Espionaje digital en México

  “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”: Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 3.

Hoy, cada vez más personas están conectadas de manera permanente a Internet. Con el aumento de la cobertura de la banda ancha móvil a nivel mundial, así como la disminución drástica del costo de los planes de acceso y dispositivos terminales básicos, cada día es más común tener junto a nosotros aparatos que pueden “conocernos” mucho mejor que nuestras familias y amigos. Los lugares que frecuentamos, la actividad física que realizamos, con quiénes y de qué hablamos, sobre qué temas buscamos información, qué comida preferimos y hasta nuestro estado de salud son ejemplos de parámetros que se encuentran almacenados en nuestros teléfonos inteligentes y en las “nubes” (espacios de almacenamiento en línea) que nos ofrecen sus fabricantes. Es por ello que, para quienes desean obtener información de personas en particular, acceder a estos dispositivos representa mucho más el “ir a la segura” con respecto de otros métodos de espionaje. De modo tal que, conociendo los puntos débiles del software o apostándole al descuido del usuario al instalar aplicaciones sin verificar los permisos que se conceden a las mismas, a los ciberespías les es posible acceder no sólo a la información que está almacenada en nuestros celulares, sino hacer de ellos cámaras y micrófonos ocultos que transmitan todas las conversaciones que tengamos con personas en la vida real en las cercanías a estos aparatos. Es así que durante el mes de junio personajes destacados de la prensa, de organismos de la sociedad civil y opositores al gobierno -entre ellos, nuestro Presidente Nacional, Ricardo Anaya- denunciaron haber sido objetivos de la utilización de un software de espionaje móvil llamado NSU Pegasus, y que según sus creadores únicamente se vende a gobiernos con el compromiso de utilizarlo sólo en los casos que prevea su legislación. En el caso del gobierno se encuentran acotadas las causas por las cuales pudieran intervenir comunicaciones privadas, las cuales se encuentran en el artículo 291 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el 34 de la Ley de Seguridad Nacional, y en el 11 Bis 1 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. En todos los casos, es necesaria la autorización de un juez, por un tiempo determinado, y con el fin de perseguir un delito o amenazas a la Seguridad Nacional (descritos en el artículo 5 de la LSN). Entonces podemos presumir que si ninguno de estos personajes, casualmente incómodos al partido en el poder, es sometido a juicio en los próximos meses, estamos más bien ante la utilización ilegal de recursos del Estado con el fin de sacar ventaja en asuntos legales y políticos. Llaman especialmente la atención los casos de espionaje al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la OEA que estuvieron en nuestro país coadyuvando en la investigación del Caso Ayotzinapa, y a diversos actores de la sociedad civil pertenecientes en su momento a la Alianza para el Gobierno Abierto. Pintan de cuerpo entero a un gobierno que espía indiscriminadamente y por costumbre aún a quienes “de dientes para afuera” llama sus aliados. Caso Pegasus no es el único conocido en el país En la LXII Legislatura, como diputado federal, denuncié, gracias a organizaciones como SonTusDatos y R3D México, las compras hechas por el Gobierno federal y varios gobiernos estatales de un sistema llamado Finfisher que se instalaba en diversas redes de telecomunicaciones, con el fin de simular actualizaciones de aplicaciones para instalarse en los equipos a intervenir. Lo increíble e inaudito fue cuando supimos que incluso Petróleos Mexicanos destinó una suma importante de dinero para adquirir esta herramienta. Sospechar que Pemex no se dedica sólo a la exploración, extracción, recolección y venta de hidrocarburos, sino también de datos personales es suficiente para dejar perplejo a cualquiera. Este no es un asunto menor, se trata de un intento del PRI-Gobierno de implementar como en la novela de George Orwell un sistema político que asfixie con una vigilancia extrema las actividades de sus ciudadanos, para castigar conductas que vayan en contra del mismo sistema y de quien se atreva siquiera a pensar distinto. La esperanza es que contamos cada vez más con organizaciones e individuos que vigilan el actuar del gobierno en distintos ámbitos, incluyendo el cómo nos vigila éste a los ciudadanos. Estas actitudes de principios del siglo XX, con herramientas del siglo XXI, no pasarán desapercibidas y con toda seguridad serán derrotadas en 2018 por un frente amplio opositor, una mayoría democrática de ciudadanos que creen en las libertades y que el gobierno está para servir a todos sin distinciones. Twitter: @JuanPabloAdame