Respetar la ley para fortalecer el sistema democrático

La senadora panista, Kenia López Rabadán, aseguró que “Morena y sus llamadas corcholatas violaron la ley y el Estado de Derecho con un evento realizado en Toluca, Estado de México, ya que con ello adelantan su plan político para hacerse del Estado de México y con la Presidencia en 2024”. Por su parte, Mario Delgado, dirigente de Morena, aseguró que los tiempos han cambiado y los aspirantes son libres de hacer campaña. Sin embargo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó las medidas cautelares emitidas por el Instituto Nacional Electoral (INE) en contra de los aspirantes de Morena para que se abstengan de realizar y participar en eventos proselitistas.

Para tener claridad sobre la decisión del INE, ratificada por el TEPJF, la revista La Nación conversó con Fernando Ojesto Martínez Manzur, quien es Maestro en Derecho por la Universidad de Columbia, en Nueva York, licenciado en Derecho por la UNAM y candidato a Doctor en Derecho por la UNAM.

Explicó que la medida cautelar emitida por el INE significa que no se ha resuelto el fondo del asunto, es decir, son medidas para que no se vuelva a repetir un probable ilícito, porque, a consideraciones del buen derecho, es posible que Morena y los servidores públicos que participaron en dichos eventos hayan cometido actos anticipados de campaña, que exista una violación a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y se genere una inequidad en la contienda para 2023, en el Estado de México y Coahuila, y la elección federal del 2024.

También, precisó el especialista en Derecho, lo que sostiene el Tribunal y el INE, en primera instancia, es que no hay violación al derecho político de los aspirantes morenistas, como afirmó Mario Delgado, porque lo que se hace es prevenir que se puedan violar valores constitucionales, principios y asegurar la equidad en las próximas contiendas.

Sobre las posibles sanciones a las “corcholatas” morenistas, Fernando Ojesto explicó que de acuerdo al nuevo criterio de la Sala Superior hay un catálogo por infracciones a la normativa electoral y que, en dado caso de que se vea una reiteración, una sistematización de las infracciones electorales, entonces, puede llegar el caso de la pérdida del modo honesto de vivir.

“¿Qué quiere decir?, que se suspende el derecho político a ser votado, porque es un requisito de legibilidad que establece el artículo 35 de la Constitución; por lo tanto, hay que tener cuidado en esto, porque los que probablemente quieran competir para el 2023 ó 2024, si se confirma que cometieron infracciones a la normativa electoral y son sistemáticas, en dado caso, podrían perder su derecho a ser votados.

Cuestionado sobre la aparición de bardas pintadas en edificios públicos con la leyenda “Para que siga la transformación #EsClaudia”, lo que es una clara promoción en favor de Claudia Sheinbaum rumbo a la sucesión presidencial, el maestro en Derecho aseguró que, en primer lugar, no se puede colgar propaganda de ningún tipo, electoral ni político, en edificios públicos, ya que es una prohibición que establece nuestra normativa electoral y será acreedor a una sanción.

El maestro Ojesto Martínez Manzur precisó que, hay otro tema, el de actos anticipados de campaña, y lo que se tendría que hacer es presentar, que seguramente los partidos políticos ya presentaron su queja en contra de esta publicidad, y que el INE la analizará y posteriormente emitir medidas cautelares, además, quien decidiría el fondo del asunto será el Tribunal Electoral, si realmente son actos anticipados de campaña.

El también catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM y consultor internacional en materia electoral, añadió que si realmente se ve que es una campaña orquestada y aunque no diga vota por mí, pero que se note la intención de buscar posicionar a una persona a un cargo de elección popular, se puede declarar que se trata de actos anticipados de campaña.

En cuanto a la propuesta de reforma electoral enviada por el Ejecutivo, en la que plantea la reducción de los miembros del INE, el catedrático universitario explicó: “Podría ser viable, pero no es lo que se espera. Yo estoy seguro que el INE, si bien es cierto, es el máximo órgano de decisión, este instituto tiene atrás una estructura impresionante para hacer elecciones”.

El especialista en Derecho Electoral reiteró que el INE funciona, ya que se han tenido elecciones exitosas, desde el punto de vista de organización, por lo menos en los últimos 25 años en nuestro país y, sobre todo, se han tenido elecciones libres, auténticas y periódicas gracias al trabajo de las instituciones electorales. Entonces, en este momento del juego democrático y de los tiempos electorales, parecería muy grave que se le tocara a la estructura del INE, pues podría poner en entredicho un proceso electoral, además de que no se tiene el tiempo para implementarse.

Con respecto a la propuesta presidencial de que los consejeros y magistrados electorales sean electos mediante el voto directo de los mexicanos, Fernando Ojesto señaló que desde el punto de vista del derecho y de las reglas democráticas no puede ser que un árbitro sea electo por la ciudadanía, es contradictorio que un árbitro, al final de cuentas, tenga que caerle bien a la ciudadanía, no tiene que ser un concurso de popularidad. El árbitro debe tener un perfil específico, tener conocimientos, demostrar imparcialidad e independencia en su actuación y aplicar la ley. Desde mi punto de vista, esa propuesta de reforma no puede pasar.

Finalmente, Fernando Ojesto Martínez Manzur insistió en que el actual sistema electoral del país ha funcionado durante los últimos 25, se ha avanzado y es claro que puede ser perfectible, pero lo que se debe hacer es fortalecer a las instituciones.