Crónica de un tren suspendido

 La Nación que el proyecto anunciado por Peña Nieto en 2012 no contaba con un estudio de factibilidad, ni incluía qué beneficios se tendrían en favor de los usuarios y de la transportación en general. “Fue una ocurrencia del Presidente”. Recordó que el 14 de enero de 2015, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) publicó las pre-bases para la licitación del tren México-Querétaro, en donde participaron 23 empresas, 16 de las cuales notificaron a la SCT que el tiempo de la construcción del tren era muy corto, por lo que solicitaron una ampliación. La SCT lo negó y decidieron salirse de concurso. “Me parece impresionante que la SCT negara la solicitud a empresas que construyeron los trenes rápidos de España, Japón, Alemania, Italia y Francia. Las únicas empresas que estaban de acuerdo con todos los puntos mencionados en la licitación fueron China Railway Corporation y las mexicanas IGA y Teya”. Torres Peimbert mencionó que éstas empresas que ganaron la licitación para construir y administrar esta obra valuada en 60 mil millones de pesos. Posteriormente, las tres empresas pusieron un sobre precio de 10 mil millones de pesos extras, cantidad equivalente a la mitad del presupuesto del estado de Querétaro en un año. “En el Senado propuse un punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, en el que solicité la revisión de la licitación porque estaba diseñada a modo para que ganaran ciertas empresas. Pasaron cinco sesiones y no pude subirlo”, comentó. Ante tal negativa, el Grupo Parlamentario del PAN, antes de que se aprobara el orden del día, tomó los micrófonos y cuestionaron al Presidente del Senado, Miguel Barbosa Huerta, sobre por qué nunca llegaba el momento de discutir los puntos de urgente y obvio. “Había una manipulación muy clara de las sesiones para que no se discutieran esos temas y que la licitación fallara en favor de estas empresas. Miguel Barbosa se me acercó y propuso que viniera el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, a declarar”. Los senadores aceptaron la sugerencia y el 3 de noviembre de 2014, Ruiz Esparza acudió a una sesión extraordinaria al Senado. Ahí se le hicieron varios cuestionamientos, como si el tren iba a ser subsidiado, precios de los boletos y que las empresas ganadoras del concurso eran cercanas el PRI y al Presidente, entre otras. “El Secretario afirmó que el tren sería autosustentable, así como su funcionamiento; esto es falso, no existe tren rápido en el mundo que no esté subvencionado por sus gobiernos. Respecto al precio, Gerardo Ruiz dijo que sería de 180 pesos, otra mentira, haciendo cuentas basadas en la licitación, no baja de 350 pesos”, señaló Torres Peimbert. La última mentira que declaró Ruiz Esparza, dijo, es que mostró un número irreal de pasajeros entre México y Querétaro, 27 mil pasajeros diarios, cuando no llega ni a siete mil. La senadora por Querétaro indicó que es difícil decir que el tren rápido no iba a beneficiar a los ciudadanos, al contrario, es bueno para cualquier país tener opciones de transportación seguras y rápidas. Sin embargo, continuó, hizo falta un estudio más profundo y formal. Era una obra extremadamente cara cuando hay necesidades muy básicas de los mexicanos y que no están solventadas, como la obesidad, la mala distribución de agua potable y la pobreza, por decir algunos”. Observatorio anticorrupción La licitación del tren rápido sacó a flote un tema preocupante: la corrupción imperante en el Gobierno federal. Para denunciar estas malas acciones de gobierno, el GPPAN en la Cámara alta creó una comisión interna, Observatorio Anticorrupción, cuyo objetivo es dar seguimiento puntual y público a las licitaciones y compras del Gobierno federal, así como estudiar los conflictos de interés que hay en el gobierno de Peña Nieto. Los integrantes de la Comisión son Marcela Torres Peimbert, Ernesto Ruffo Appel, Juan Carlos Romero Hicks, Francisco Búrquez Valenzuela, Víctor Hermosillo y Celada, Laura Rojas Hernández y Maki Ortiz Domínguez. Esta comisión también se encargará de vigilar el trabajo del nuevo Secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, quien, aseguró Torres Peimbert, es alguien muy cercano a Peña Nieto y al PRI, sin autonomía y que nunca va a encontrar un conflicto de interés de su propio jefe. “Peña Nieto se comprometió a apoyar el Sistema Nacional Anticorrupción, pero sólo lo ha diluido, ha postergado lo que senadores del PAN, PRI y PRD aprobaron de manera plural. Esto demuestra que el Presidente de la República no tiene voluntad para abatir la corrupción. El Observatorio Anticorrupción denunciará y trabajará en tanto no exista un Sistema Nacional Anticorrupción independiente”, puntualizó.