La militarización con López Obrador: un enfoque presupuestal

Durante enero de 2019 a noviembre de 2021, los homicidios dolosos, las amenazas, violación y robo a negocios son los delitos que más han incrementado, con tasas de 74, 59, 40 y 32 por ciento en comparación con el mismo periodo de análisis del gobierno de Peña Nieto. Durante este tiempo, en el país se cometieron al día 79 homicidios, 304 amenazas, 50 violaciones y 276 robo a negocios. Desde 2015 se han cometido 5 mil 440 feminicidios, es decir, 5 al día. Los homicidios dolosos y el robo a negocios son los delitos más imparables durante la administración de López Obrador, su acumulación es cada vez mayor en comparación con el mismo periodo de 2013 a 2015.

Esta dinámica muestra las graves fallas de la estrategia de la Guardia Nacional con López Obrador. Actualmente, la principal estrategia de seguridad pública contra la delincuencia, por parte del Gobierno federal, es a través de la militarización, lo que se refleja principalmente en los presupuestos de egresos de la Federación durante 2019-2022.

Para 2022 el gasto aprobado para seguridad pública será de 321 mil millones de pesos, un incremento de 17 mil millones de pesos. Este gasto se compone de Seguridad Nacional con un presupuesto de 116 mil millones de pesos, de Justicia con un presupuesto de 129 mil millones de pesos y de Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior con un presupuesto de 76 mil millones de pesos.

Por su parte, el Ejército Nacional tendrá un presupuesto de 205 mil millones de pesos, 140 mil millones de pesos de SEDENA, 104 mil millones de SEMAR y 63 mil millones de pesos de la Guardia Nacional. El presupuesto de las instituciones civiles encargadas de la seguridad (sin considerar Guardia Nacional) es de 55 mil millones de pesos, 18 mil millones de pesos a la FGR, 31 mil millones de pesos a la SSPC y 6 mil millones al Ramo de Gobernación.

Como se observa, desde 2014 a 2022, el presupuesto que maneja el Ejército en su conjunto es cada vez mayor al presupuesto de las instituciones civiles encargadas de la seguridad, su diferencia es de 150 mil millones de pesos más, la más alta desde que se tienen registros presupuestales.

Por otra parte, en 2019 y 2020 desaparece el presupuesto del programa presupuestal FORTASEG y del Programa Nacional de Prevención contra el Delito, significa que los municipios dejaron de recibir cerca de 8 mil millones de pesos por estos conceptos. Los únicos programas que permanecen para la seguridad local de los municipios es el FASP y el FORTAMUN por una cantidad cercana a los 104 mil millones de pesos. Desaparecer el programa de prevención del delito y el FORTASEG debilitó a las policías locales en los municipios.

En 2022 se le inyectarán más recursos presupuestales al Ejército Nacional y a la Guardia Nacional, la cantidad es de 205 mil millones de pesos, un incremento de 21 mil millones con respecto a 2021. Para 2022, las instituciones civiles encargadas de la seguridad tendrán un presupuesto de 55 mil millones de pesos, un incremento de 4 mil millones de pesos con respecto a 2021.

Los fondos locales para seguridad en los municipios tendrán un presupuesto de 104 mil millones de pesos, 10 mil millones de pesos más con respecto a 2021. Con estas cifras se muestra que es mayor el fortalecimiento a la militarización de la seguridad pública en el país que a las policías locales e instituciones de seguridad.

Observaciones

La estrategia de Seguridad Pública por parte del Gobierno federal se encuentra en desequilibrio. Por un lado, fortalece más la militarización de la Seguridad Pública sin otorgar mayores recursos presupuestales a las instituciones civiles de seguridad y a los municipios. Por ello, los principales delitos se acumulan cada vez más en comparación con el mismo periodo de la administración anterior.

La estrategia de militarizar la seguridad pública, es probable, genere que los municipios no puedan coordinarse con el gobierno. En su lugar, cada vez más dependerá de las políticas del Ejército Nacional, lo cual viola la independencia de los municipios.