Humanismo y bien común frente al cáncer infantil

Hablar de cáncer en la infancia y la adolescencia es hablar de una de las expresiones más dolorosas de la desigualdad social. En México cada diagnóstico de cáncer en una niña, niño o adolescente no sólo representa un reto médico, es también una prueba para el Estado y para nuestra capacidad colectiva de garantizar derechos fundamentales. Cuando un tratamiento se retrasa, cuando un medicamento no llega, o cuando una familia debe endeudarse para salvar la vida de su hija o hijo, estamos frente a una falla estructural que no puede ni debe normalizarse.

Durante años, la atención del cáncer infantil ha estado marcada por una brecha inaceptable entre el diagnóstico oportuno y el acceso efectivo al tratamiento. Detectar a tiempo salva vidas únicamente cuando ese diagnóstico se acompaña de medicamentos, terapias y atención integral sin interrupciones. De lo contrario, el derecho a la salud se convierte en una promesa vacía que afecta directamente la esperanza de vida de niñas, niños y adolescentes.

En este contexto, diversas iniciativas legislativas presentadas por integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional han colocado este tema en el centro del debate público, construyendo un andamiaje jurídico coherente que parte de una convicción común: la niñez con cáncer no puede quedar sujeta a la improvisación ni al capricho político presupuestal.

Destaca la iniciativa “Que adiciona el artículo 7o. de la Ley General para la Detección oportuna del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia, a fin de establecer que las niñas, niños y adolescentes puedan acceder de manera oportuna a medicamentos o tratamientos oncológicos”, presentada por la diputada Tania Palacios Kuri, un objetivo claro: que el diagnóstico oportuno se traduzca en acceso real, continuo y suficiente a tratamientos que salvan vidas.

Asimismo, el diputado David Alejandro Cortés Mendoza presentó la iniciativa “Que reforma el párrafo onceavo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que el Estado reconozca y garantice a las niñas, niños y adolescentes que padezcan cáncer, el derecho a la gratuidad en las instituciones de salud pública”. Esta propuesta eleva a rango constitucional la gratuidad de tratamientos, hospitalización y medicamentos, eliminando cualquier margen de discrecionalidad administrativa.

A estas propuestas se suma la iniciativa “Que reforma diversas disposiciones de la Ley General para la Detección Oportuna del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia, en materia de tratamientos oncológicos”, presentada por la diputada Carmen Rocío González Alonso, orientada a asegurar la continuidad terapéutica y una mejor coordinación institucional entre autoridades federales y estatales.

De igual forma, el Proyecto de Decreto número 362, presentado por la diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, adiciona disposiciones a la Ley General de Salud para incorporar apoyos económicos y en especie a las personas que acompañan y cuidan a pacientes con cáncer, garantizando transporte, alojamiento, alimentación y atención psicosocial, priorizando a familias de escasos recursos.

Estas iniciativas configuran una ruta clara: diagnóstico oportuno, tratamiento garantizado, gratuidad plena y acompañamiento digno. Sin embargo, permanece una dimensión esencial: quien cuida también necesita ser cuidado, protegido y reconocido por el Estado.

En este contexto, en breve, plantearé una iniciativa denominada “Norman”[1], orientada a reconocer el derecho al cuidado como un derecho humano, proteger a las personas cuidadoras y garantizar su autocuidado, formación, descanso y seguridad social. No hay cuidado digno si quien cuida permanece invisible o desprotegido frente a cargas físicas, emocionales y económicas.

Este esfuerzo debe extenderse a la Cámara de Diputados, al Senado de la República y a los 32 congresos locales, a fin de legislar con perspectiva de niñez y adolescencia como criterio transversal, obligatorio y permanente en toda política pública.

Desde el humanismo político que inspira al Partido Acción Nacional sostenemos que el bien común se construye cuando se protege primero a quienes más lo necesitan. Cuidar a la niñez, garantizar tratamientos dignos y proteger a quien cuida no es un favor, es una obligación ética del Estado y una expresión concreta de la dignidad humana, base de una sociedad verdaderamente justa.

Elizabeth Martínez Álvarez es presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia en la Cámara de Diputados. X: @SoyLizMartinezA

[1] Denominada así en referencia a un joven llamado Norman, conocido en la entidad mexicana de Aguascalientes por haberse privado de la vida a consecuencia de una condición psiquiátrica, y con ello se hace alusión a todo el personal de enfermería y cuidadores que lucharon incansablemente por brindarle ayuda.