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Colombia. ¿Proceso de paz o claudicación?
Marzo 2017
Maricarmen Rizo
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Por Miguel Ángel López Lozano.
Tras cuatro largos años de negociaciones en Cuba, financiados por los hermanos Castro, el pasado 2 de octubre de 2016 se procedió a uno de los referéndums más importantes que recuerde Iberoamérica. Los colombianos estaban llamados a ratificar un acuerdo de paz entre el Gobierno, encabezado por un Juan Manuel Santos obsesionado por recibir el Premio Nobel de la Paz (que finalmente obtuvo), y las FARC, uno de los grupos terroristas más violentos de Iberoamérica, que hizo del narcotráfico su principal fuente de financiación. En sus espaldas cargan con 52 años de terrorismo y miles de asesinatos, secuestros y violaciones de derechos humanos.
El principal opositor del acuerdo fue su antecesor y ex jefe, Álvaro Uribe, quien promovió una campaña internacional para demostrar por qué el pueblo colombiano no podía ceder ante lo que consideraba una claudicación del Estado de Derecho ante unos terroristas.
Entre los puntos más polémicos del acuerdo, podemos citar el “cese al fuego bilateral y definitivo”, que llevaba a la siguiente pregunta, que hizo el ex presidente Uribe en Twitter: “¿Sin las Fuerzas Armadas quién protegerá a los araucanos que siguen siendo extorsionados por FARC?”. Pero no sólo se trataba de defender a los araucanos de la indefensión, sino que bajo el alto al fuego de las Fuerzas Armadas se dejaría vía libre a las FARC en aquellos territorios incontrolables, para que pudieran seguir movilizando su negocio relacionado con el narcotráfico.
El segundo punto controvertible afirmaba que “los guerrilleros que se desmovilicen recibirán el 90 por ciento del salario mínimo por 24 meses”, dejando en evidencia que tanto las víctimas como los colombianos en general terminarían pagando 10 millones a cada terrorista desmovilizado, más un salario mínimo durante dos años. Resulta esperpéntico que los terroristas se encontraran en una situación de protección social de mayor calado que aquellas personas que se encontraran en riesgo de exclusión por motivos de desempleo o analfabetismo, por el único hecho de haber formado parte de un grupo terrorista financiado por el narcotráfico.
En tercer lugar, citaremos uno de los más escandalosos desde el punto de vista del sistema democrático colombiano. “Las FARC tendrán en 2018 10 curules en el Congreso”. Lo que generaría una clara discriminación positiva hacia los terroristas en detrimento de colectivos como los Afros e indígenas que siendo el 30 por ciento de los colombianos, únicamente tienen tres curules en el Congreso; por el contrario, las FARC tendrían acceso a 26 curules. Pero no se trata de discriminación, sino de la legitimación de la violencia mediante su presencia en las instituciones más altas del Estado de Derecho. No nos engañemos, los terroristas de las FARC sustituyeron hace muchos años el idealismo revolucionario comunista por el capitalismo salvaje de uno de los carteles más importantes de la droga.
En cuarto lugar. “Los guerrilleros que reciban la amnistía podrán ser elegibles para cargos públicos”. Estrechamente relacionada con la anterior, supone una afrenta a los partidos legalmente establecidos, generando a su vez una cuestión de especial relevancia. ¿Estos parlamentarios ostentarían inmunidad aparejada a sus curules? Porque si fuera así, estaríamos dándoles doble protección a personas con historias delictivos escandalosos.
En quinto lugar, “se garantizaba a los guerrilleros que pasasen por el Tribunal Especial de Paz y reconociesen su responsabilidad en delitos, que pagarían sus condenas en sitios especiales de reclusión y no en la cárcel”. Una vez más, se trata de una discriminación positiva ante cualquier delincuente de poca monta, vulnerando el principio constitucional de cualquier Estado de Derecho de que todos somos iguales ante la ley.
Por desgracia, nadie es ajeno al síndrome de Estocolmo, ni los mandatarios que pretenden pasar a la historia como los adalides de la paz. No acaban de hacer en la cuenta de que en este tipo de conflictos, no se trata de dos bandos, sino de un único bando represor y otro que sufre la lacra del terrorismo. Algo similar ha ocurrido en los últimos años en España a raíz de los debates acerca del fin de la banda terrorista ETA. Cuando un gobierno trataba de alcanzar un acuerdo de disolución, únicamente el liderado por el ex presidente Aznar supone poner a cada quien en su lugar, remarcando que no existe un conflicto como tal, sino una banda de asesinos que ajusticia inocentes bajo una motivación política.
Pero los colombianos demostraron estar a la altura, no cayeron en el sentimentalismo barato e impidieron que su país quedara a merced de una organización narcoterrorista, que quedaría legitimada para llevar a cabo sus objetivos dentro de la legalidad y con representación parlamentaria. Semejante acuerdo no podía cerrarse a espaldas de todas las sensibilidades, y menos aún, considerando tan altas concesiones. En ocasiones, los dirigentes olvidan que el fin no puede justificar los medios, y por muy lícita que sea la búsqueda de la paz, no puede contemplarse bajo esa premisa. Esperemos que el presidente Santos recapacite a raíz del reciente atentado y no se deje engañar por los cantos de sirena, con la fortaleza que mostró Ulises en la Odisea.
<strong>Miguel Ángel López</strong> <strong>Lozano</strong> es analista político. Twitter: @malopezlozano<br><br>https://revistalanacion.com/noticia/colombia-proceso-de-paz-o-claudicacion/2017-03-17)
