No lo llames narcoestado

Mientras la presidenta Sheinbaum insiste en que “alguien mintió” sobre la captura de “El Mayo” Zambada, un reporte de la DEA habla de una “conexión letal” entre funcionarios mexicanos y el crimen organizado. La narrativa oficial sostiene que Washington utiliza estas acusaciones para debilitar gobiernos incómodos. El problema es que el caso dejó de ser político: Estados Unidos ya no sólo lanza señalamientos, sino que ha presentado cargos penales e investigaciones formales contra funcionarios vinculados a Morena.

Si un Estado es capturado, aunque sea parcialmente, por estructuras criminales, deja de cumplir su función esencial de proteger a la ciudadanía y traslada el costo de esa omisión a los más vulnerables. El problema ya no es un diferendo con Washington, sino la credibilidad y la capacidad misma del Estado mexicano.

Él dijo la verdad, ellos la negaron

Porfirio Muñoz Ledo (1933-2023), quien colocó la banda presidencial a López Obrador en diciembre de 2018 y fue durante décadas una de las figuras más influyentes de la izquierda tradicional mexicana, rompió públicamente con el proyecto de la Cuarta Transformación antes de morir en julio de 2023.

Poco antes de morir fue todavía más explícito al calificar al país como un “narcoestado” y afirmar que López Obrador “lo sabe, sabe lo que yo sé y sabe muchas cosas que yo no sé”.

Debe entender Andrés Manuel López Obrador, continuó, que su contubernio o alianza con el narco no es heredable, porque éstos, como lo han hecho siempre y en todas partes, en todas las plazas políticas, se entienden con el que va a llegar; ya no va a necesitar el narco del presidente.

En esa misma intervención advirtió que 2024 traería “un enfrentamiento muy serio en el país” por la transferencia de esas lealtades entre el saliente y el entrante, una lectura que hoy numerosos analistas conectan con el estallido de violencia en Sinaloa tras la captura de “El Mayo” Zambada en julio de ese año.

Repuesta oficial

• López Obrador: “Corriente y vulgar. Es un asunto de la edad”
• Claudia Sheinbaum: “Falso y vergonzoso”.

Costo político

• No todos los señalamientos pesan igual. Los cargos penales del Departamento de Justicia contra un gobernador y un senador en funciones, así como las sanciones de la OFAC, constituyen actos jurídicos formales con consecuencias legales y financieras concretas; son de una naturaleza distinta a una declaración mediática de la DEA. Confundir ambos niveles debilita el argumento; distinguirlos con rigor lo fortalece.
• La incongruencia del doble estándar radica en que el gobierno exige a Estados Unidos “pruebas contundentes e irrefutables” antes de actuar, pero ese mismo estándar no se aplicó puertas adentro cuando Muñoz Ledo —una voz del propio movimiento, no un adversario externo— formuló acusaciones similares años antes de que fueran corroboradas por autoridades estadunidenses.
• El costo político se produce cuando un gobernador en funciones y un senador del partido Morena enfrentan cargos por narcotráfico: la capacidad del Estado para ejercer autoridad legítima sobre el territorio se erosiona y, con ella, la confianza ciudadana en las instituciones representativas.
• El costo humano y social se actualiza con cada día de tolerancia institucional hacia estas redes. Se traduce en fentanilo que llega a jóvenes mexicanos y estadunidenses; en violencia que desplaza comunidades enteras, como ocurre hoy en Sinaloa; y en recursos públicos y del crimen organizado que terminan financiando, según los propios señalamientos del Departamento del Tesoro, campañas políticas.
• El riesgo para la relación bilateral radica en que la estrategia de desacreditar al mensajero, en lugar de esclarecer los hechos, tensiona la cooperación en materia de seguridad y comercio en un momento crítico de renegociación y en el contexto económico más sensible entre ambos países, con consecuencias directas para la economía mexicana.