El fiscal y el presidente

Creo que estamos en una verdadera extorsión mediática criminal para poder linchar al fiscal porque está atentando contra intereses espurios de grupos a los que estamos investigando y que hemos logrado procesar y mantenerlos en la cárcel.

Estas afirmaciones del Fiscal General de la República, después de haberse difundido audios en los que se le escucha utilizar todo el poder de la Fiscalía para presionar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y lograr que lo favorezcan en un asunto de carácter personal, podrían arrancarnos una sonora carcajada si no fuera porque son terriblemente trágicas.

La institución del Estado mexicano garante de la procuración de justicia quedó demolida al ser exhibida la profunda corrupción de su titular. Todos tenemos claro que los casos emblemáticos de persecución penal en esta administración -Rosario Robles y Lozoya/Lavalle- tienen características idénticas a las actuaciones de los antiguos Procuradores de la República, es decir, tienen razones políticas antes que jurídicas.

También tenemos claro que el rendimiento de Gertz Manero como Fiscal General, en el marco de la transformación de la institución de procuración de justicia, es un rotundo fracaso que está entregando a los mexicanos un organismo, idéntico o peor, que la vieja PGR, que está por destruir todos los esfuerzos que llevaron a la instauración del modelo penal acusatorio basado en la presunción de inocencia.

Ahora, además, nos enteramos que la Fiscalía General de la República es un instrumento al servicio de su titular para cobrar revanchas personales; que el señor Gertz Manero litiga con los instrumentos institucionales que tiene a su disposición para lograr que se niegue el amparo y la protección de la justicia a personas que Gertz quiere mantener privadas de su libertad.

Los audios difundidos significan una doble actividad delictiva: se intervinieron ilegalmente comunicaciones privadas y se puso de manifiesto el uso abusivo del cargo más alto en procuración de justicia para beneficio personal.

En cualquier lugar del mundo ambas conductas deberían tener consecuencias. Se enjuiciaría al o los autores de la intervención ilegal y se separaría de su cargo -amén de fincar responsabilidades administrativas y penales- al funcionario público desleal a su encargo.

Pero en el México de López Obrador las consecuencias naturales de los ilícitos exhibidos a la luz pública ni siquiera forman parte del mapa de ruta planteado por el presidente y el fiscal. Desde una mañanera el presidente exoneró al Fiscal y desde un noticiero matutino el fiscal se escurrió de su responsabilidad acusando la conspiración maléfica lanzada desde los medios de comunicación.

Y mientras tanto el país se incendia. Balaceras, ejecuciones, masacres, fusilamientos y mensajes claros de la delincuencia retando al Estado, recorriendo a sus anchas los caminos de México, empoderándose en cada vez más comunidades y pueblos, ejecutando presidentes municipales incómodos, secuestrando, matando, incendiando, llenando de horror a México.

Hoy queda claro que la apuesta del presidente por la pacificación a partir de reducir los niveles de persecución, la ya para siempre célebre “abrazos y no balazos” está significando, a tres años y medio del sexenio, un fracaso estrepitoso que sólo trae dolor y muerte a nuestro pueblo.

A ese contundente fracaso se suma ahora la nefasta decisión de haberle entregado a Gertz Manero una institución nueva, que exigía un esfuerzo magnífico para consolidarse y rendir frutos, que gozaría de un alto grado de autonomía para despolitizar las decisiones y que dejaría de obedecer al presidente de México.

Como vemos, el fiscal ha utilizado su cargo para perseguir a los enemigos que le instruye el presidente, para deshacerse de rivales en el gabinete presidencial y para mantener amenazados a antiguos integrantes del grupo del gobierno; para vengarse de personas que supuestamente le causaron daños personales y, por último, para generar miedo en los rivales políticos de López Obrador.

Al fin y al cabo, a ese funcionario se le entregó la capacidad de privar a las personas de su libertad. Se le entregó con un diseño institucional que dificulta enormemente su remoción y con mecanismos muy restringidos de rendición de cuentas abierto al público.

Ahora, nuevamente Gertz Manero vuelve a ser noticia. Se resolvió en la Corte que, si bien es cierto que no hay elementos para mantener recluida a la señora Alejandra Cuevas, cinco ministros pidieron elaborar un nuevo proyecto de sentencia que entre al fondo del asunto. Esto, que es un golpe fuerte al fiscal, implica que no se resolvió la libertad inmediata de la acusada por él.

Humberto Aguilar Coronado es Diputado Federal en la LXV Legislatura de la Cámara baja.

Twitter: @Tigre_Aguilar_C