Nicaragua: país rehén de una dictadura
El pasado 19 de julio de 2026, durante el evento del 47 aniversario de la Revolución Sandinista, Daniel Ortega pronunció una frase que advirtió un punto de no retorno para la consolidación de su dictadura: “Que se olviden, aquí no volverá a haber elecciones”. Remató su frase con: “Aquí no volverá a haber elecciones para que por ahí intenten ellos atrapar el Gobierno, atrapar el poder”. Esta declaración, hecha ante una multitud de funcionarios estatales, no fue una equivocación, fue la confirmación oficial de que Nicaragua está siendo secuestrado por el matrimonio Ortega-Murillo y que mientras en la región Cuba y Venezuela han estado bajo la lupa de Estados Unidos, los nicaragüenses han visto a su país sumirse en un estado de represión total.
La frase que después intentaron ‘corregir’ puso en evidencia la gravedad del momento, y es que después de casi dos décadas de erosión democrática donde ha habido elecciones cuestionadas, encarcelamiento de opositores, control absoluto de todas las instituciones, Ortega y Murillo decidieron quitarse por completo las máscaras, no habrá elecciones que puedan, ni siquiera teóricamente, amenazar su poder. La promesa de “poner un muro” legal a los “golpistas” y “vendepatrias” pretende llevar a Nicaragua a un modelo de partido hegemónico permanente, similar al de Cuba o Corea del Norte.
Desde 2018, el gobierno ha desmantelado sistemáticamente cualquier espacio de oposición real. En 2021, casi todos los precandidatos presidenciales fueron encarcelados. En 2023, un total de 222 presos políticos entre ellos líderes opositores, estudiantes, periodistas, activistas y religiosos fueron liberados y enviados a Estados Unidos, despojados de su nacionalidad nicaragüense. Cometiendo así, según el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional un crimen de lesa humanidad con dos de los crímenes previstos: la persecución y la deportación ilegitima de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos. Esto se convirtió en una herramienta oficial de represión. Los 222 no fueron un episodio aislado, son el símbolo de una limpieza política: quien disiente y piensa diferente deja de ser ciudadano. Muchos de ellos continúan en el exilio, sin posibilidad de regresar, mientras el régimen sigue confiscando propiedades y extendiendo la lista de “traidores a la patria”.
La libertad de expresión ha sido una de las primeras víctimas. Desde 2018 se han cerrado o confinado al exilio decenas de medios independientes. Confidencial, La Prensa, 100% Noticias y numerosos periodistas digitales operan desde el extranjero bajo amenaza constante. Las redadas, el bloqueo de sitios web, la criminalización de la “difusión de noticias falsas” y el hostigamiento a periodistas han convertido a Nicaragua en uno de los países más hostiles del continente para la prensa, según reportes recurrentes de organizaciones internacionales.
El anuncio de Ortega de que no habrá más elecciones cierra también cualquier incentivo para que el régimen tolere voces críticas. Sin comicios que temer, la necesidad de mantener apariencias desaparece.
Otro punto crítico fue la persecución a la Iglesia Católica históricamente crítica del régimen. Obispos y sacerdotes han sido encarcelados, expulsados o forzados al silencio.
El caso del obispo Rolando Álvarez condenado y luego exiliado se convirtió en símbolo internacional. Procesiones han sido restringidas, propiedades eclesiásticas intervenidas y cualquier crítica desde el púlpito tratada como “conspiración”. Su lucha ha sido tan significativa que, en el Primer Foro América Libre, se le entregó el Premio de Derechos Humanos de la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA). En un país de mayoría católica, el ataque a la libertad religiosa es una violación de derechos individuales y un intento de eliminar uno de los últimos espacios de organización social autónoma que escapa al control total del Estado.
Es por eso que la declaración de Ortega no es un hecho aislado, es la culminación de un proceso que incluye la captura del Poder Judicial y electoral, la desaparición de contrapesos institucionales, el uso de exilio y la desnacionalización como arma, el cierre sistemático de la libertad de expresión y de religión.
Nicaragua ha pasado de ser una democracia deteriorada a un régimen autoritario consolidado que ya no necesita simular legitimidad electoral. El pueblo nicaragüense queda rehén de un poder familiar que se perpetúa sin rendir cuentas. La comunidad internacional ha condenado el anuncio, Estados Unidos, organizaciones de derechos humanos y varios gobiernos de la región, pero las herramientas de presión siguen siendo limitadas. Mientras tanto, cientos de miles de nicaragüenses viven en el exilio y los que permanecen en el país lo hacen bajo un clima de miedo y silencio.
El mensaje de Ortega es claro: el poder no se negocia ni se comparte. En 2026, Nicaragua ya no es sólo un país en crisis democrática. Es un país rehén del autoritarismo.
La consolidación del autoritarismo en Nicaragua no ocurre en el vacío. Ofrece lecciones claras para el resto de América Latina y en particular para México, en donde en los últimos años se han impulsado reformas de gran calado que, sin llegar al extremo nicaragüense, comparten algunos patrones de concentración de poder.
En Nicaragua, Ortega eliminó la competencia electoral, cerró espacios de libertad de expresión y religiosa, y convirtió el exilio forzoso en una herramienta permanente de control. En México, bajo los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum se han producido cambios institucionales profundos: la modificación de casi 106 artículos de la Constitución más algunos transitorios, desde 2018 se han impulsado 63 reformas constitucionales, la desaparición de organismos autónomos clave (INAI, COFECE, IFT, entre otros) y una reforma judicial que establece la elección popular de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte.
Las similitudes más evidentes radican en la velocidad y amplitud de las reformas constitucionales, la reducción de instituciones técnicas independientes y el rediseño del Poder Judicial para alinearlo más estrechamente con la voluntad morenista. No es novedad que este tipo de gobiernos del estilo de Cuba, Nicaragua, Venezuela y México van argumentando que se actúa en nombre del “pueblo” frente a élites o “traidores”.
En el caso de la comparación nicaragüense y mexicana las diferencias siguen siendo sustanciales y no deben minimizarse. México mantiene un sistema multipartidista competitivo, elecciones regulares en las que la oposición gana gobiernos estatales y municipales, una prensa aún activa y polarizada y ninguna declaración oficial de que “no habrá más elecciones”. Tampoco se ha recurrido a la encarcelación masiva de candidatos opositores ni a la desnacionalización sistemática de críticos, pero empieza a haber casos como el del ex gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel.
La experiencia nicaragüense muestra que la erosión democrática suele ser gradual: primero se debilitan los organismos autónomos, luego se remodela el Poder Judicial, después se restringe la crítica y, finalmente, se elimina la competencia real. Hoy Nicaragua es un país rehén de un poder que ya no necesita fingir. México aún no está en ese punto, pero la historia reciente de la región enseña que la distancia entre una democracia imperfecta y un autoritarismo consolidado se acorta cuando se normaliza la concentración de poder y se relativizan los contrapesos. Mantener esas alertas encendidas no es alarmismo: es la única forma de evitar que lo que hoy parece lejano se convierta, paso a paso, en irreversible.