Opinión pública y democracia

Desde que los atenienses crearon el régimen democrático, la libertad de expresión y la vitalidad del espacio público político han conformado un binomio indisoluble sin el cual, la democracia languidece y se extingue.

Los regímenes democráticos contemporáneos se caracterizan porque hacen frente, de manera por demás eficaz, a los intentos de concentrar el poder y de hacer que prevalezca la dinámica propia de facciones que en sus ánimos privatistas, atentan de forma directa contra el bien común.

La prensa libre e independiente es un logro de la modernidad, que se desarrolla a la par que el modelo parlamentario, diseñado para controlar los posibles abusos de poder, vigilar de forma permanente a la autoridad y someterla periódicamente a un ejercicio republicano de rendición de cuentas.

El espacio de la opinión pública es para nosotros, lo que para los atenienses lo fue el ágora:  un ámbito de encuentro libre y plural, abierto a la deliberación, en el que las personas participaban en igualdad de condiciones y hacían uso de sus habilidades oratorias para tratar de persuadir a las audiencias.

El declive de la democracia en Atenas coincidió con la apatía respecto a la participación en los asuntos públicos, y con la presencia permanente de demagogos incontrolables que, de manera dolosa, manipulaban percepciones y estimulaban a sus oyentes a emprender hazañas temerarias. Los constantes pleitos entre los particulares, la división radical entre opiniones extremas y la manipulación de la opinión pública están también en la raíz de la erosión de los regímenes democráticos.

Desde la Revolución Francesa, se postuló que los derechos humanos son naturales, inalienables y sagrados, y que su negación está en la raíz de los males públicos: “la ignorancia, el olvido o el menosprecio de los derechos del Hombre son las únicas causas de las calamidades públicas y de la corrupción de los Gobiernos”.

El derecho a la libre expresión de las ideas ha sido consignado por las constituciones de los Estados democráticos, desde la primera enmienda de la Carta Magna de la recién creada nación llamada Estados Unidos de América, hasta nuestros días.

La libertad de opinión es, junto con el derecho a la vida, el más sagrado de los derechos que las constituciones consignan. Las personas tienen derecho a conocer la verdad, y en esta búsqueda interminable, deben contar con un espacio libre de deliberación y opinión ajeno de cualquier interferencia gubernamental.

Las limitaciones a la libertad de expresión, en cualquiera de sus formas, coacción, violencia, intimidación o descalificación a ultranza, violan de forma abierta un derecho que sólo puede ser acotado cuando se daña a terceros, tal como lo establecieron los revolucionarios franceses: “el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre tan sólo tiene como límites los que garantizan a los demás Miembros de la Sociedad el goce de estos mismos derechos”.

Para Adolfo Christlieb Ibarrola, gran defensor de la democracia y de las libertades, las limitaciones a la libertad de opinión, en el fondo reflejan una visión equivocada de la persona humana y su dignidad: “Las restricciones a la información y a la formación de la opinión pública en materia política, al margen de las garantías constitucionales, traducen falta de fe en el diálogo humano y son producto de la desconfianza en el hombre y en sus opiniones libres. Tales restricciones producen inseguridad sobre la verdad que pueda haber en las afirmaciones de los órganos informativos y no es extraño que el ciudadano llegue a pensar, cuando quiere pensar todavía, que abierta o subrepticiamente se trata de orientar a la opinión pública, de manera uniforme, por quienes ocupan el poder”.

Cualquier intento de manipular a la opinión pública, desde las altas esferas del poder, equivale a instaurar la miopía de los asuntos públicos como un criterio ordenador, lo que es aberrante. Más allá todavía, cuando el poder político renuncia a proteger a la prensa, y en su lugar instaura un régimen de persecución y asedio, conduce directamente a la ciudadanía hacia la dictadura ideológica en la que una sola idea es válida, lo que destruye de raíz la pluralidad democrática.

De nuevo Adolfo Christlieb era claro al respecto: “la opinión pública basada en la justificación de las actividades del gobierno cierra a la ciudadanía vías de acceso al ejercicio de los naturales derechos políticos. No en balde se puede decir que la democracia es un gobierno de la opinión, porque al formarlo deben concurrir las diversas opiniones de los ciudadanos de un país”.

Tan sagradas son las libertades de imprenta y opinión que el asesinato de una sola periodista o de un solo periodista debe ser considerado como un crimen deleznable, que ofende y lastima a todo el aparato estatal. Las agresiones contra la prensa atentan contra una función social que es de interés público, porque el periodismo de investigación, las y los líderes de opinión y la prensa independiente son pilares para la formación del pensamiento crítico.

Sin un criterio claro para orientarse ante los asuntos públicos, la ciudadanía languidece y al final queda sometida al terrible sopor de la manipulación mediática, que cuando es orquestada desde el poder, habla elocuentemente de un régimen autoritario, que usualmente se mece sobre un mar de interminables y delirantes mentiras.

Hoy siguen siendo válidos los ideales de la ilustración, uno de los cuales es el de democracias en las que la ciudadanía tenga criterios claros y orientaciones eficaces ante las y los poderosos. De ahí que Christlieb postulaba que: “Sólo con una sociedad ilustrada será posible luchar contra la manipulación clientelar de las masas”.

Twitter: @JavierBrownC