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Por Fernando Rodríguez Doval.
El brutal incremento al precio de la gasolina con el que iniciamos el año despertó todo tipo de reacciones, tanto a nivel social como a nivel político. Al evidenciarse que ese aumento fue provocado por el altísimo componente fiscal del precio del combustible, surgieron todo tipo de iniciativas para reducir el gasto corriente del Estado. La lógica es impecable: reduzcamos gastos para que no sea necesario cobrar tantos y tan altos impuestos.
Sin embargo y por desgracia, la discusión ha quedado en reducciones populistas y de cara a la galería: que si le quitamos el chofer a aquel senador, que si dejamos sin un asesor a aquel diputado, que si nos bajamos todos el sueldo un porcentaje determinado, o que si ahora ya no habrá viajes en tal dependencia. Todo ello es necesario, pero la discusión de fondo sigue sin hacerse: ¿cómo hemos de replantear el concepto mismo de Estado que queremos para evitar que siga clavando fiscalmente a la mayoría de los ciudadanos?
En México, al igual que en buena parte de Occidente, tenemos un Estado con demasiadas responsabilidades y con una estructura burocrática muy obesa. Es consecuencia de esa especie de consenso socialdemócrata extendido por todo el mundo que asegura que el Estado debe ser el motor del desarrollo, el proveedor de todo tipo de bienes y servicios, y el garante no solamente de los derechos –lo cual sería plausible— sino también de los deseos y aspiraciones de los ciudadanos. Aunado a lo anterior, al tener altos índices de pobreza en nuestro país ha surgido la imperiosa necesidad de combatirla mediante programas sociales que en no pocas ocasiones han estado mal diseñados, pero han sido tremendamente efectivos para mantener lealtades y clientelas electorales. De esta forma, abundan dependencias públicas que se duplican al interior del propio Gobierno federal, y otras entre la federación, los estados y los municipios; asimismo, existen programas sociales asistencialistas que no han demostrado ser eficaces a la hora de sacar adelante a una población en una situación de desventaja, pero sí para movilizar electoralmente en favor de algunos partidos.
Veamos algunos ejemplos. El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) es la dependencia del Gobierno federal dedicada a la investigación, preservación, protección y difusión del patrimonio arqueológico, antropológico e histórico de la nación mexicana; recibirá este año un presupuesto de 3 mil 262 millones de pesos. Luego tenemos al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM), que se enfoca en el estudio de los grandes movimientos sociales que han ocurrido durante la historia de México, recibirá este año un presupuesto de 37 millones de pesos. ¿No hay elementos para suponer que las tareas del INEHRM ya las hace, o las podría hacer sin problema, el INAH? Existen múltiples casos como el anterior a nivel federal y local.
Los programas sociales merecen una reflexión aparte. Ideados para garantizar la igualdad de oportunidades y aumentar las capacidades de las personas en un país con alarmantes índices de pobreza y desigualdad, hoy vemos que el énfasis que han recibido en los últimos años ha sido meramente electorero. La pomposa “Cruzada contra el Hambre” del actual Gobierno federal ha generado dos millones más de pobres en sus primeros años de operación, en los cuales recibió fuertes críticas por el poco rigor técnico y la alta discrecionalidad con la que se elegía a los municipios en los cuales se iba a aplicar. La Ciudad de México, por su parte, destina más de la tercera parte de su presupuesto a programas sociales y, paradójicamente, es una de las que peor desempeño ha mostrado en los últimos años en el combate a la pobreza, según el CONEVAL. Algún partido ha estado lucrando electoralmente con esos recursos.
Y de la corrupción, mejor ni hablemos. Baste decir que nunca como ahora había existido la percepción de que los recursos públicos son utilizados para obtener beneficios privados por parte de la clase priista gobernante.
Así pues, vemos que la discusión de fondo sigue sin hacerse. Urge reestructurar al Estado mexicano desde la perspectiva de la subsidiariedad para que deje de ser ese ogro filantrópico del que hablaba Octavio Paz y canalice de mucha mejor manera los recursos que extrae fiscalmente a los ciudadanos. De esa manera, ya no será necesario cobrar los impuestos que hoy en día se cobran, después de la tóxica reforma fiscal de 2013, la cual aumentó sustantivamente los ingresos del Estado sin que se vislumbren, al día de hoy, mejoras en prácticamente ningún rubro y sí, en cambio, mucha mayor corrupción y opacidad.
<strong>Fernando Rodríguez Doval</strong> es Secretario de Comunicación del CEN del PAN. Twitter: @ferdoval<br><br>https://revistalanacion.com/noticia/finanzas-publicas-la-discusion-de-fondo/2017-03-17)
