¿Democracia o militarización?

Al cierre de esta edición, sin exageración, México vive días decisivos. Decirlo parece un lugar común, pero no lo es. Lo que senadoras y senadores de oposición decidan, en las próximas horas, será determinante para el futuro del país. Su voto los colocará en un lugar que la historia juzgará, para bien o para mal. Extender la militarización del país, como decía en el pasado la actual secretaria general de Morena, Citlalli Hernández, es “abrir las puertas al fascismo”.

Legisladores panistas tienen en sus manos una gran responsabilidad, la militarización o la democracia. Acción Nacional ha hecho un llamado a los legisladores de otros partidos de oposición a reflexionar y a votar en conciencia, en contra de extender la presencia del Ejército en las calles. No es fácil para ningún militante ir a contracorriente de la línea trazada, pero el interés de México está por encima de cualquier partido político. El todo siempre es superior a la suma de sus partes.

La militarización fue una medida temporal, debida a la ausencia de planeación para el desarrollo a largo plazo, uno de los grandes problemas del país. México parece reinventarse cada seis años, pero sólo se maquilla y todo sigue igual o, como en este sexenio, peor que antes. En la improvisación, las medidas coyunturales se vuelven de largo plazo, aunque no hayan servido.

Está más que probado que la política de “abrazos no balazos” ha sido el gran fracaso de este sexenio. Entonces, la primera duda es: ¿para qué quiere el presidente la Guardia Nacional adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional? Obviamente no la quiere para combatir a los cárteles del narcotráfico ni para disminuir la ola criminal, porque ya dijo que no cambiará su plan de seguridad. La segunda: ¿para qué quiere prolongar la presencia del Ejército en las calles más allá del término de su mandato?

Todo indica que tienen razón quienes ven en las reformas legales del presidente un proyecto de poder por el poder mismo. Quiere consolidar un régimen autoritario donde uno de los pilares será el Ejército, que, según los recuentos más recientes, ya controla 26 instituciones, más de 770 mil millones de pesos en obras, y tiene el mando de las policías en 11 estados del país. Es decir, el Ejército de 2022 ya no es el mismo que era en 1994, ni en el carácter de la institución, ni en el presupuesto. Hoy Sedena, Marina y la Guardia Nacional reciben 235 mil millones de pesos, cifra que equivale a la mitad de todos los programas sociales.

De tal suerte, la promesa de López Obrador de regresar el Ejército a sus cuarteles habría sido una simulación bien montada y una mentira extendida en sus campañas de 2012 y 2018.

La militarización del país ha sido lenta, pero progresiva. Los analistas del tema ubican su inicio el 1 de enero de 1994 con el desplazamiento del Ejército a Chiapas para combatir al EZLN. La “guerra” duró 11 días, pero los militares se quedaron acantonados por mucho tiempo. Los hechos violentos posteriores -los asesinatos del candidato presidencial priista Luis Donaldo Colosio y del secretario general del PRI, José Francisco Ruiz Massieu- obligaron la presencia militar en otras regiones del país.

La polémica sobre la constitucionalidad de la medida tampoco es nueva. El 9 de enero de 1996 un grupo de legisladores promovió una acción de inconstitucionalidad ante la renovada Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual resolvió que era constitucional “siempre y cuando” estuviera bajo mando de autoridades civiles.

Desde el punto de vista del derecho, es evidente que transferir la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa, una reforma promovida por el presidente López Obrador y aprobada por su partido y sus paleros, es totalmente inconstitucional. Eso lo sabe cualquier estudiante del primer año en la Facultad de Derecho y lo saben los juristas del movimiento de la destrucción nacional. El artículo 29 de la Constitución es muy claro y no está sujeto a interpretación: la Guardia Nacional es de carácter civil.

Acción Nacional rechaza la militarización permanente del país y exhorta a diputados y senadores de todos los partidos a hacer lo mismo. El recurso de los militares en la calle debe ser temporal y bajo un mando civil. Lo hemos dicho una y otra vez: las dictaduras tienen policías militares, las democracias policías civiles. No sobra insistir en que desde el primer día en que tomó el poder, la nueva élite le ha quitado a los estados y municipios los recursos financieros que tenían para capacitar, fortalecer e incrementar el número de elementos de las policías locales. Incluso pareciera que no quiere policías locales para que no combatan a los delincuentes, a quienes el presidente considera dignos de abrazos.

Y al cierre de esta edición comienzan los foros “Cambiemos México, sí hay de otra”, en los que cinco líderes del partido: Maru Campos, Santiago Creel, Mauricio Kuri, Mauricio Vila y Juan Carlos Romero Hicks hablarán de la forma de gobernar de Acción Nacional. Estos foros van a dar mucho de qué hablar porque será el contraste perfecto con un Gobierno federal improvisado, de mentiras y de ocurrencias.

Felipe de Jesús González Castañeda es Secretario de Comunicación del CEN del PAN.