La violencia en el sexenio de AMLO

Es difícil encontrar en la historia de México un momento con tanta violencia y criminalidad como el que vivimos ahora. El Estado ha dejado de cumplir su función más primaria que es garantizar la vida, la seguridad y la libertad de todas las personas. El crimen organizado ha buscado apoderarse de las policías y los ayuntamientos, y construir redes políticas locales de respaldo y protección.

Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador han sido asesinadas 165 mil 921 personas. Un número verdaderamente escalofriante, con todo y que, según la misma fuente, en 2023 hubo una disminución del 5 por ciento en el número de homicidios respecto al 2022. A lo anterior, se añaden los casi 50 mil desaparecidos en los últimos cinco años. Hay quienes dicen que la aparente disminución del número de homicidios se debe al exorbitante aumento del número de desaparecidos.

Según la más reciente Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del INEGI, el 74.6 por ciento de los mexicanos se sienten inseguros. Queda claro, pues, que la violencia es el principal problema del país. Y es un problema que no admite soluciones mágicas ni meramente voluntaristas.

Con acierto, la precandidata opositora Xóchitl Gálvez ha logrado colocar como principal tema de la campaña electoral el de la violencia e inseguridad. Por un lado, es el tema que más preocupación genera a los mexicanos y, por otro, es el tema en donde el actual gobierno está peor evaluado.

La ausencia del Estado es la que propicia que organizaciones criminales expandan sus actividades y generen más violencia. En este sexenio no ha existido una política real de desarticulación de las organizaciones criminales y es evidente que la política de “Abrazos, no balazos” no solamente no ha funcionado, sino que ha implicado una capitulación, cuando no abierta complicidad, del gobierno frente a los grupos criminales.

Por ningún motivo puede haber colusión ni connivencia con el crimen organizado. Sus expresiones de violencia no pueden ser toleradas. El Estado debe impedir, por todos los medios legales a su alcance, la proliferación de todo tipo de delitos que ponen en riesgo la vida, la integridad, la libertad y la seguridad de las personas. Está comprobado que la penetración del crimen organizado siempre va acompañada de la corrupción de los cuerpos de seguridad y de procuración de justicia.

La impunidad en México es alarmante y la complicidad de muchos actores políticos con la delincuencia es innegable. Por lo tanto, cualquier estrategia de seguridad que pretenda dar resultados pasa necesariamente por el fortalecimiento integral de los cuerpos de seguridad y de los órganos de procuración de justicia.

Tener policías municipales y estatales capacitadas y bien pagadas es indispensable, lo mismo que contar con fiscalías verdaderamente independientes del poder político y que dejen de tener el monopolio de la recepción y la investigación de denuncias; al igual que ocurre en otros países, quizá no sea mala idea que las policías locales tengan facultades para investigar ciertos delitos.

La Guardia Nacional debe transformarse en una fuerza civil, profesional, con altos estándares de calidad, con sueldos competitivos y esquemas de protección social para sus miembros. Además, hay que fortalecerla con áreas especializadas, como la de antisecuestros o la de ciberseguridad, y crear unidades para combatir los delitos de alto impacto que más lastiman a la población, como hoy en día son el homicidio doloso y la extorsión (el famoso “derecho de piso”).

Y en todas estas tareas, es urgente reconstruir por completo el sistema penitenciario: es sabido que muchos delitos se cometen desde las cárceles.

El fortalecimiento de las instituciones de seguridad y justicia no ha sido una prioridad del actual gobierno. La situación a la que hemos llegado es insostenible y sólo con una estrategia que combine inteligencia y firmeza podrán disminuirse los alarmantes niveles de violencia que tiene el país.

Fernando Rodríguez Doval es Secretario de Estudios y Análisis Estratégico del CEN del PAN.