someterlo al control del Ejecutivo. Esto no es sólo una reforma mal diseñada, es un retroceso de décadas en el desarrollo de nuestro sistema judicial que, con sus fallas, había logrado mantenerse independiente de las presiones políticas.

El tiempo nos dio la razón y como lo advertimos, la elección de jueces es un verdadero desastre que concluirá en un gran fraude. Morena ya ni siquiera está respetando las reglas que ellos mismos impusieron. Nos dijeron que la gente elegiría a los jueces, pero en realidad el INE ya decidió qué juzgados podrán ser votados según el distrito en el que vivimos. Y lo más grave es que los juzgados clave, aquellos que decidirán sobre libertades individuales, el patrimonio de los ciudadanos y los delitos de alto impacto, fueron colocados en zonas gobernadas por Morena, como la alcaldía Iztapalapa en la Ciudad de México, municipios de Veracruz y Tabasco, y regiones de Guerrero y el Estado de México. Con esto, aseguran que los ciudadanos de otras partes del país –que seguramente no coinciden con la forma de gobernar del actual oficialismo– no puedan decidir sobre estos jueces, aunque sus resoluciones nos afecten a todos.

Morena ha diseñado una estrategia para asegurar que sus aliados controlen los tribunales más importantes, convirtiéndolos en extensiones de su maquinaria de poder. No sólo han decidido en qué distritos se votarán por los jueces, sino que además ya están preparando la elección de candidatos afines a su movimiento, enviándolos a los distritos que controlan. No es casualidad que los jueces elegidos sean cercanos a altos funcionarios morenistas, operadores de confianza, familiares y compadres de la cúpula del oficialismo.

La mayoría de los candidatos que aparecen en el listado oficial de aspirantes a posiciones judiciales están ligadas al partido en el poder como: María Estela Ríos González, Consejera Jurídica de Andrés Manuel López Obrador; Selene Cruz Alcalá, Magistrada Laboral de Luisa María Alcalde, actual Presidenta Nacional de Morena; Fabiana Estrada Tena, Coordinadora de Ponencia de Arturo Zaldívar, quien hoy es Coordinador de Política y Gobierno de la Presidencia; y Luis Rafael Hernández Palacios, Procurador Agrario también del ex presidente López Obrador, entre otros. Además de las ya tristemente célebres magistradas del Poder Judicial. Con este tipo de perfiles, queda claro que la supuesta independencia judicial es una farsa diseñada para beneficiar al régimen en turno. No quieren una elección justa ni transparente, quieren jueces que les deban favores.

¿Qué garantía tiene un ciudadano opositor de recibir un juicio imparcial si el juez debe su puesto a Morena? La respuesta es clara: ninguna. La independencia judicial está siendo destruida y con ella las garantías individuales de millones de ciudadanos.

Todo esto es un fraude monumental. No seremos ejemplo de justicia, sino el hazmerreír del mundo. En el PAN siempre nos opusimos a esta reforma porque sabíamos que no se trataba de mejorar la justicia, sino de someterla al control de Morena. Cuando vimos que iban a imponerla sin importar el costo, les advertimos y propusimos soluciones.

Nosotros no nos vamos a cansar de informar que en el proceso de elección de los jueces ya se han cometido un sin número de fraudes. Hemos iniciado, a nivel nacional, la resistencia civil pacífica y no nos detendremos. Llevaremos esta lucha hasta las últimas consecuencias, en cada rincón del país, en cada foro nacional e internacional, en cada espacio donde podamos denunciar este fraude. Exigiremos que se permita la observación electoral y que se garantice la transparencia en el proceso.

Si permitimos que el Poder Judicial sea capturado por el gobierno, el siguiente paso será la consolidación de un régimen totalitario. Morena ya controla el Legislativo, ha sometido a los organismos autónomos y ahora busca imponer una justicia a modo. La historia nos ha enseñado que los regímenes autoritarios no se detienen solos, es el pueblo el que debe enfrentarlos con valentía.