Fraude electoral anticipado

Con el respaldo del oficialismo y sus aliados, el nombramiento de los magistrados electorales en 30 estados del país fue aprobado, pero con una fuerte oposición por parte de los senadores de Acción Nacional.

El pasado 9 de abril “los de la autoridad moral la volvieron a hacer: Morena se agandalló TODOS los tribunales electorales del país. Todas y todos los senadores del PAN votamos en contra”, escribió en su cuenta de X, el coordinador de la bancada azul, Ricardo Anaya Cortés.

Previamente, Anaya Cortés explicó que la votación fue para quienes serán magistrados en materia electoral, las personas responsables de dictar las sentencias cuando hay un conflicto entre distintos candidatos o entre distintos partidos políticos.

“Lo que nosotros queremos denunciar es que este proceso es un absoluto cochinero. Nos quedamos cortos cuando decimos que es un atasque de Morena, que lo que pretende es quedarse con el control total y absoluto de los tribunales electorales, lo cual daría pie a que eventualmente regresemos a las épocas de los fraudes electorales”.

Porque con ellos controlando los tribunales electorales, abundó, ¿qué democracia vamos a vivir en el país?, de qué va a servir que una candidata o un candidato presente una impugnación y demuestre que hubo fraude electoral, “no va servir absolutamente de nada porque Morena tendrá a las magistradas y magistrados que permitirán la validación de los fraudes electorales”.

En conferencia de prensa, realizada el 8 de abril, expuso tres ejemplos muy concretos en los que queda claro la magnitud de lo que llama la trampa y el fraude, “de la falta de escrúpulos de estos señores que decían que querían la renovación moral del Poder Judicial y eso está quedando en una absoluta mentira”.

1. Guanajuato. El dictamen de la propia Comisión de Justicia dice de Yasmina Nabel Carmona Cornejo: no acredita experiencia electoral, por tanto, no cumple con los requisitos que establece la propia ley, pero como es incondicional del régimen aparecerá en la boleta.
2. Guerrero. Al actual consejero jurídico del estado, es decir, que trabaja en el gabinete de la gobernadora, lo pretenden imponer como magistrado electoral, “él es quien va a resolver las controversias en materia electoral o, mejor dicho, él será el responsable de validar los fraudes electorales en el estado de Guerrero”.
3. Querétaro. Rocío Rojas Rodríguez “es inelegible por dónde lo vean”, porque fue candidata de Morena a diputada local plurinominal, militante y es miembro del consejo estatal del mismo partido guinda, y la pondrán como magistrada electoral para que dicte las sentencias.

A su juicio, a Morena no le interesa ninguna renovación moral, lo que le interesa es quedarse con el control para poder el día de mañana hacer fraudes electorales. “Saben que se va complicar la situación económica, saben que muchos de sus votantes les van a empezar a dar la espalda y lo que están planeando es poder robarse las elecciones teniendo magistrados y magistradas afines”.

Cuando creíamos haberlo visto todo, continuó, Morena nos vuelve a sorprender. Por supuesto que el grupo parlamentario de Acción Nacional votará en contra de este fraude electoral anticipado, afirmó.

Por su parte, la senadora María de Jesús Díaz Marmolejo al fijar la posición de la bancada resaltó que “la respuesta es clara: no podemos permitir que esto siga sucediendo. Aquí lo que se busca, por la parte de Morena, es secuestrar la justicia electoral local para tener el control absoluto de los procesos electorales que vienen”.

Recordó que en 2026 y 2027 habrá elecciones estatales claves y en el 2030 se renovará la Presidencia de la República, por lo que está en juego que dichos órganos jurisdiccionales sean “árbitros imparciales o piezas de un ajedrez político diseñado desde Palacio Nacional”.

En su intervención, la senadora Laura Esquivel Torres lamentó que el oficialismo quiera “agandallarse” a los tribunales electorales.

“¿Por qué no pueden hacer las cosas con la elemental legalidad?, ¿por qué si tenían más de mil opciones tienen que elegir personas que están impedidas por la ley?, ¿por qué de todo hacen una simulación?”, cuestionó.

Por su parte, el senador por Chihuahua, Mario Vázquez Robles, detalló otro ejemplo en un comunicado de prensa fechado el 9 de abril, tras denunciar que los perfiles de los nuevos magistrados están excesivamente alineados al poder, como el caso de Chihuahua.

Los argumentos presentados por Mario Vázquez contra el nombramiento en Chihuahua el pasado 8 de abril, durante la sesión del Senado, fueron ignorados por el oficialismo. El senador panista señaló la falta de idoneidad de Adela Alicia Jiménez Carrasco, candidata a magistrada del tribunal electoral de Chihuahua.

Vázquez cuestionó el nombramiento de Jiménez Carrasco al argumentar que no sólo carecía de la documentación certificada necesaria, sino también de un conocimiento adecuado en materia electoral. Además, resaltó la estrecha relación de Jiménez Carrasco con el ex gobernador y senador de Morena, Javier Corral, lo que pone en duda la imparcialidad del proceso de selección.

Recordó que, en 2018, cuando Corral era gobernador, hubo un acuerdo con Jiménez Carrasco para intervenir en el Poder Judicial de Chihuahua, lo que en aquel momento fue severamente criticado por Arturo Zaldívar, ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De acuerdo con el legislador panista esta intervención en el Poder Judicial de un estado violó los principios de independencia judicial, sin embargo, sus advertencias fueron desestimadas por los legisladores de Morena y sus aliados.

El 9 de abril, el Senado aprobó, con sólo tres cambios en la lista, el nombramiento de nuevos magistrados electorales, lo que consolidó aún más el control de Morena sobre estos tribunales.

Mario Vázquez advirtió que con este control el oficialismo podrá manipular a su antojo los tiempos electorales, ignorando la pluralidad del país y poniendo en riesgo las bases democráticas de México.

Por mayoría calificada, con 86 votos a favor, 34 en contra y una abstención, el pleno del Senado de la República designó a 56 magistradas y magistrados electorales de 30 entidades federativas.