Nicaragua, de cara a las elecciones 2021

Recientemente fuimos testigos de cómo la situación política en Nicaragua fue escalando de cara a las elecciones generales del próximo 7 de noviembre, en las cuales Daniel Ortega ya ganó.

Las detenciones de los principales líderes de oposición entre los que destacan precandidatos presidenciales como Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Miguel Mora, acusados de “traición a la patria”, fueron el detonante de una situación que comenzó a gestarse, como suelen hacer las dictaduras, destruyendo las instituciones y colocando a sus más cercanos en los puestos clave para mantenerse en el poder.

El pasado 4 de mayo, la Asamblea Nacional de Nicaragua eligió un nuevo Consejo Supremo Electoral sin pluralidad alguna, pues los diez nuevos Magistrados son militantes sandinistas y simpatizantes del régimen. Pero eso no es todo, el 21 de diciembre del 2020, el Congreso aprobó la Ley 1055, que es para la defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y la autodeterminación para la paz, misma que ha servido de marco para hacer las detenciones. Pues en el artículo 1 determina entre otras cosas que podrán ser penalizadas aquellas personas que alteren el orden constitucional, quienes demanden, exalten y aplaudan la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos […] quienes inciten a la injerencia extranjera en asuntos internos; quienes fomenten o insten a actos terroristas, entre otros. Pero, además establece que serán “traidores a la patria” los que lesionen los intereses supremos de la nación.

Es en este sentido que Daniel Ortega, con ayuda de la Asamblea Nacional, fue construyendo una estrategia para consolidarse nuevamente en el poder. Y es que además de los pre candidatos presidenciales también se encuentran detenidos dirigentes de oposición como José Pallais, José Adán Aguerri y Violeta Granera; el director de Banpro Grupo Promerica, Luis Alberto Rivas Anduray; los ex guerrilleros sandinistas Dora María Téllez Argüello, Hugo Torres Jiménez y Víctor Hugo Tinoco, y las activistas Tamara Dávila, Ana Margarita Vigil Guardián y Suyen Barahona. Además de tres ex trabajadores de la fundación Violeta Barrios de Chamorro. Por lo mismo, han tenido que exiliarse periodistas, entre ellos Carlos Fernando Chamorro y el abogado Elton Ortega, quien llevaba la defensa de Arturo Cruz y Juan Sebastián Chamorro.

Otro punto a destacar es la falta de consenso de la oposición, pues los dos únicos partidos que hubieran podido formar la alianza fueron el Partido de Restauración Democrática (PRD) y el de Ciudadanos por la Libertad (CxL) que debido a sus diferencias ideológicas perdieron la oportunidad de llevar a la oposición a la boleta, pues la Ley Electoral de Nicaragua establece que únicamente podrá participar una coalición bajo un partido político.

La situación escaló al grado que la comunidad internacional comenzó a manifestarse y debido a la grave violación de derechos humanos en las detenciones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó a la Corte Interamericana amparar a los líderes detenidos y a su grupo familiar por el grave riesgo que corren en su integridad personal. No obstante, el Estado de Nicaragua a pesar de ser firmante de la Carta Interamericana y estar en obligación de cumplir las medidas provisionales, tales como el respeto a la integridad física, la atención médica, derecho a abogados, comunicación con sus familiares y medidas alternativas de detención, no se ha pronunciado ni ha cumplido con lo solicitado por la Corte.

Por otro lado, el 15 de junio de 2020 la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó la Resolución del Consejo Permanente sobre la “Situación en Nicaragua” para expresar su preocupación por el creciente deterioro sobre el ambiente político y las instituciones democráticas. En una sesión convocada de manera extraordinaria y a petición de las Misiones Permanentes de Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Estados Unidos, Paraguay y Perú. Durante su intervención en la Sesión, el Embajador Luís Exequiel Alvarado Ramírez, Representante Interino de Nicaragua, comenzó a descalificar y a señalar la situación política de otros países por considerar que estaban interfiriendo en los asuntos internos de su país. Al final, la Resolución fue aprobada por 26 votos a favor, 3 en contra y 5 abstenciones entre las que se encontraron la de Argentina y México que presentaron una propuesta de Resolución alternativa en la que básicamente pedían no intervenir en los asuntos internos de ese país.

Sin embargo, días después tanto Argentina como México llamaron a consultas a sus Embajadores. Y señalaron en un comunicado conjunto que lo hacían debido a que se “han puesto en riesgo la integridad y libertad de diversas figuras de la oposición (incluidos precandidatos presidenciales), activistas y empresarios nicaragüenses”. Asimismo, anunciaron que “el gobierno debe garantizar la protección de los derechos humanos y hacer rendir cuentas a los responsables”.

México, una vez más de la mano de la 4T, se colocó del lado equivocado de la historia, tomando una postura errada frente a lo que debería ser la correcta aplicación de los principios de política exterior, que sin contravenir a lo establecido en el artículo 89 fracción X de la Constitución pudiera anteponer el respeto a los derechos humanos de todos los ciudadanos que están sufriendo en países como Cuba, Nicaragua y Venezuela.