Las juventudes mexicanas, como estrategia esencial para el rescate de México

Las juventudes mexicanas representan, en la actualidad, alrededor del 30.0 por ciento de la población, es decir, más de 37.7 millones de personas entre los 12 y 29 años de edad. De este porcentaje, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 23.9 millones viven en alguna de las 74 zonas metropolitanas identificadas dentro del territorio nacional, mientras que 13.8 millones radican fuera de estas zonas, experimentando con poca distinción entre cada región el olvido del Gobierno federal, padeciendo los desafíos que enfrenta la nación desde una posición nada privilegiada.

Algunos expertos señalan que los retos más importantes se presentan en materia de pobreza, deficiente educación, insuficiente acceso a la salud, escaso trabajo y limitado acceso a espacios libres de violencia. En este contexto, se ha señalado a la juventud como los nuevos “olvidados” de la llamada cuarta transformación.

De manera puntual y como contexto de los problemas mencionados, las y los jóvenes mexicanos, para el 2022 de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) en su estudio de pobreza por población (a escala municipal), indica que 20 millones 731 mil 996 mexicanos de entre 0 y 17 años viven en pobreza, y de forma específica entre jóvenes de 18 a 29 años se calcula que por lo menos 11 millones viven en condiciones de precariedad.

Ahora bien, en cuanto el tema educativo, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) en 2023 advirtió que el país atraviesa por una crisis importante, pues se estimaba que poco más de 6 millones de personas menores de edad no se encuentran inscritas en ninguna institución educativa, situación que se agrava entre las comunidades pertenecientes a alguna minoría, al mismo tiempo que enfrentan barreras de otro tipo como lo es el idioma, la lejanía en los planteles y la falta de infraestructura, entre otros factores.

Otro de los retos a superar es la violencia prevaleciente a lo largo de toda la República Mexicana, en donde las autoridades federales han fallado en su responsabilidad. Hasta el mes de noviembre de 2023 los datos de Incidencia Delictiva del Fuero Común revelaron que poco más de 2 mil menores de edad fueron asesinados (enero-noviembre 2023); asimismo, se indica que la enditad donde se concentraron las más grandes violaciones a los derechos de niños y adolescentes fue el Estado de México, el cual posee la mayor población infantil y adolescente en el país hasta el 2020.

Al respecto, una Investigación de la Red de los Derechos de la Infancia en México (REDIM) señaló que el 2023 fue el año con más asesinatos, secuestros, reclutamiento, desapariciones y otras graves violaciones de sus derechos. A esta problemática debemos agregar que las condiciones de precariedad y algún tipo de abuso se intensificaron en el periodo por el que atravesamos de la pandemia de COVID-19, a tal grado de reconocer por parte de nuestras autoridades federales que las y los jóvenes son la población identificada con menos posibilidades de elevar su calidad de vida.

Aunado a todas las limitaciones que se han descrito, en los paquetes económicos y presupuestos de egresos de los últimos seis años se ha experimentado el desamparo de las y los mexicanos más jóvenes, reduciendo el presupuesto para la primera infancia, salud y educación de niñas, niños y adolescentes, teniendo, por otro lado, megaproyectos y obras faraónicas que año tras año se han visto incrementados.

El panorama al que nos enfrentamos refiere además a los diversos contextos que los jóvenes mexicanos atraviesan, pues mientras se habla del escaso interés que estos tienen con la vida política del país, poco se ha entendido de sus prioridades y medios de expresión y comunicación.

El desinterés mostrado en los últimos años se ha implantado en las dinámicas gubernamentales hacia las juventudes y constituye uno de los principales elementos que tendremos que corregir a la hora de buscar la ruta para cambiar esta grave realidad.

Valorar el papel de las y los ciudadanos jóvenes es fundamental para retomar el rumbo del país. En este sentido, los gobiernos locales humanistas han sido siempre reconocidos por su labor en esta materia, basándose en dos ejes fundamentales: involucrarlos de manera efectiva en la toma de decisiones y en comprender su entorno y el de la vida comunitaria, permitiendo que accedan a espacios de comunicación y participación efectiva donde se promueve la inclusión; y segundo, se facilita el acceso a la información, teniendo como estandartes los servicios básicos y los canales de oportunidad para proyectar y mejorar su calidad de vida.

Hoy en día, Acción Nacional incentiva la participación ciudadana y el Bien Común entre sus simpatizantes jóvenes, entendemos nuestra responsabilidad con ellos y por eso trabajamos arduamente en alcanzar gobiernos cercanos e incluyentes, con la premisa de regresarles su confianza en las instituciones y en los procesos democráticos. ¡Jóvenes participativos e informados para un México más fuerte!

Antonio Arámbula es Presidente Municipal de Jesús María, Aguascalientes.