Cuarto aniversario de la invasión de Rusia a Ucrania: crisis humanitaria, crímenes de lesa humanidad y la ambigua posición del gobierno mexicano

El 24 de febrero de 2026 se cumplen exactamente cuatro años desde que Rusia comenzó la invasión a gran escala contra Ucrania. Lo que en un inicio fue denominado “operación militar especial” se ha convertido en una guerra de agresión que ya muchos analistas políticos definen como la más destructiva en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, lejos de pensar que podría estar en una etapa de agotamiento, durante el invierno de 2025-2026, el conflicto se ha intensificado creando una de las crisis más fuertes en Ucrania.

Según datos de la Misión de Observación de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas en Ucrania (HRMMU por sus siglas en inglés), 2025 fue el año más letal para los civiles ucranianos desde 2022: se reportan aproximadamente 2 mil 514 muertes y 12 mil 142 heridos, un aumento del 31 por ciento respecto a 2024 y de 70 por ciento respecto a 2023. Por su parte, la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) reportó que se calcula que alrededor de 11 millones de personas han sido forzadas a abandonar sus hogares, de las cuales 10.6 millones permanecen desplazadas internamente o como refugiados en Europa y otros países. Además, Ucrania denuncia el secuestro sistemático de niños, al menos 19 mil 546 menores han sido trasladados a Rusia, alrededor de 4 mil 390 huérfanos ya se encontraban en instituciones rusas desde 2023.

Una de las principales estrategias de Rusia ha sido la destrucción de la infraestructura energética ucraniana. Desde octubre de 2022, Moscú ha lanzado oleadas masivas de misiles y de drones contra plantas de energía, líneas de transmisión y de depósitos de gas y petróleo. En diciembre de 2025, Rusia ejecutó uno de los mayores ataques registrados con aproximadamente 500 drones y misiles dirigidos principalmente al sur del país, incluyendo Odesa. En 2026, durante el mes de enero hubo ataques casi diarios con cinco oleadas a gran escala que afectaron al menos 17 regiones y Kiev, la capital. En febrero, cientos de drones y misiles impactaron en líneas de transmisión de alto voltaje, obligando a Ucrania a solicitar ayuda eléctrica de emergencia a Polonia. Lo anterior, ha provocado que Ucrania pierda más del 50 por ciento de su capacidad de producción energética. El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha calificado estos ataques como violaciones claras del derecho internacional humanitario debido a que millones de personas han enfrentado cortes prolongados de electricidad, calefacción y agua en temperaturas bajo cero. Amnistía Internacional ha documentado testimonio de civiles que han pasado semanas sin luz ni agua corriente. Convirtiendo el invierno en un arma de guerra.

Desde hace cuatro años, la comunidad internacional, especialmente la Unión Europea y sus aliados impusieron bloqueos económicos sin precedentes, tales como la prohibición total de importaciones de petróleo crudo ruso por mar, extendida a productos refinados y gas natural licuado ruso; tope dinámico al precio del petróleo ruso; prohibición de transacciones con más de 40 bancos rusos; ampliación del veto SWIFT a un veto total; congelamiento de activos de empresas clave en conjunto con Reino Unido y Estados Unidos; prohibiciones de exportación de bienes de doble uso, tecnología militar y artículos de lujo, y medidas contra la evasión en terceros países y contra el complejo militar industrial ruso. Además, han realizado vetos a importaciones de uranio enriquecido y sanciones directas a gigantes energético rusos teniendo como objetivo principal sofocar los ingresos de guerra de Moscú y limitar su capacidad militar.

Lamentablemente, estas acciones no han tenido el efecto esperado. El antecedente de los intentos de paz nos remite a los Acuerdos de Minsk I en 2014 y Minsk II de 2015 impulsado por Alemania, Francia y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) para resolver el conflicto en Donbás, nunca se cumplieron por parte de Rusia. En marzo de 2022, las negociaciones de Estambul generaron un borrador de acuerdo, pero tras la masacre de Bucha, la falta de garantías de seguridad y la desconfianza mutua no se concretaron. En 2024, la Cumbre de Paz de Suiza reunió a 92 países en apoyo al plan de 10 puntos de Zelensky, Rusia no participó y no hubo avances vinculantes. En 2025, bajo la presión de Estados Unidos, se reanudaron las rondas directas, pero la insistencia rusa en reconocer sus nuevas fronteras, neutralidad ucraniana y veto a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Por su parte, Ucrania exige retirada total de tropas, integridad territorial y garantías de seguridad reales, ya sea a través de la OTAN o de tratados multilaterales.

Esta guerra ha desatado condenas alrededor del mundo en favor de la paz y contra la agresión ilegal de Rusia en Ucrania, pero la Secretaría de Relaciones Exteriores del gobierno mexicano ha sido ambigua. Por un lado, en febrero de 2025 votó a favor de la Resolución de la ONU: “avanzando hacia una paz integral, justa y duradera en Ucrania” (A/RES/ES-11/7), pero ha omitido pronunciarse ante los ataques desmedidos, los refugiados, la crisis humanitaria o los crímenes de lesa humanidad, esto contrasta con lo que en los gobiernos morenistas se han dedicado a decir: que se rigen por la política exterior establecida en la Constitución y se alinean más con una percepción de simpatía hacia Rusia. Esto se vincula además a que el personal diplomático ruso creció un 60 por ciento desde 2022 y la información de The New York Times en la que se reveló que Estados Unidos había entregado una lista de más de 20 presuntos espías rusos que operaban desde la embajada, a los gobiernos de López Obrador y de Sheinbaum.

A cuatro años del inicio de esta guerra podemos resumir que la tragedia en Ucrania no es solamente un conflicto regional, se ha convertido en una prueba constante para el orden internacional basado en reglas. El cese al fuego tiene que llegar acompañado de garantías para los ucranianos como el respeto a su territorio y sistema de seguridad colectiva en el mundo.