La seguridad en la Ciudad de México: los riesgos de la autocomplacencia

Por Olivia Garza de los Santos. A pesar del soslayo intencional en el que incurren las autoridades del Gobierno del Distrito Federal, la inseguridad en la metrópoli sigue siendo el principal problema para quienes aquí habitamos. De acuerdo a la Encuesta Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2014 del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, la falta de seguridad pública representa la principal preocupación para el 69.2 por ciento de la población, muy por encima del desempleo (38.9) y el aumento de precios (33.9) . Lo anterior significa que aunque en la capital de la República los gobernantes apliquen la política del avestruz, los ciudadanos vivimos, padecemos, experimentamos y nos expresamos respecto de una realidad adversa y amenazante sobre nuestra integridad física y patrimonial. Dentro de los delitos que mayor impacto tienen en nuestra urbe se encuentran el robo o asalto en la calle o en el transporte público (con una tasa del 41.0 por ciento), la extorsión (18.1) y el robo total o parcial de vehículo (12.3). Derivado de la mencionada encuesta se estima que la cifra negra -delitos no denunciados- es del 10.1 por ciento, de los cuales el 66.9 por ciento llegaron a inicio de averiguación previa en el Ministerio Público. Si dichas cifras se conjugan con la baja eficacia de la Procuraduría General de Justicia para judicializar exitosamente los casos que llegan a su conocimiento, no será difícil entender la razón por la que la población en general alberga temores serios en esta materia. La percepción de inseguridad reportada por los capitalinos asciende al 77.6 por ciento. A nivel nacional, el promedio percibido de inseguridad es de 73.3, lo cual ubica a la capital con un índice mayor al nacional, no obstante de que se presuman indicadores en otro sentido: en el Distrito Federal se vive una sensación de inseguridad superior al de otros estados de la República. Dicho sentimiento de desvalimiento se combina con un nivel muy bajo de la confianza de los capitalinos respecto de sus autoridades. En este sentido, el nivel de percepción sobre la confianza que la sociedad manifiesta respecto de autoridades es la siguiente: Marina (81.9), Ejército (80.7), Policía Federal (46.8), Procuraduría General de la República (38.8), Policía Estatal (33.1), Jueces (32.1), Policía de Tránsito (26.6), Ministerio Público y Procuraduría (23.3), y Policía Ministerial o Judicial (22.5 por ciento). El anterior indicador nos muestra que precisamente las autoridades que son más cercanas a la ciudadanía para resolver los problemas derivados de la criminalidad son aquellas que gozan de los menores niveles de confianza. Desafortunadamente, en el terreno de los hechos nada se ha realizado a efecto de revertir dicha situación. No obstante de que en los últimos años se han venido realizando cambios estructurales en todo el sistema de justicia, lo que hemos observado de parte de nuestras autoridades es un desdén y una frialdad respecto de muchas situaciones dramáticas que se viven cotidianamente. La supuesta estabilidad en materia de seguridad en la capital es producto de que por razones históricas, el Distrito Federal, es la entidad federativa con la mayor densidad policiaca del país (un elemento por cada 112 personas), así como una infraestructura urbana –casetas de vigilancia, videocámaras, cuarteles, oficinas del ministerio público, edificios de gobierno- que debería corresponder a mayores índices de seguridad y de percepción, así como de confianza ciudadana. Lejos de actuar en consecuencia, las autoridades han optado por el expediente sencillo de la desecuritización, es decir, de estructurar un discurso que elimine al tema dentro del catálogo de acciones prioritarias de la agenda pública. Un ejemplo de la desconexión de la realidad en la que ha incurrido el poder público es el abandono de las políticas criminales para prevenir y combatir a la delincuencia organizada. Enarbolando el desconcertante mensaje de que si bien en la Ciudad las autoridades federales han detenido a capos importantes de la delincuencia organizada, estos criminales no trabajan en el Distrito Federal, los voceros del gobierno quieren disimular la peligrosa realidad de que la Ciudad es centro operativo y financiero de grupos provenientes de toda la geografía nacional. Mientras ello ocurre, el ciudadano indefenso es testigo del dinamismo y cambios en el fenómeno criminal urbano: Se consolida el narcomenudeo, emerge el delito de extorsión como cobro de piso en varias delegaciones, grupos criminales se arrogan el control territorial de barrios y colonias, se generan disputas de baja intensidad con ejecuciones incluidas, lugares que antes eran ejemplos de paz y seguridad como la zona del Ajusco hoy son refugios para bandas de talamontes, narcomenudistas, secuestradores… y bandas que se aprovechan de la accidentada orografía del sur de la ciudad para abandonar cadáveres. La situación antes descrita implica riesgos muy importantes para todos. El estatus de confort en el que se quiere ubicar la autoridad puede desencadenar consecuencias que pueden llegar a comprometer, en el mediano y largo plazos, la ya de por sí muy endeble situación de la ciudadanía ante una criminalidad que vive al acecho de todos. http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/regulares/envipe/envipe2014/default.aspx