El Salvador: el peligro de la reelección presidencial indefinida

El 31 de julio de 2025, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó “al vapor” un Acuerdo de Reforma Constitucional con una votación de 57 Legisladores a favor y 3 en contra. Esta reforma elimina la prohibición de la reelección presidencial, suprime la pérdida de la ciudadanía a quienes promuevan la reelección y extiende el periodo presidencial a seis años a partir del próximo mandato. Además, elimina la segunda vuelta electoral, incluso si no se obtiene la mayoría absoluta de votos en la primera vuelta y adelanta el fin del actual periodo presidencial al 1 de junio de 2027, con la finalidad de unificar las elecciones presidenciales, legislativas y municipales.

Con una votación mayoritaria del Partido Nuevas Ideas, liderado por el presidente Nayib Bukele, y sin seguir un debido proceso legislativo ni realizar una consulta ciudadana, se ha establecido un grave precedente que vulnera los principios democráticos de El Salvador. Lo que vimos no es un asunto menor, ya que en las democracias las formas son fundamentales. En este caso, se ha evidenciado un proceder autoritario, sin diálogo, debate, ni deliberación plural.

Desde su llegada al poder en 2019 y su reelección en febrero de 2024 con un amplio margen, Nayib Bukele, cuyo partido Nuevas Ideas obtuvo la mayoría absoluta, ha gozado de un fuerte apoyo popular gracias a su política de seguridad de “mano dura” contra la delincuencia iniciada en marzo de 2022. Bukele impulsó una de las ofensivas de seguridad más severas en El Salvador, dirigida a debilitar a las tres principales pandillas del país: la Mara Salvatrucha (MS-13), el Barrio 18 Revolucionarios (18R) y el Barrio Sureños (18S).

Ante el aumento de la violencia de las pandillas, a solicitud del presidente Bukele, la Asamblea Legislativa aprobó un régimen de excepción de un mes, suspendiendo derechos constitucionales y flexibilizando las normas para realizar arrestos. Esto resultó en la detención de más de 77 mil personas vinculadas al crimen organizado, equivalente a más del 1 por ciento de los 6.3 millones de habitantes del país. Durante este periodo se inauguró el “Centro de Confinamiento del Terrorismo”, una megacárcel de 23 hectáreas que cuenta con ocho módulos, pabellones de confinamiento de reos, sistema de videovigilancia, control de acceso con escáner corporal y de paquetes, cerco eléctrico de 2.1 kilómetros de longitud, celdas de castigo y 19 torres de vigilancia.

El régimen de excepción generó opiniones divididas. Por un lado, organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación denunciaron detenciones arbitrarias basadas en pruebas insuficientes o inexistentes, así como la falta de garantías procesales como por ejemplo el acceso a una defensa adecuada. Por otro lado, se registró una reducción histórica de la violencia en comunidades afectadas por las pandillas.

Con este logro como principal argumento, Bukele ha justificado una Reforma Constitucional, afirmando que el “90 por ciento de los países desarrollados permiten la reelección indefinida de su Jefe de Gobierno, y nadie se inmuta”. Y es aquí donde entra la comparación con países de la región, por ejemplo, el 10 de noviembre de 2019, Claudia Sheinbaum, entonces Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, citó en un tuit: “Angela Merkel tiene 14 años en el poder, pero como es Alemania nadie dice nada. Evo Morales tiene 13 años en la presidencia por decisión soberana de su pueblo, pero como es un país en vías de desarrollo lo acusan de ‘dictador’. El conservadurismo y su doble rasero”.

Bukele incurre en un error al insinuar que las diferencias entre los sistemas parlamentarios de países desarrollados y los presidenciales de América Latina son diferentes sólo por un “tecnicismo” o como un “pretexto”.

La diferencia principal entre los sistemas parlamentarios y los presidenciales radica en su estructura. En los sistemas parlamentarios, el pueblo elige al parlamento, que a su vez selecciona al primer ministro o presidente de gobierno y a los miembros del gabinete, generalmente de entre los parlamentarios. Además, el parlamento puede destituir al gobierno mediante un voto de censura o una moción de confianza. En los sistemas presidenciales, en cambio, hay elecciones separadas e independientes, la del parlamento por un lado y la del presidente por otro, y cada uno tiene un periodo establecido.

Bukele está incurriendo en graves y preocupantes prácticas que debilitan el Estado de derecho, la institucionalidad y los valores democráticos. Con estas acciones se suma a dictadores como Daniel Ortega en Nicaragua, Rafael Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia y Hugo Chávez en Venezuela.

Consolidarse en el poder de esta manera sólo debilita y provoca retrocesos democráticos, incluso la Corte Interamericana señaló que la habilitación de la reelección presidencial indefinida es contraria a los principios de una democracia representativa y, por lo tanto, a las obligaciones establecidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

En toda democracia se debe de asegurar el pluralismo político, la alternancia en el poder y la garantía del sistema de contrapesos que legitima la separación de poderes. Hoy, El Salvador es de los países con menos violencia en el mundo, pero también uno de los menos democráticos.