Por Jorge Ramos Hernández.
El reto de la seguridad pública en el país es uno de los principales desafíos que tiene el Estado mexicano y el mayor reclamo de la gran mayoría de los ciudadanos. Se convirtió ya en un tema de gobernabilidad.
Es un hecho que la delincuencia ha rebasado por mucho a las autoridades de los tres órdenes de gobierno en la inmensa mayoría de los estados y municipios del país.
Ante esto, el Gobierno federal ha propuesto la creación de un mando único estatal y nacional que asuma el control operativo de la fuerza policial, que incluye a aquéllas que actualmente están en manos de los gobiernos municipales.
Esta propuesta obliga a realizar varias reflexiones de fondo, las cuales son necesarias para que no se registre un atropello más de la autonomía municipal. Además de evitar que una vez más la ocurrencia y la improvisación nos prive de soluciones sostenibles, sustentables y perdurables.
El riesgo mayor es despojar de las funciones fundamentales a los gobiernos municipales, que además le son exclusivas; funciones que por la cercanía con la vida de los ciudadanos ningún otro orden de gobierno puede asumir sin atentar contra el orden natural de la convivencia social que le es propio a los ayuntamientos.
Para que un gobierno pueda funcionar como tal, debe tener la capacidad constitucional, legal y efectiva de imponer a la sociedad (mediante mecanismos democráticos) por lo menos tres medidas en favor del bien común:
- El establecimiento de normas de convivencia
- El cobro de contribuciones (que no es materia)
- El aseguramiento del orden público
En el caso de los gobiernos municipales, la primera se ejerce eficazmente a través de bandos y reglamentos municipales, y la tercera está en riesgo con la propuesta del mando único que propone eliminar las policías municipales. El orden público sólo se puede garantizar en la sociedad cuando ésta sabe que se puede obligar a respetar ordenamientos municipales con el uso de la fuerza pública, que actualmente está representada en las policías municipales.
Imaginemos un gobierno municipal con capacidad de aprobar reglamentos y bandos, pero sin la capacidad de hacerlos valer al no contar con el mando directo de la fuerza pública. Simplemente, en este caso el gobierno dejaría de serlo.
Las policías municipales no sólo actúan en la perspectiva del combate a la delincuencia, ya sea común u organizada, también actúan en la prevención del delito a través de la aplicación de infracciones y faltas administrativas, principalmente a los infractores de bandos municipales donde se garantiza la paz pública en los ayuntamientos.
Por otra parte, es innegable la franca incapacidad en la que se encuentran algunos municipios del país para brindar la mínima seguridad en sus ayuntamientos. Ante esta realidad, contamos con la posibilidad de que los gobiernos municipales soliciten (Art. 115 Constitucional) la intervención subsidiaria y transitoria del Gobierno estatal y federal.
Subrayo transitorias porque debe restituirse la función en cuanto se restablezcan las capacidades institucionales o se logren condiciones de normalidad operables para los municipios.
Si los ayuntamientos no pueden responder a la comunidad local para hacer valer las reglas de convivencia, serían instancias inútiles que no justificarían elecciones para determinar representantes, estarían en condiciones de agencias administrativas y regresaríamos 500 años de diseño constitucional de la célula democrática más importante, la única legítima para que los vecinos se puedan dar a sí mismos el orden que requieren.
Éstas y otras consideraciones de carácter operativo y de coordinación institucional, deben ser abordadas con detenimiento y gran responsabilidad.
Jorge Ramos Hernández es diputado federal por el estado de Baja California en la LXIII Legislatura.
Por Jorge Ramos Hernández.
El reto de la seguridad pública en el país es uno de los principales desafíos que tiene el Estado mexicano y el mayor reclamo de la gran mayoría de los ciudadanos. Se convirtió ya en un tema de gobernabilidad.
Es un hecho que la delincuencia ha rebasado por mucho a las autoridades de los tres órdenes de gobierno en la inmensa mayoría de los estados y municipios del país.
Ante esto, el Gobierno federal ha propuesto la creación de un mando único estatal y nacional que asuma el control operativo de la fuerza policial, que incluye a aquéllas que actualmente están en manos de los gobiernos municipales.
Esta propuesta obliga a realizar varias reflexiones de fondo, las cuales son necesarias para que no se registre un atropello más de la autonomía municipal. Además de evitar que una vez más la ocurrencia y la improvisación nos prive de soluciones sostenibles, sustentables y perdurables.
El riesgo mayor es despojar de las funciones fundamentales a los gobiernos municipales, que además le son exclusivas; funciones que por la cercanía con la vida de los ciudadanos ningún otro orden de gobierno puede asumir sin atentar contra el orden natural de la convivencia social que le es propio a los ayuntamientos.
Para que un gobierno pueda funcionar como tal, debe tener la capacidad constitucional, legal y efectiva de imponer a la sociedad (mediante mecanismos democráticos) por lo menos tres medidas en favor del bien común: