Meméxico lindo y…

Tras conocerse la lista de aspirantes para seleccionar, por medio de una elección abierta a todos los mexicanos, a los futuros integrantes del Poder Judicial queda claro el objetivo primordial de la llamada cuarta transformación: someter la justicia a sus intereses.

La aprobación de 547 aspirantes a formar parte del sistema de justicia deja también al descubierto el virreinato que pretende establecer el ex ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, quien logró colocar en esta lista a nueve de sus allegados, quienes trabajaron directamente con él cuando presidió la SCJN.

Además, el ahora coordinador general de Política y Gobierno del gobierno de Claudia Sheinbaum igualmente está acusado de conflicto de interés, pues además de su puesto en el gobierno federal morenista también presidía el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo de donde “casualmente” salieron sorteados sus allegados.

Cabe señalar que el ex ministro Zaldívar “oportunamente” se enfermó el día de la votación de los integrantes de la lista del Poder Ejecutivo, por lo que dejó toda la responsabilidad a las comisionadas que llevaron a cabo la evaluación; plan con maña por parte del funcionario federal, pues ahora acusa de misóginos a quienes han levantado la voz ante tal nepotismo.

Pero no solamente Zaldívar es acusado de conflicto de interés, también existen denuncias en contra de varios legisladores de Morena, quienes han sido señalados por influir en la integración de listas de candidatos de los comités de evaluación, lo que ha generado preocupación sobre la ya muy cuestionada imparcialidad del proceso.

Hasta el cierre de esta edición más de 170 impugnaciones han sido rechazadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo cual ha dejado fuera a aspirantes con derecho a participar, lo que constituye una violación a sus garantías individuales.

La elección programada para el próximo 1 de junio llega cargada de irregularidades y con el claro propósito del grupo oficialista de debilitar al Poder Judicial, además de ponerlo en manos de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Estamos ante el comienzo de nuevos cacicazgos en el sistema nacional de justicia, en donde quienes tomarán las decisiones en materia judicial responden a intereses particulares, lo que pone en riesgo a la República y su división de poderes.

Febrero marcó el fin de la justicia meritocrática, al menos en el Poder Judicial, pues, ahora, llegas a puestos judiciales sólo por ser amigo, en este caso, de Arturo Záldivar o de alguien afín al grupo oficialista.