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Por Héctor Larios Córdova.
A menos de un mes de que se lleven a cabo las elecciones más numerosas de la historia de México, se vive un clima de incertidumbre que, me atrevo a afirmar, no se ha vivido previamente.
Antes de enumerar los detalles que propician este clima, me parece importante destacar algunos de los episodios electorales más significativos que ha tenido nuestro país, para después aproximar algunas conclusiones que vaticinan una sociedad polarizada, un partido obligado a regenerarse y un México de riesgos que parecen inminentes al margen de conocer el resultado de la votación.
Dice José Woldenberg que el inicio de la transformación en México comenzó, entre otras variables históricas, con reformas electorales de gran calado que han ido perfeccionando la democracia.
La primera de ellas es la que se realizó a la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales en diciembre de 1977. Ésta facilitó la incorporación de partidos excluidos a la arena electoral, incluyendo a los que surgen tras años de insurgencia sindical, como el Partido Comunista Mexicano, el Socialista de los Trabajadores y el Partido Demócrata Mexicano.
Si hacemos un poco de memoria, recordaremos que el PAN hacía frente a un proceso de reflexión entre la doctrina y la estrategia, pues un año antes, en las elecciones de 1976, ninguno de los tres candidatos -Salvador Rosas Magallón, Pablo Emilio Madero y David Alarcón Zaragoza- que se dieron cita en la XXV Convención de Acción Nacional para elegir candidato a Presidente de la República obtuvo el 80 por ciento de los votos requeridos. No tuvimos candidato presidencial. Después se presentaron una serie de renuncias de militantes de raigambre como González Morfín. Consecuentemente, el PAN renovó su dirigencia nacional. José López Portillo gana la elección presidencial de ese año.
Casi 10 años después, procesar los resultados electorales generó conflicto, por lo que el reto que se enfrentó tuvo que ver con brindar garantías de imparcialidad. Para ello, surgieron el IFE y el TRIFE, y se abrió paso a una nueva reforma electoral para generar condiciones de imparcialidad, la de 1993. La representación del PAN en el Congreso se destacó por conducir un frente contra el gobierno, contra el PRI, obligándolos a discutir modificaciones en la Constitución. En acuerdo con el PRD, los panistas demandaron un Tribunal autónomo, modificaciones a la estructura del IFE, senadores de representación proporcional, equidad en la distribución del gasto a partidos y en la asignación de tiempos en medios de comunicación, entre otras.
La más reciente reforma electoral, la de 2014, mantuvo la ruta de la modernización democrática con miras a la calidad: transformó al IFE en INE, a los Institutos Locales Electorales en Organismos Públicos Locales Electorales, estableciendo un sistema de coordinación entre ambos, elevó el umbral para que un partido político pueda mantener su registro (del 2 al 3 por ciento), señaló términos para la realización de debates y para la regulación de encuestas, posibilitó las candidaturas independientes y la paridad de género en las candidaturas, entre otros.
Con esta reforma se escribió la primera página de la democracia moderna, el principio de una elección con características singulares.
Ahora bien, es singular y es atípica por muchos factores. Primero, por la disputa de 3 mil 406 cargos, en 156 mil casillas, con 88 millones de electores. Es la más grande de la historia.
Segundo, porque el episodio actual está ampliamente caracterizado por una creciente fragmentación política. La transición del 2000 rompió con la hegemonía en la que la democracia se coronaba entre tres partidos. La fragmentación del PRD originó a MORENA y la “modernización democrática” posibilitó las candidaturas independientes a través de las cuales algunos ya han obtenido triunfos electorales con resultados que crean “relaciones asimétricas”. Es decir, confrontan al sistema de partidos sobre el cual está cimentado todo el aparato del Estado y confabulan –sin querer, queriendo- polarización entre candidatos y bases de apoyo. Fortalecen el discurso antipolítico.
Los candidatos con o sin partido construyen atractivas narrativas que ofertan soluciones sin plantear consecuencias. Los electores en la oleada de propuestas posibles y falsas, se confunden sin cuestionar o participan sin considerar repercusiones.
Tercero, porque habrá que enfrentar con determinación el espiral de violencia y de inseguridad que viven muchos municipios con todo y sus candidatos; por el insuficiente crecimiento económico, por ser cauce de las expectativas de una generación que no da tregua al margen de error, ni a mantener el estatus “pendiente” al combate a la corrupción y al fortalecimiento de las instituciones que la prevengan y/o la persigan. También porque no puede ampliarse más la brecha de la desigualdad social.
Construir un gobierno de coalición requerirá de profundas reflexiones, del involucramiento de los mejores ciudadanos y de los mejores políticos para llevar a buen puerto el sexenio. Requerirá también de la generosidad de quienes representen al PAN en el próximo Congreso, de quienes dirijan al municipio o al estado. De quienes somos panistas y de todo aquel que con plena convicción emitió su voto en favor del cambio y de la estabilidad del país.
Requerirá, sin duda alguna, de la capacidad de todos para hacer frente a los siguientes retos electorales, que a su vez serán sólo un motivo más para perfeccionar nuestra democracia y para cuidar a nuestra institución.
La siguiente publicación de esta revista será después de que conozcamos el resultado electoral y el triunfo de muchos de los candidatos del Frente por México; ellos, han puesto todo su empeño, mismo que pretende ser reconocido en estas líneas.
Héctor Larios Córdova es Senador de la República por el estado de Sonora. Twitter: @LariosHector<br><br>https://revistalanacion.com/noticia/mexico-el-2-de-julio-de-2018/2018-06-18)
