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Por Marco Antonio Adame Castillo.
La situación de violencia e inseguridad que se vive en México es grave y resolverla debe ser una prioridad nacional, en esto coincidimos todos, pero la estrategia a implementar es donde hay diferencias y es de tal trascendencia que todas las voces deben ser escuchadas.
Previo a la votación de las reformas en la Cámara de Diputados, se realizó una jornada de audiencias públicas en las que participaron gobernadores, legisladores, alcaldes y especialistas de la sociedad civil, quienes expresaron sus preocupaciones respecto a las consecuencias de la militarización de la seguridad pública.
El Partido Acción Nacional con convicción y determinación democrática, expresó a través de sus legisladores que el parlamento abierto es una nueva forma de relación entre el Poder Legislativo y la sociedad, que debe impulsarse y consolidarse para logar que la participación ciudadana incida realmente en las decisiones del país.
Pero es lamentable que, tras la realización de las audiencias públicas, lo expuesto por los participantes no haya servido para modificar las reformas aprobadas y que esta práctica haya sido una simulación de parlamento abierto para justificar una imposición presidencial.
Durante las audiencias públicas, la preocupación más reiterada y que coincide con lo expresado por los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, fue que la militarización no es la solución y que la Guardia Nacional debería de ser una fuerza civil y no militar.
En el PAN siempre hemos reconocido la labor de las fuerzas armadas y su ferviente servicio a la patria. Sin embargo, creemos que su participación en labores de seguridad pública debe ser subsidiaria, no debe suplir la existencia de una policía civil y debe darse por un periodo de tiempo limitado en tanto se logra el fortalecimiento de las instituciones civiles.
En el mismo sentido se ha manifestado la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual afirmó que el mantenimiento del orden público interno y la seguridad ciudadana deben ser atendidos primariamente por cuerpos policiales civiles y que la participación de las fuerzas armadas en esta labor “sólo es posible de manera extraordinaria, es decir, en la medida en que resulte excepcional, temporal y restringida”.
Los impulsores de la Guardia Nacional se justifican afirmando que tendrá un mando civil y que no será militar por no estar enfocada a la defensa nacional. Esto es falaz, pues el dictamen aprobado establece claramente que su mando estará conformado por una “Junta de Jefes de Estado Mayor” compuesta en su mayoría por representantes de las fuerzas armadas; también que la Guardia Nacional tendrá un régimen interno y disciplinario de naturaleza militar, y que el reclutamiento, la jerarquía, la estructura orgánica y la dirección en la acción estarán en el ámbito militar, dejando únicamente la administración a cargo de autoridades civiles.
A su vez, la reforma aprobada amplió los alcances de la jurisdicción militar para investigar y sancionar delitos cometidos por los miembros de una corporación supuestamente “civil”.
En las audiencias públicas también se abogó por definir un marco legal y un régimen de transitoriedad de la participación de las fuerzas armadas en funciones de seguridad pública. No obstante, en lo aprobado se dejó abierta la continuidad de las fuerzas armadas en dichas funciones.
En cuanto a la necesidad de que se impongan requisitos de reclutamiento, permanencia, control de confianza y tutela de los Derechos Humanos, únicamente se establecen los requisitos homologados a los que se aplican en el reclutamiento militar, los cuales no contemplan controles de confianza. Otra de las preocupaciones manifestadas fue la defensa del federalismo.
En cuanto a los marcos de colaboración con las entidades federativas sólo se estableció la obligación de las policías estatales y municipales de aportar información a la Guardia Nacional, y la colaboración quedó únicamente mencionada como una facultad del Congreso para ser normada en un futuro.
Respecto al ámbito de competencias, contrariamente a lo esperado en un sistema federal, la Guardia Nacional tendrá facultades para atender cualquier fenómeno que afecte bienes jurídicos tutelados por el fuero común. Y no se definió ninguna garantía para el fortalecimiento de las instituciones estatales y municipales de seguridad pública.
Finalmente, no se establecen controles parlamentarios para la Guardia Nacional, pues se eliminó la facultad del Congreso para disolver la Guardia Nacional de ser necesario y únicamente se estableció la obligación de presentar un informe anual en el Senado.
En conclusión, lo aprobado por el bloque conformado por la mayoría de MORENA, con el apoyo del PRI, ignora las recomendaciones expresadas en las audiencias públicas y por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, por lo que Acción Nacional seguirá luchando para que México alcance la paz con la participación de la sociedad y del gobierno, en el marco de las instituciones y el respeto a los derechos fundamentales. Ya que es claro que el anhelo de seguridad y justicia, compartido por todos, no justifica que la solución se busque a cualquier precio o de cualquier manera, pues están de por medio las libertades y derechos de los mexicanos.
<strong>Marco Antonio Adame Castillo</strong> es Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados en la LXIV Legislatura.
<strong>Twitter: @MarcoAdame</strong><br><br>https://revistalanacion.com/noticia/la-guardia-nacional/2019-01-22)
