Política y reconocimiento

La mayor crisis de nuestros días se origina en la falta de reconocimiento de la supremacía de la dignidad humana y de su preeminencia sobre cualquier forma de organización política. Desde su fundación, Acción Nacional se propuso como alto objetivo: “El reconocimiento de la eminente dignidad de la persona humana, y la garantía de todos los medios físicos y espirituales requeridos para garantizar con eficacia esa dignidad”.

Los Estatutos de 1939 consignaban el imperativo del reconocimiento de la eminente dignidad humana, apuesta fundacional que debe ser dilucidada conceptualmente para comprender sus profundas implicaciones en la teoría y en la práctica política. En una carta de Manuel Gómez Morin fechada en junio de 1939, el fundador del Partido sintetizaba así los anhelos de la futura organización: “hemos pensado en Acción Nacional. Nacional, en cuanto postula la primacía de la Nación. Quiere la afirmación de sus valores esenciales de tradición, de economía, de cultura y busca inspirar la ordenación jurídica y política de la Nación, en el reconocimiento de la persona humana concreta cabal y de las estructuras sociales que garanticen verdaderamente su vida y su desarrollo”.

Paul Ricoeur admitió, en su momento, el déficit de una teoría del reconocimiento “digna de este nombre”. De ahí el esfuerzo que realizó para dilucidar lo que podemos llamar los órdenes o esferas que se dan en los caminos del reconocimiento. Usualmente pensamos en el reconocimiento como algo que le es dado a una persona, como un diploma o constancia de logro, pero de esta forma dejamos de lado que el reconocimiento es algo que se le debe a las personas, una especie de hipoteca que pende sobre la comunidad política y que demanda reverencia y devoción hacia cada individuo.

El reconocimiento comienza con el discernimiento, con la claridad por parte del sujeto para saberse merecedor y demandar lo que le corresponde de acuerdo a un mínimo de justicia. La primera esfera en la que la persona es sujeto de reconocimiento es la familiar, de ahí la importancia, por parte del Estado, de garantizar lo mínimo indispensable para la plena autonomía y suficiencia de las familias.

Desde los Principios de Doctrina de 1939 se definió a la familia como una comunidad natural y se defendió la necesidad de un salario decoroso. Tan pronto como en 1956 los diputados Manuel Sierra Macedo, Federico Sánchez Navarrete, Patricio Aguirre, Alfonso Ituarte Servín, Jesús Sanz Cerrada y Manuel Cantú Méndez presentaron una reforma a los artículos 27 y 123 constitucionales para regular la organización del patrimonio familiar.

Así que la primera arena de defensa del reconocimiento se da en la esfera de la intimidad, ya que como bien afirma Ricoeur: “la familia constituye una forma de vivir-juntos, representada por toda la gente de la casa, que no reúne más que un número limitado de personas”. En esta esfera a la vez limitada e íntima es donde la persona, por vez primera, es reconocida como alguien con el que se está en deuda permanente.

La siguiente esfera del reconocimiento se da en el plano jurídico: es la lucha constante por darle a cada quien lo que le corresponde como un mínimo imperativo de justicia social. Aquí es donde el PAN revolucionó las conciencias cuando postuló que el Estado no ofrece garantías o derechos: el Estado no es una instancia de concesión de privilegios o de garantía de prestaciones, sino una instancia artificial, creada por personas para estar al servicio incondicional del reconocimiento de las prerrogativas esenciales de cada uno. Desde su fundación, Acción Nacional introdujo la idea de que cada persona posee derechos que son inalienables y universales, esta tesis se reflejó, finalmente, en la reforma en materia de derechos humanos que se dio hasta 2011 en nuestra Constitución.

Es en el ámbito de los derechos en donde hoy se libra la más grande batalla entre un Estado que pretende satisfacer necesidades a punta de reformas constitucionales y legales, y personas concretas que cada día ven más limitadas sus posibilidades de participación en las esferas social, económica, política y cultural. Para Ricoeur, ninguna ampliación de derechos se puede dar si no es acompañada de una igual ampliación de capacidades básicas necesarias para su ejercicio: “Lo que se llama la dignidad humana no puede ser más que la capacidad reconocida de reivindicar un derecho”.

Por último, Ricoeur menciona la esfera de la estima social, ámbito sumamente problemático e incluso conflictivo en el que concurren quienes tienen igual derecho a que otros se sepan deudores. Recaen aquí, sobre cada persona, los principios éticos de Emmanuel Lévinas: cada individuo está obligado a ver a los demás como un ser elevado, con el que se está en deuda perpetua y ante quien hay que ocuparse de manera decidida a cada instante.

La esfera que culmina la dinámica del reconocimiento conlleva la revolución moral de las conciencias hacia un sentido de solidaridad y deuda social permanentes. Aquí es donde se debe reconstituir la política actual desde sus bases para ponerla de rodillas ante cada persona. En la nueva dinámica del reconocimiento es indispensable un servicio público sometido a necesidades auténticas, bajo una dinámica de entrega sin límites y sin miramientos, con la conciencia plena de que la política es privilegio de servir y oportunidad sin igual de entrega.

La lucha por el reconocimiento es el motivo principal del descontento que aqueja a nuestras sociedades y una de las razones por las que el populismo ha sido capaz de canalizar la ira y la indignación de millones de seres humanos a lo largo del mundo. Ya Slavoj Zizek nos había alertado acerca de la lucha que hoy se vive en el mundo: “el anhelo de reconocimiento, en tanto insatisfecho, constituye la razón necesaria del desarrollo de las luchas históricas…”.

El Estado no es una realidad eterna ni sagrada, es una creación humana, un logro evolutivo y un artificio fundamental para organizar colectividades bajo una nueva dinámica de solidaridad mundial e intergeneracional; es una maquinaria creada para servir sin límites a cada persona individual. La vieja justificación del Estado como instrumento al servicio de la paz tal como lo teorizó Hobbes, es insatisfactoria mientras la paz sea definida negativamente como mera ausencia de violencia.

La paz es una condición positiva de la convivencia humana basada en la convicción de que la misión individual de cada persona sólo se puede realizar en comunidades solidarias afianzadas por el mutuo reconocimiento. Hoy la dignidad de la política tiene que corresponder a la luminosidad del rostro humano, mientras que la eficacia de la política debe probarse a cada momento en la capacidad para responder al llamado humano de mayor plenitud y realización personales.

Twitter: @JavierBrownC