Defiende PAN libertad de expresión

El presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, presentó una acción de inconstitucionalidad ante el Poder Judicial de la Federación contra la llamada Ley Censura, aprobada recientemente por el Congreso de Puebla, la cual pretende criminalizar a cualquier ciudadano que se exprese en contra del gobernador morenista Alejandro Armenta Mier.

Y es que el problema trasciende a Puebla, en donde con la Ley Ciberseguridad, mejor conocida como “ley censura”, se castiga hasta con tres años de prisión a quienes a juicio del gobierno cometan ciberasedio o ciberacoso, cuando lo que en realidad se está haciendo es reprimir la libertad de expresión a quienes critican al gobierno.

En tanto, en Campeche un juez vinculó a proceso al periodista Jorge Luis González, ex director del diario Tribuna, además cerraron el diario, le prohibieron ejercer el periodismo durante dos años y le impusieron una multa de 2 millones de pesos o el embargo de su casa si no puede pagar, por delitos de incitación al odio contra la gobernadora Layda Sansores, a quien tampoco le gusta que la critiquen.

Otra muestra es Código Magenta que ha informado sobre casos de huachicol como el de Ricardo Peralta, de quien documentó irregularidades como titular de la Administración General de Aduanas, como subsecretario de Gobernación y como operador territorial del Morena; por ello, los demandó acusando daño moral, cuando de lo que en realidad se trata es de otro atentado contra la libertad de expresión y el derecho a la ciudadanía de estar informados sobre asuntos de interés público.

A la lista se suman los casos en la red social X, espacio que ha sido objeto de que personas sean multadas y obligadas a pedir disculpas públicas, porque a gobernadores o políticos de Morena no les ha gustado lo que se ha publicado sobre ellas o ellos.

También destaca el caso del periodista Héctor De Mauleón, a quien recientemente se le sancionó por ser “violentador de género”, lo anterior por publicar un artículo donde denunció las redes de tráfico de huachicol y su conexión con el poder judicial de Tamaulipas. En las siguientes páginas puedes leer la entrevista exclusiva que nos concedió el periodista.

Desde las oficinas del Poder Judicial de la Federación en la Ciudad de México, el dirigente panista destacó que esta acción, respaldada por más de 8 mil 500 firmas ciudadanas, será la primera prueba del nuevo Poder Judicial.

“Nosotros vamos hacer un llamado al Poder Judicial para que se definan, nosotros no los prejuzgamos, nosotros estamos atentos a cómo habrán de juzgar: defendiendo las libertades de la Constitución o defendiendo al Poder”, sentenció.

Romero Herrera también anunció que el PAN promoverá un amparo universal contra las nuevas leyes del espionaje patrimonial —a las que el diputado federal Federico Döring calificó como “bienespiar”—, recientemente aprobadas en el Congreso federal e invitó a la ciudadanía a sumarse a esta defensa de sus derechos.

“Les decimos a los ciudadanos: tú también tienes el derecho de ampararte y de decir me amparo contra esta disposición, a mí no me vas a negar publicar lo que se me antoje”, expresó.

Por su parte, el diputado federal Federico Döring señaló que las nuevas leyes que permiten al gobierno vigilar el patrimonio de las personas constituyen un ataque frontal a la privacidad y a las libertades. “Estas reformas son, en realidad, leyes de bienespiar, un instrumento más para espiar y perseguir ciudadanos bajo el disfraz de combatir la corrupción”, afirmó.

El presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del PAN en Puebla, Mario Riestra Piña, alzó la voz contra un ordenamiento que vulnera la Constitución y afecta potencialmente la libertad de expresión de los poblanos. “El Partido Acción Nacional seguirá dando la batalla en favor de las libertades y siempre de la mano de la ciudadanía”, afirmó.

En tanto, la secretaria del CDE, Genoveva Huerta Villegas, reiteró que Acción Nacional seguirá alzando la voz para defender a quienes piensan distinto. “Defenderemos a la ciudadanía desde todas nuestras trincheras, en el Congreso del Estado se defendió el derecho a pensar distinto; desde la Cámara de Diputados alzamos la voz porque nos querían poner a la ciudadanía y a las familias una mordaza; y desde el Senado se exhibe todos los días la vena autoritaria de Morena”, señaló.

El director jurídico del CEN, Santiago Torreblanca, explicó que de ser admitida y fundada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación se declarará la inconstitucionalidad del artículo 480 de la Ley de Ciberasedio de Puebla. En coordinación con el Comité Estatal, agregó, se implementará un modelo de amparo a disposición de la sociedad civil y periodistas que se promoverá en los tribunales locales de manera paralela a la acción de inconstitucionalidad.

La diputada federal Kenia López Rabadán contrastó las dos visiones de país: la de Morena, que censura y espía, y la de Acción Nacional, que defiende las libertades. “Como partido presentamos esta acción de inconstitucionalidad a favor de la ciudadanía, lo que está pasando en Puebla es una vergüenza histórica porque cuando eran oposición exigían libertades y hoy que Morena es gobierno quieren censurar y espiar a los poblanos. Si no levantamos la voz, eso pasará en todo el país”, advirtió.

El académico Luis Enrique Sánchez, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, señaló que el artículo 480 no protege a las víctimas, sino al poder al reintroducir la difamación penal con ambigüedad.

“Esta reforma no es compatible ni con el artículo 6º de nuestra Constitución, ni con los tratados internacionales que México ha firmado”.

El ex policía cibernético Jesús Alfredo Páez San Martín advirtió que la Ley de Ciberasedio, por su falta de rigor técnico, puede vulnerar derechos y pidió legislar de manera correcta para proteger a las víctimas de delitos digitales.

“Agradecemos el apoyo de la sociedad, de activistas, colectivos y periodistas que se han sumado a esta lucha”, puntualizó.