La violencia como desafío presente de la democracia mexicana
Mayo 2024
ANAC
La violencia política constituye cualquier acto (como la intimidación o la amenaza) que sea utilizado para alcanzar un objetivo o modificar un resultado en los procesos políticos en las comunidades, y que en muchos casos tiene como consecuencia final la muerte; además de esto, se entiende como aquella que ocurre principalmente en el contexto electoral y que afecta a personas vinculadas al ámbito gubernamental o de representación popular, aunque es preciso resaltar que el impacto de este tipo de violencia perjudica además la percepción general en materia de inseguridad de las demarcaciones territoriales y constituye un importante factor a la hora de medir la situación general del país. Retomando lo antes mencionado, en el caso particular de México se debe considerar el panorama de violencia generalizada por el que atravesamos, el cual abona a esta problemática.
Hemos señalado también que nos encontramos en uno de los momentos y procesos electorales más importantes de nuestra historia, por lo que es necesario subrayar que es uno de los más violentos; como referencia de ello, en el proceso de 2018, la organización INTEGRALIA calculó 389 incidencias de violencia política, de los cuales 24 lamentablemente concluyeron en la muerte de aspirantes. Actualmente, la misma organización ha sumado 400 incidencias de violencia y un total de 28 candidatos finados (cifra que coincide igualmente con el segundo reporte de Violencia del Laboratorio Electoral). Es importante conocer que estas incidencias consideran a ex funcionarios, aspirantes y víctimas colaterales, destacando que son los candidatos a cargos municipales el objetivo prioritario, por lo que se calcula un promedio de 1.8 víctimas diarias de este tipo de violencia en lo que va del actual proceso electoral (septiembre de 2023 a abril del presente año).
Sobre esta misma línea destaca el hecho de que el crimen organizado representa uno de los motores que impulsan la propagación de la violencia política y generan un obstáculo real para la democracia mexicana; esto sin dejar de lado que las dinámicas transgresoras del crimen responden a la falta de seguridad en el país, lo cual por ningún motivo debe deslindar a las autoridades públicas en cuanto al cumplimiento de sus responsabilidades. Derivado de esta situación se puede presentar información referente a las entidades federativas que han padecido los estragos de este fenómeno.
A continuación, se presentan los 13 estados de la República donde se han concentrado las y los candidatos que han perdido la vida.
Candidatos Asesinados
- Guanajuato 2
- Estado de México 2
- Tamaulipas 1
- Veracruz 2
- Chiapas 2
- Jalisco 2
- Colima 1
- Michoacán 4
- Guerrero 7
- Ciudad de México 1
- Puebla 2
- Oaxaca 1
- Morelos 1
Fuente: Laboratorio Electoral, Segundo informe 2024.
Los expertos en esta materia han destacado que la violencia política predomina en territorios donde hay disputas entre grupos criminales y las personas aspirantes a puestos de elección popular del orden municipal son quienes concentran 73.4 por ciento de los ataques. De manera generalizada, hemos visto un incremento de la violencia electoral en el país, siendo más allá de una cuestión de números, algo que se debe analizar en términos de expansión territorial. Ante esta realidad, se ha revelado que 148 aspirantes han pedido protección al Instituto Nacional Electoral (INE), debido al peligro que representa ser contendiente en este proceso.
Desde los gobiernos locales y desde la Asociación Nacional de Alcaldes comprendemos que la violencia política constituye una ramificación de la violencia que experimentamos de manera generalizada y que esta problemática, como tal, sin duda afecta e interviene en los objetivos de la democracia, ya que esencialmente compone una violación a los derechos humanos, es por ello que desde cada orden gubernamental debemos poner en marcha acciones que, en primer lugar, pongan un freno a la ola de violencia y que a partir de ello se garantice un ejercicio seguro de todos los procesos electorales subsecuentes.
Algunas de nuestras propuestas, además del Protocolo de Seguridad y Actuación, están encaminadas a fortalecer nuestras instituciones electorales, para contar con las herramientas que nos permitan combatir la corrupción; al mismo tiempo, robustecer la seguridad pública en todos los órdenes de gobierno, previniendo el delito y abordando las causas subyacentes de la violencia política, como la desigualdad socioeconómica, la falta de oportunidades y otros factores externos que son importantes de atender.
