El agua secuestrada: sistema hídrico 2018–2024 y la contradicción de la Ley de Aguas de Morena

El siguiente cuadro parece sencillo, pero contiene una historia profunda de desarticulación institucional. Cada columna es una pieza de la maquinaria hídrica del país: los títulos otorgados muestran cuántos permisos se emitieron; el volumen concedido revela cuánta agua se entregó legalmente; las aguas superficiales y subterráneas muestran de dónde proviene esa agua; las descargas reflejan cuán bien se vigila la contaminación; la ocupación de zona federal y la extracción de materiales indican cómo se utiliza el territorio y los cauces.

En 2018, el sistema todavía funcionaba como un organismo estable. Se otorgaron casi 15 mil títulos, el volumen ascendía a poco más de 2,152 millones de metros cúbicos y las aguas superficiales y subterráneas mantenían un equilibrio razonable. Las descargas estaban en niveles consistentes con una práctica administrativa regular. Ese año marca el final de una era: la última fotografía antes de que el sistema entrara en turbulencia.

Para 2019, con el cambio de gobierno, la caída del número de títulos fue brutal: de casi 15 mil a apenas 9,090. Ninguna política de sustentabilidad explica un descenso tan abrupto en un solo año. Lo que lo explica es la incertidumbre: cuando se anuncia que vendrá una nueva Ley General de Aguas —además con un enfoque abiertamente contrario al modelo concesional— los funcionarios dejan de firmar títulos, detienen trámites, posponen decisiones. El aparato se empieza a congelar, aunque nadie lo diga.

En 2020, en plena pandemia, se procesaron rezagos y aparentemente hubo una recuperación administrativa: se emitieron más de 12 mil títulos. Pero esta recuperación era engañosa. Una institución puede aumentar actos administrativos sin aumentar eficacia. El volumen concesionado casi no cambió, lo que indica que no se estaban tomando decisiones estratégicas, sino simplemente moviendo expedientes estancados. Era una calma tensa, un respiro momentáneo.

En 2021, el sistema comenzó su descenso final. Los títulos se redujeron otra vez a 8,025, señal clara de parálisis. Pero lo más importante era lo que se avecinaba: un quiebre total en la coherencia del sistema.

En 2022 y 2023 ocurrió uno de los fenómenos administrativos más desconcertantes del Estado mexicano reciente: mientras los títulos seguían cayendo —6,689 en 2022, 6,072 en 2023— el volumen concesionado explotó a niveles sin precedentes: más de 19 mil millones de metros cúbicos en 2022 y más de 24 mil millones en 2023, es decir, veinte veces más agua entregada en papeles en un sistema que estaba administrativamente detenido.

Y mientras todo esto pasaba, Morena impulsaba su Ley General de Aguas, cuyo discurso central afirmaba que México debía frenar concesiones excesivas, democratizar el acceso, romper con la mercantilización del agua y limitar a grandes industrias. La contradicción es tan profunda que raya en lo absurdo: el sexenio que más habló de limitar concesiones fue el que más volumen concedió en la historia del RPDA.

En 2024, el sistema colapsó aún más: sólo 5,402 títulos emitidos y un volumen de 879 millones, devolviendo al registro a niveles similares a los de 2021. La institución parecía agotada. Encerrada entre una ley vieja que ya no funcionaba y una ley nueva que nunca llegó a consolidarse, la CONAGUA operó a medias, avanzó a ciegas y regularizó volúmenes sin contexto público. La llamada “transformación hídrica” quedó como un discurso hueco frente a una realidad técnica que nunca acompañó al proyecto político.

Lo que muestran los datos no es una transición hacia un modelo hídrico más justo, sino un deterioro institucional profundo: menos títulos para nuevos usuarios, más volúmenes para quienes ya estaban dentro del sistema, menos transparencia, menos supervisión y más vacíos legales. La Ley de Aguas de Morena prometía equidad, sustentabilidad y control social del agua, pero los números del Sexto Informe revelan un sistema que se cerró, que se volvió más opaco y que concentró decisiones sin justificación pública.

La historia del agua en México durante 2018–2024 no es la historia de una reforma, es la historia de un desorden. Es la historia de un aparato administrativo que se paralizó por miedo a la nueva ley, que regularizó sin explicar, que redujo su capacidad operativa y que terminó entregando volúmenes colosales a la sombra de un discurso que afirmaba lo contrario.

Coordinador de Estudios Económicos de la Fundación Rafael Preciado Hernández. A. C.