Ilegalidad y opacidad en la intensión de extinguir fideicomisos

El Gobierno federal, a través de su grupo parlamentario y de sus partidos satélites en la Cámara de Diputados, planea, por medio de un tijerazo, eliminar 13 de 14 fideicomisos del Poder Judicial y hacerse de esos recursos. Sobre esta decisión han surgido diferentes posicionamientos en materia jurídica y económica.

Para tener un punto de vista económico detallado sobre este tema, la revista La Nación entrevistó a Hernán Ahuja Domínguez, director del área económica en la Fundación Miguel Estrada Iturbide de la Cámara de Diputados, quien en un principio indicó que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que es la norma principal en materia de disciplina financiera de todas las dependencias del Gobierno federal y de todos los poderes autónomos o entidades, establece como un mecanismo auxiliar, tanto del Ejecutivo Federal como del Estado en su totalidad, crear fideicomisos.

Un fideicomiso, aclaró, no es más que una bolsa que autoriza el Gobierno federal, autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que las entidades puedan financiarse de alguna manera con recursos que genera esa bolsa a lo largo de un tiempo a través de intereses y la ley que los regula es la propia Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Hay que recordar, dijo, que cada dependencia del Gobierno federal tiene que firmar un convenio de responsabilidad con la Secretaría de Hacienda y cada uno tenía su mecanismo para ser utilizado en un momento, por ejemplo, el Fonden, fideicomiso que funcionaba como un fondo revolvente para que en el momento en que sucediera una eventualidad de carácter climatológico la dependencia, que en este caso era Hacienda, pudiera acceder a esos recursos.

Al referirse al tema de los fideicomisos del Poder Judicial, el especialista en temas económicos explicó que este fondo no es de la Federación, sino que son aportaciones de los trabajadores y este es uno de los debates más fuertes que se han interiorizado en el Congreso de la Unión, porque el argumento del Gobierno federal es que no se daña a los trabajadores, mientras que el argumento válido de la oposición es que sí se afecta, puesto que hay aportaciones para pensiones y estas aportaciones no vienen de recursos federales.

En cuanto a la posibilidad de que desde la Federación se haga un uso discrecional de los recursos extraídos de los fideicomisos, Ahuja Domínguez indicó que, al remitirse a la Ley Federal de Presupuesto, el artículo 9 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria habla de la extinción de estos fideicomisos y hay una frase importante en este artículo: “se extinguirán cuando así convenga al interés público”.

Pero ¿cuál es el interés público?, cuestionó, al que conviene a todos los ciudadanos mexicanos y no sólo al presidente, al que conviene a la impartición de justicia, al que conviene a mantener organismos autónomos para mantener el equilibrio de poderes. Desde aquí ya se partió mal, no es de interés público la intensión de extinguir los 13 fideicomisos del Poder Judicial. Añadió que además el artículo 11 dice que al extingir las dependencias o entidades, tendrán que devolver el recurso a la Tesorería de la Federación.

También señaló que el artículo 12 de esta misma ley dice que cuando se trate de organismos autónomos, el recurso o se devuelve a sus tesorerías o a sus equivalentes, salvo que dentro de las firmas de estos convenios de los fideicomisos haya un condicionamiento de redirigir este recurso en particular.

Recordó que en 2020 se eliminaron 109 fideicomisos. En estos fideicomisos estaba desde el Fondo Metropolitano, que tenía 3 mil 900 millones de pesos, hasta el fideicomiso para financiar Pequeñas y Medianas Empresas. “Eliminaron también los fideicomisos que tenían que ver con la defensa de periodistas y derechos humanos, eliminaron fideicomisos para los desastres naturales, para el deporte de alto rendimiento, estímulos al cine. Estos 109 fideicomisos representaron un ingreso para la Federación de 68 mil 500 millones de pesos en números cerrados”.

Si nosotros sumamos, indicó, esos 68 mil 500 millones de pesos con los 21 mil 500 millones de pesos, que significan el intento de desaparecer estos fideicomisos, son alrededor de 90 mil millones de pesos que nada más de puros fideicomisos entrarán a la Federación.

“Ya tiene esa lana la Federación, cuando el presidente tomó posesión en 2018 en el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios, que es un fondo, un fideicomiso que se usa para tener ahorros en casos de crisis eventuales o de falta de recaudación. En 2018, la Federación tenía 280 mil millones, al siguiente año cayeron a 158 mil millones de pesos y el corte al 2022 de esos 280 mil se tienen 22 mil millones de pesos, es decir, se gastaron más del 90 por ciento de los ahorros que se habían hecho en más de 15 ó 20 años, son 264 mil millones de pesos que no se saben a dónde se fueron, es una cantidad enorme”.

El director del área económica de la Fundación Miguel Estrada Iturbide resaltó que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria define a los ahorros como remanentes presupuestales y cuando esos recursos entran a la Tesorería como remanentes se consideran parte de los ingresos de la Federación, entonces ellos pueden hacer con esos recursos lo que quieran y no hay forma de ver dónde quedarán estos recursos. “Sí es posible que se puedan utilizar estos recursos para efectos electoreros e incluso para terminar sus megaobras”.

Agregó que este gobierno intenta medio cubrir lo que ha despilfarrado durante todo el sexenio. “Se tiene el sobrecosto del Tren Maya que asciende a 120 mil millones de pesos, el sobrecosto de la Refinería de Dos Bocas que está por arriba de los 100 mil millones de pesos”.