El gobierno que nunca existió

Por Cristián Castaño Contreras. En Guerrero no existió gobierno. Hace tiempo que no lo hay y no lo habrá tampoco con el nombramiento del ex guerrillero, Rogelio Ortega Martínez, como gobernador interino. Una de las entidades con mayor nivel de marginación económica y social del país y en donde desde hace años  destaca su deplorable protagonismo por ser una de las regiones con mayor índice de criminalidad. Según se tiene registrado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como de la información recabada por la Encuesta de Victimización Desarrollada por el INEGI, entre otros instrumentos estadísticos, Guerrero ha estado entre los cinco primeros lugares de homicidios dolosos y crímenes violentos por lo menos en el último lustro. La presencia y disputa de los principales grupos criminales en la entidad, a saber los autodenominados “Guerreros Unidos” y “Los Rojos”, han heredado las formas más cruentas de enfrentamiento contra sus adversarios y contra la sociedad, tomando su desgraciado aprendizaje de su génesis criminal, ubicada en la plataforma del cártel de los Beltrán Leyva. Esta disputa no es sólo para controlar el trasiego de sustancias ilícitas, pues siguiendo los patrones comunes del fenómeno criminal transnacional, dichos grupos se han diversificado en las operaciones ilícitas que desarrollan, incidiendo en delitos como el secuestro, la extorsión, el tráfico y trata de personas, y el tráfico de armas, entre otras actividades delincuenciales. Históricamente, Guerrero ha sido tierra fértil para la confrontación política y social, lo cual ha sido cimiento para el desarrollo de movimientos radicales y grupos armados que desde hace por lo menos cinco décadas se han gestado en dicha área geográfica. Ahí tuvieron su cuna los grupos subversivos de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, teniendo como una de sus más importantes bases sociales, al magisterio y en particular a las normales rurales. Hoy no es la excepción. Guerrero ha generado el contexto idóneo por su gran marginación, su compleja orografía, la grave corrupción gubernamental y las aulas ideologizadas repletas de radicalismo para la justificación y desarrollo del autodenominado Ejército Popular Revolucionario y su escisión, más militarizada que política, como lo es el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente, el cual convocó días después de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa a la creación de una “Brigada de ajusticiamiento” y a la activación de operaciones político-militares subversivas declarando además como enemigos tanto al grupo criminal Guerreros Unidos como a la corriente Nueva Izquierda del PRD, expresión que mantiene el control de la dirigencia nacional de dicho partido, haciéndola corresponsable de los hechos acontecidos en Iguala el 26 de septiembre como de todas sus consecuencias. Lo más asombroso de lo que hoy sucede en Guerrero es que alguien se asombre. Han sido lustros de exclusión, corrupción, abandono y deterioro del tejido social, lo que hoy ha configurado un gobierno que desgobierna y que se ha sometido a los intereses de las organizaciones criminales. Tan solo en febrero de este año, la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó un extenso informe señalando la gravedad de lo que identificó como erosión grave de la legitimidad de los poderes y el crecimiento desmedido -en la mayoría de los casos con auspicio y financiamiento de la propia autoridad- de grupos de autodefensa que se arrogaron la legitimidad del uso de la fuerza por encima de la propia autoridad. Autodefensas que igual podrían estar sometidas a grupos criminales o igual podrían estar vinculadas y coordinadas por los grupos armados de la región. Por eso es que nadie debe extrañarse de que en Guerrero no haya gobierno. Hace tiempo que no lo había. La desgracia de Iguala, no sólo ha despertado al país de un sueño construido desde el poder, en donde parecía que la pesadilla de la violencia en México había sido por lo menos contenida. El mandato de tan sólo cinco horas que tuvo Luis Mazón Alonso, alcalde suplente del hoy detenido José Luis Abarca, sólo demuestra uno de los terribles síntomas de éste cáncer. Sin embargo, son las causas las que no hemos atendido como sociedad y como instituciones, y eso anuncia tristemente que tendremos la violencia durante buen rato en el futuro incierto que presagia la nación. Las expresiones y manifestaciones nacionales y globales repudiando los crímenes de Iguala, vinculando al mismo tiempo el caso Tlatlaya, los millares de desaparecidos que han sido indignantemente enterrados en fosas clandestinas, voces desesperadas exigiendo la desaparición de poderes en Guerrero al igual que Tamaulipas y cualquier cosa que pueda reivindicar a una sociedad vulnerada y amedrentada y mezclando todo el peligroso coctel con los grupos radicales, se hacen presentes como redes que han configurado la nueva dinámica del poder geopolítico y demostrando que la capacidad de movilización y presión política en la mundialización se puede convertir en noticia internacional en cuestión de horas impactando a toda la nación. Ni la renuncia de Ángel Aguirre ni el nombramiento de Ortega Martínez resolverán de fondo absolutamente nada. De facto, Aguirre no ejercía el gobierno ni estando sobrio. En Guerrero no hacía falta ninguna declaración de desaparición de poderes por parte del Senado; de facto, la ausencia de la autoridad y la ocupación de los vacíos del poder hicieron que la criminalidad se institucionalizara. Así lo evidenció el propio Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, al imputar al alcalde fugado de Iguala y a su esposa la responsabilidad de ser los principales operadores de la organización criminal los “Guerreros Unidos” en su municipio. En 1968, los estudiantes en París pintaban en las paredes de la ciudad eterna la leyenda “la imaginación al poder”; hoy tendríamos que anunciar en estos rincones como en muchos otros de la patria: “La criminalidad al poder”.   Cristián Castaño Contreras es Especialista en Seguridad Nacional.