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En las elecciones del próximo 2 de junio estarán en juego 2 gubernaturas, 60 ayuntamientos y 86 diputaciones, y serán de gran importancia para vislumbrar cómo será la dinámica en la vida política de nuestro país. La sociedad mexicana ha exigido un cambio que implica mayor honestidad y democracia. El partido en el poder ha prometido ser la vía de este cambio democrático, pero en los hechos esta no parece ser la realidad.
Hemos sido testigos ya de cómo se comportan como gobierno: consultas a modo; asignaciones directas; ataques a la prensa; proyectos de infraestructura sin estudios de impacto financiero o ambiental, y de cómo en las legislaturas, donde tienen el control se conducen como una mayoría mecánica cerrada al consenso y al diálogo; entre muchos otros ejemplos.
Pero éste es el primer evento de la nueva etapa de la llamada “cuarta transformación” en que podremos ver cómo MORENA se desenvolverá como partido en el escenario electoral tras haber conseguido la Presidencia.
El caso de Puebla es paradigmático, tras la muerte de la gobernadora panista Martha Erika Alonso -de la cual el Gobierno federal no ha dado aún respuestas satisfactorias-, el proceso interno de MORENA para elegir al candidato a la gubernatura ha dejado ver la falta de democracia interna.
La selección del candidato no se llevó a cabo mediante elecciones sino por medio de encuestas. El perdedor descalificó las encuestas, impugnó la designación e incluso presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) acusando a su contrincante de lavado de dinero, evasión fiscal y enriquecimiento ilícito.
Baja California es otro ejemplo importante. Por un lado, se cumplió lo que pronosticó Acción Nacional sobre que los súper delegados estaban diseñados por el presidente López Obrador para preparar sus candidaturas a gobernadores; en dicho estado, el candidato de MORENA se desempeñaba como delegado de la Secretaría de Bienestar antes de contender por la gubernatura.
Por otra parte, ante la posibilidad de ganar, MORENA, a través del Tribunal Electoral Estatal, ha promovido en dos ocasiones el extender el periodo de duración de la gubernatura, la más reciente, para ampliarla cuatro años más. El Congreso del estado aprobó una reforma en el 2014 para que quienes ganaran estas elecciones permanecieran en sus cargos únicamente hasta el 2021, para con ello empatar el proceso local con el federal y así reducir el gasto.
En la primera ocasión en que MORENA promovió a través del Tribunal Estatal la ampliación del periodo de la gubernatura, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó el acuerdo del Tribunal Estatal por considerar que invadió una función exclusiva del Legislativo y violó el artículo 115 constitucional, el cual estipula que no puede haber modificaciones a la ley 90 días antes del proceso electoral.
También pudimos ver recientemente cómo un senador de MORENA, en un mitin celebrado en Aguascalientes, a nombre de los senadores y diputados de su partido, condicionó el apoyo hacia el municipio a cambio de que los electores votaran por el candidato de su partido a la alcaldía.
La ley en materia de delitos electorales señala que incurre en delito quien “Condicione la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas… a la emisión del sufragio en favor de un precandidato, candidato, partido político o coalición”. Y a su vez, la reciente reforma al artículo 19 constitucional incorporó dentro del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa el delito de uso de programas sociales con fines electorales, por lo que dicho senador está cometiendo un delito grave.
Con todo lo anterior es evidente que, a la hora de ver el desempeño de ese partido en el ámbito electoral, lo que prima es la regresión a una serie de prácticas de un régimen antidemocrático, que usa el poder y canaliza recursos para obtener ganancias electorales sin respeto alguno por la ley, reeditando viejas prácticas de corrupción.
En los próximos días es previsible que esas malas prácticas estén aún más a la vista, por lo que se requerirá redoblar los esfuerzos ciudadanos y de los partidos políticos, para levantar las banderas de la democracia, defendiendo el voto y la transparencia en los procesos electorales.
Para que la democracia florezca es necesario que existan demócratas apostados por su causa. Los panistas estamos llamados, hoy más que nunca, a unir esfuerzos; a levantar la voz como lo han hecho los legisladores de nuestro Partido; a señalar y a denunciar, y a defender la legalidad y la democracia, incluso en los tribunales de ser necesario, pues sólo así florecerán la justicia, la legalidad, la paz y el desarrollo que necesitamos.
Marco Antonio Adame Castillo es Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados en la LXIV Legislatura.
Twitter: <strong>@MarcoAdame</strong><br><br>https://revistalanacion.com/noticia/elecciones-limpias/2019-05-16)
