Los retos de la seguridad a dos años de gobierno

Cristián Castaño Contreras. Este primero de diciembre, el Presidente de la República ha presentado ante el Congreso de la Unión su segundo informe de gobierno exponiendo el estado que guarda la administración pública federal. En lo que respecta a los resultados que la política del gobierno actual ha tenido en materia de seguridad no es fácil hacer un justo y equilibrado balance en medio del escándalo y el ruido mediático. Esto en virtud de que las condiciones de seguridad que prevalecen en el país son resultado de diversas variables que se han gestado y consolidado en los últimos lustros, y que también por otro lado, el gobierno decidió posponer y ocultar menospreciando su relevancia estratégica. El país se ha cimbrado con los acontecimientos de Guerrero y la avanzada de grupos extremistas para desestabilizar la gobernabilidad en diversas regiones del país. Pareciera que los objetivos del crimen organizado convergieran con los propósitos de grupos armados y organizaciones rupturistas, en donde aprovechan sus métodos de lucha para generar incertidumbre en la sociedad, consolidar una percepción de ingobernabilidad, debilitando paso a paso la institucionalidad y a su vez poniendo en grave riesgo el respeto a los derechos fundamentales ante la reacción muchas veces improvisada de un gobierno que no estaba preparado para esta realidad. Respecto a la gestión de la autoridad federal habría que señalar que en los primeros meses del gobierno del presidente Peña Nieto, la comunicación social relacionada con la violencia se administró haciendo énfasis en la prevención y en el desarrollo de inteligencia por parte del Estado, menospreciando muchas veces el avance y control de territorios y poblaciones completas por parte de las organizaciones criminales. Se evitó hacer propaganda de los propios criminales y se fueron adoptando terminologías y elementos conceptuales, inhibiendo los mensajes de terror que los criminales habían adoptado como táctica para amedrentar a la sociedad y pretendiendo someter a la autoridad legítimamente constituida. Asimismo, se integraron marcos generales de política como lo es el Eje Primero del Plan Nacional de Desarrollo denominado “México en Paz” y del cual se derivan los Programas Sectoriales de las instituciones integradas en el Gabinete de Seguridad, así como el Programa para la Seguridad Nacional que se ha perfilado como una plataforma programática de avanzada, al conceptualizar a la Seguridad Nacional con una visión multidimensional y ha trascendido a la tentación de abordar a la Seguridad Nacional como una política de la fuerza e implementada únicamente por los órganos represivos de la autoridad. Entre los claroscuros y deficiencias en la gestión pública de la seguridad, habría que señalar que la intención de este gobierno de contener la violencia en el país, gestionando como estrategia fundamental la comunicación pública y administrando los mensajes gubernamentales, no pudo contener una realidad forjada a través de los años y que hoy asombrados, nos hemos dado cuenta de la forma en que los elementos de descomposición que han generado la violencia en el país, han a su vez penetrado instituciones sensibles del Estado mexicano, dejando en estado de putrefacción parte de los cimientos que le pueden dar viabilidad a una nación como la nuestra hacia el futuro. Han sido componentes de índole social, cultural, económicos y políticos, así como la gran influencia que la globalización del crimen y lo ilícito han tenido en diversas regiones del mundo, lo que nos tiene en nuestro actual estado de las cosas. Entre los antagonismos fundamentales que han erosionado nuestras instituciones se pueden vislumbrar claramente a la corrupción y la impunidad, que hoy nos deja con un saldo de solo 2 por ciento de los delitos que se cometen, perseguidos y sancionados conforme a la ley; la gran penetración histórica y cultural en todos los estratos sociales de símbolos y modelos aspiracionales vinculados al crimen y el narcotráfico; los grandes negocios y el crecimiento que generan los recursos de procedencia ilícita y que, como ha sido demostrado a nivel global, seduce hasta las más poderosas instituciones financieras, en tanto que “bussines are bussines”. Una deslegitimización de las instituciones políticas y el descuido de los propios partidos políticos que por ambición u omisión simplemente han dejado que sus filas se infiltren por empresarios criminales o criminales empresarios como nos evidenció Iguala. Pero Iguala, sólo es la punta del iceberg; el precedente con el que se ha juzgado al PRD por este caso debe cimbrar las conciencias de los dirigentes de todos los partidos, pues la infiltración del crimen se puede corroborar en los tres principales partidos políticos. Las 10 propuestas que el Presidente de la República ha hecho para enfrentar la crisis de seguridad que vive México darán mucho de qué hablar todavía en el Congreso como en la sociedad civil, respecto a la probable improvisación “para salir del paso” ante una crisis grave de credibilidad que se ha generado hacia el Gobierno de la República. Programas existen, el gran problema es que las decisiones de política pública en materia de seguridad no se encuentran en ninguno de los programas mencionados. Ni la designación de un gobernador inconstitucional en Michoacán, ni el aumento de las operaciones militares que tanto se le señalaron y sentenciaron a Calderón y que hoy aunque con más  sigilo se han incrementado en gran parte del territorio nacional, teniendo a casi 40 mil efectivos del personal militar patrullando calles sin certidumbre jurídica para ellos ni sus instituciones y sin haberse adiestrado para ser policías municipales. Con decisiones erráticas en Guerrero y Tamaulipas, todo esto son sólo algunos ejemplos del extravío que existe en la materia y que ante la urgencia de la coyuntura seguirá sumiendo a nuestra sociedad en el flagelo del miedo y la irresponsabilidad gubernamental ante dosis cada vez mayores de puro “reactivismo”. Irónicamente, algunas de las iniciativas que se han anunciado por el Presidente de la República fueron presentadas años atrás y desechadas en el contexto de la animosidad política del desencuentro y la polarización en la que el PRI desperdició la gran oportunidad de dejar los cimientos para una política de Estado en materia de Seguridad Pública y de Seguridad Nacional. Lo imprescindible ahora y ante el debate que se gestará en este contexto, será que en los próximos meses trascendamos de los “qués” a los “cómos”, “cuándos”, “quiénes”, y sobre todo esperando que se consoliden pilares institucionales que no sólo vean hacia la próxima elección sino que sean visión y salvaguarda de la próxima generación, lo que nos aportará certidumbre sobre una política nacional que preserve la paz y las garantías de los ciudadanos. Esperemos que como nación adoptemos decisiones de largo plazo y también se conviertan dichos cambios, reformas y políticas en transformaciones estructurales en beneficio de nuestro país hacia el futuro.   Cristián Castaño Contreras es Especialista en Seguridad Nacional. Twitter: @Cris_CastanoC