Falsa lucha contra la corrupción

Lo triste de este tipo de casos (Lozoya) es que generan impunidad. Todo lo que ha pasado ensucia el procedimiento y puede abrir las puertas, en determinado momento, a alguien que pudo haber cometido un delito y a los que se ha acusado, puede ensuciar e invalidar los procesos y esto sólo se traducirá en impunidad, que es lo que menos necesita México hoy en día, así lo consideró el doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, José María Soberanes Diez.

Cabe recordar que el pasado 3 de noviembre, un juez federal dictó prisión preventiva contra Emilio Lozoya Austin, quien confesó haber recibido sobornos de la empresa Odebrecht por más de 10 millones de dólares. Ante esto, la dirigencia nacional del PAN respaldó la decisión del juez, puesto que durante año y medio recibió protección desde las más altas esferas del gobierno, pero también exigió a la justicia federal celeridad para declararlo culpable por sus actos de corrupción.

La revista La Nación buscó al experto en Derecho Constitucional para conocer su opinión sobre este tema. En un primer momento, Soberanes Diez opinó que el Código Penal establece que, tratándose de algunos delitos como la delincuencia organizada, el juez debió dictar siempre prisión preventiva oficiosa, de acuerdo al artículo 19 de la Constitución a partir de 2019.

La prisión preventiva, explicó, consiste en que una persona puede ir a la cárcel cuando se le ha probado delito, cuando ha sido condenado. Sin embargo, excepcionalmente se permite prisión preventiva antes de que se haya probado, entre que soy inocente o soy culpable, se permite que alguien esté en la cárcel porque puede poner en riesgo a la sociedad, porque puede fugarse, etcétera.

“En este caso no puede quedar a discreción del juez, sino que la tiene que dictar sí o sí, aquí no es que este no es peligroso, este no tiene riesgo de fuga. Aquí la tiene que dar. Entonces, se le tenía que dictar a Emilio Lozoya la prisión preventiva oficiosa”, opinó.

Tras preguntarle en qué consiste el criterio de oportunidad, el especialista en resoluciones judiciales detalló que se trata de una figura que se introduce en México en 2008 y que permite llegar a un acuerdo, poder obtener alguna ventaja a cambio de entregar información, “si tú nos ayudas a capturar a otros delincuentes te bajamos la pena por la ayuda que estás prestando, es un pacto que se hace, no es que se vaya a perdonar, a lo mejor se disminuye la condena”.

En el caso de Emilio Lozoya, Soberanes Diez subrayó que lo que hizo fue dar información, dar unos datos, hacer acusaciones contra otros ex funcionarios, pero que sólo se quedaron en eso, sin aportar alguna prueba de sus dichos, cosa que es muy pobre.

“Desde el punto de vista político hubo quien tomó raja política, porque se mediatizaron estas declaraciones, esas acusaciones que él hizo, simples dichos se mediatizaron, se hicieron públicos, para crear un cisma político que beneficiaba a determinados intereses, me parece a un grupo político muy concreto”.

Al comentar sobre el comunicado que los abogados de Emilio Lozoya emitieron y en el que afirmaron que su cliente mantendría una colaboración sólida y permanente con las instituciones de justicia penal y con la Presidencia de la República, el maestro en Ciencias Jurídicas consideró que aquí, en este caso, no tendría nada que hacer la Presidencia de la República.

Desde el principio de este caso, todas estas acusaciones con las que comenzó el ex director de Pemex para poder tener los criterios de oportunidad, se dieron a conocer en las conferencias mañaneras y fue por demás incorrecto, añadió.

“Es decir, ¿por qué tiene esa información el Ejecutivo que sólo debería tener el Poder Judicial y un órgano constitucional autónomo? Si las llegaron a tener, pues no debieron darlas a conocer, porque eso violó el principio de presunción de inocencia de los acusados y violó el derecho al debido proceso”.

Entonces, pues si lo están haciendo es por sacarle raja política, como decía desde el principio. Todo esto se ha visto contaminado por la política y aquí se deja en evidencia que no es casual que hayan puesto eso los abogados, fue decir: aquí han cambiado las instrucciones políticas. Es lo que quieren dejar entrever, por el comportamiento que ha habido desde la Presidencia desde el primer momento es que están en este caso.

Me parece que eso lo corrobora, están ensuciado con la política un asunto que debería ser únicamente de los órganos encargados de la persecución de los delitos, de la administración de justicia en este país, concluyó José María Soberanes Diez.